Bloomberg — Los inversores que ganaron una sentencia de US$16.000 millones contra Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF SA hace más de una década están abiertos a recibir el pago en bonos en lugar de efectivo, según fuentes con conocimiento directo.
Burford Capital, un financiador de litigios que es la principal parte interesada en el caso, aceptaría bonos soberanos u otros valores negociables, dadas las agotadas reservas extranjeras del banco central argentino, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son de carácter privado. La firma adquirió los derechos de la demanda en 2015 por US$16,6 millones de antiguos accionistas de YPF y podría ganar al menos US$6.200 millones si se paga la sentencia completa.
La flexibilización de la postura del fondo sobre el reembolso podría ser una rama de olivo en una disputa que ha enturbiado los intentos de Argentina de salir de décadas de debacles financieras. Las conversaciones entre los representantes de Burford y los funcionarios del gobierno no han llegado a buen puerto a pesar de las reuniones que se han celebrado en las últimas semanas, según indicaron las fuentes. La falta de avances significativos bajo la presidencia de Javier Milei, que asumió el cargo en diciembre pasado, se produce más de un año después de que una jueza federal estadounidense fallara a favor de Burford.
El Ministerio de Economía de Argentina y el principal vocero de Milei no respondieron a las solicitudes de comentarios. Milei comentó hace varios meses sobre la posibilidad de vender un “bono perpetuo” para pagar el caso YPF, pero no surgió ninguna estrategia concreta. El banco central tiene más pasivos que activos, un impedimento para los pagos en efectivo conocido como reservas netas negativas.
El entusiasmo de Wall Street por los bonos argentinos en dólares ha aumentado gracias a las estrictas medidas de austeridad implementadas por Milei y a la aprobación de reformas favorables a las empresas en el Congreso. Los bonos soberanos, que hace un año estaban en territorio distressed, actualmente tienen el mejor desempeño de los mercados emergentes en lo que va de 2024.
Pero el historial de Argentina de incumplir el pago de su deuda soberana daría una nota de ironía al hecho de que Burford los recibiera como pago. El caso de YPF es comparado frecuentemente al de Elliott Management, de Paul Singer, que demandó al gobierno argentino por el default de 2001 y libró una batalla judicial de 15 años para cobrar la deuda soberana que poseía. Argentina llegó en 2016 a un acuerdo de US$4.700 millones con Singer y otros inversores.
La disputa se produce en el contexto de otra grave recesión en Argentina, marcada por una inflación del 200% y el intento de Milei de apuntalar la reputación del país en el extranjero. Además del caso YPF, el libertario debe gestionar un programa de US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, así como un caso de US$1.500 millones en el Reino Unido y los pagos a los actuales tenedores de bonos del país que vencen en enero.
La demanda ante los tribunales estadounidenses tiene su origen en la confiscación de YPF por parte de Argentina en 2012. La juez de distrito estadounidense Loretta Preska dictaminó en 2023 que la nacionalización de YPF violaba los estatutos de la empresa, que exigían a la petrolera realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas.
Argentina apeló la sentencia de cobro de Preska, pero no presentó garantías durante la apelación. Eso llevó a Preska a dictaminar en enero que la sentencia —la más grande jamás dictada por el tribunal federal de Manhattan— estaba sujeta a cobro inmediato, antes de que se resolviera la apelación.
El último giro en el caso se produjo el miércoles, cuando Estados Unidos envió a Preska una carta en la que le pedía que no permitiera que Burford y otros embargaran las acciones de YPF que cotizan en el mercado estadounidense. El Departamento de Justicia dijo que permitir que un litigante privado embargue activos extranjeros en suelo estadounidense plantea riesgos para los intereses de la política exterior de EE.UU. y la reciprocidad en el extranjero.
Hay mucho en juego para Argentina, no solo en este caso, sino también como prueba de fuego en el intento de Milei de atraer inversión extranjera. Las nuevas reformas del presidente destinadas a fomentar la llegada de capitales extranjeros al país permiten específicamente a las empresas resolver posibles disputas legales fuera de Argentina.
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