Buenos Aires — El Gobierno argentino le comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse al grupo de países que habían solicitado una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela durante el Gobierno de Nicolás Maduro. La decisión supone un cambio de la posición de la República Argentina luego de haberse retirado en 2021 de la remisión efectuada en 2018.
“Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela”, informó la cancillería argentina a través de un comunicado.
“La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, agregó.
La decisión del Gobierno de Javier Milei llega después de un nuevo cruce de acusaciones y descalificaciones con Maduro. Se da, además, apenas unos días antes de la elección presidencial que se llevará a cabo en Venezuela.
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Situación en Venezuela: Argentina vuelve a la Corte Penal Internacional
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 19, 2024
En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de… pic.twitter.com/OMCT6xlqxQ
La investigación
En septiembre de 2018, la Corte Penal Internacional había recibido una remisión de un grupo de Estados Parte en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Entre dichos Estados se encontraban la República Argentina, además de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
De conformidad con el artículo 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), los Estados remitentes le habían solicitado al Fiscal que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela.
En 2020, la Fiscalía concluyó que existía una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017.
Pese a ello, al año siguiente el Gobierno de Alberto Fernández determinó que la República Argentina se retirara de dicha remisión, decisión revocada ahora por el Gobierno de Milei.
