Bloomberg Línea — Argentina denunció este martes 2 de enero ante la Corte Penal Internacional (CPI) la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, ocurrida el pasado 8 de diciembre, calificándola como una “desaparición forzada”.
“Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso”, dice un comunicado de la Cancillería argentina.
El mencionado fiscal es un aliado judicial del Gobierno de Nicolás Maduro.
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Según el Gobierno argentino, este hecho constituye una “violación grave y flagrante de los derechos humanos”, y evidencia “un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” que se están cometiendo en Venezuela, los cuales, advierte Cancillería, se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI.
“El Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional”, finaliza el comunicado argentino.
El caso Gallo
El caso de Nahuel Gallo, un gendarme argentino de 33 años, ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por las autoridades venezolanas cuando intentaba ingresar al país desde Colombia, supuestamente para visitar a su esposa venezolana y a su hija.
- La visión de Venezuela: El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, acusó a Gallo de estar involucrado en “acciones terroristas” y de ingresar al país con planes desestabilizadores, alegando que ocultó su verdadera identidad y misión. El Gobierno venezolano sostiene que Gallo formaba parte de una conspiración apoyada por grupos internacionales de extrema derecha, vinculando al gobierno argentino en estos supuestos planes subversivos.
- Postura de Argentina: El Gobierno argentino ha rechazado las acusaciones venezolanas, calificando la detención de Gallo como “arbitraria e injustificada”. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, exigió la liberación inmediata de Gallo, describiendo su detención como un “secuestro” y advirtiendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre las consecuencias de retener al gendarme. Además, Argentina ha denunciado el caso ante la Corte Penal Internacional, considerándolo una “violación grave y flagrante de los derechos humanos” y parte de un “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” perpetrado por el gobierno venezolano.
Este incidente se produce en un contexto de relaciones ya deterioradas entre ambos países, especialmente después de que Argentina se negara a reconocer la reelección de Maduro y de la expulsión de diplomáticos argentinos de Venezuela. Además, la situación se ha agravado con el asedio a la Embajada argentina en Caracas, donde varios dirigentes opositores venezolanos se encuentran refugiados desde marzo de 2024.
