Buenos Aires — El agente de compensación y liquidación (ALyC) Max Capital realizó un pago voluntario al Ministerio de Economía de más de AR$12.000 millones —la cifra exacta es ARS$12.461.210.866— para compensar una liquidación que había sido observada por la Secretaría de Finanzas. Este pago fue aceptado por las autoridades, que dieron por finalizado el expediente.
El importe pagado está compuesto por ARS$10.034.693.629 en concepto de capital y ARS$2.426.517.257 en concepto de actualización, para el cual se aplicó la tasa oficial del Banco Central de la República Argentina.
VER MÁS: Exclusiva: A qué apunta el Gobierno argentino en un nuevo acuerdo con el FMI
La observación dio origen al pago
Para encontrar el origen de este pago hay que remitirse al 8 de marzo de 2024, día en que el Ministerio de Economía llevó a cabo un canje de bonos elegibles en pesos del cual participaron distintas firmas de mercado.
“En la operación de canje del 8 de Marzo, Max Capital ofreció entregar bonos como todos los oferentes. Al momento de la liquidación no lo hizo, eligiendo pagar un monto en efectivo que resultaba inferior al monto equivalente de bonos que hubiera aportado en la liquidación”, detalló a Bloomberg Línea el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
El funcionario explicó que ante la objeción de la Secretaría de Finanzas, Max Capital ofreció voluntariamente realizar el pago por esta diferencia, actualizada por la tasa de política monetaria del BCRA por un total de ARS$12.461.210.886.
Max Capital explicó también que, dada la objeción del Ministerio de Economía, y basándose en el principio de tratamiento igualitario que el Estado nacional pretende, se llevó a cabo la propuesta por el monto equivalente entre los valores en efectivo bajo los parámetros del canje y el integrado por Max Capital en la fecha de liquidación del canje.
Por otro lado, el bróker indicó que la operación estuvo bien encuadrada desde el principio y que se resolvió en buenos términos. Asimismo, un comunicado de la compañía destacó: “Desde Max Capital comprendemos el esfuerzo que está realizando el Estado Nacional en pos de ordenar las cuentas públicas y, en ese marco, consideramos lógico y razonable tomar esta decisión que beneficia al erario público y no implica ningún impacto financiero para la empresa”.