Buenos Aires — Las principales cámaras empresariales de Argentina manifestaron este lunes el rechazo a la suma fija que el Gobierno argentino anunció este domingo. En el caso del sector privado, la medida dispone el pago de $60.000 en dos cuotas mensuales para trabajadores con salarios netos de hasta $400.000. Según confirmó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, este beneficio será percibido por 5,5 millones de personas.
Además, el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta del 100% de las contribuciones cuando se trate de microempresas y del 50% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Tras el anuncio, diversas cámaras empresariales manifestaron su rechazo. Una de ellas fue la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La institución manifestó su “profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional”.
Según la cámara que preside Mario Grinman, “las negociaciones paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector”.
El rechazo fue compartido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A través de un comunicado, advirtió que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
Al igual que la CAC, CAME afirmó que “el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”.
Una fuente de la Unión Industrial Argentina (UIA) agregó que cualquier medida de recomposición salarial debe ser a través de las paritarias, dado que este tipo de decretos distorsionan las negociaciones colectivas.
