Bloomberg Línea — Al menos tres países de América Latina figuran entre las 30 economías con mayor deuda pública del mundo, en un contexto en el que la brecha entre los países de la región se amplía y refleja una creciente divergencia en su situación fiscal.
En la región, Bolivia, Brasil y Surinam figuran entre las 30 economías con mayor deuda pública del mundo en relación al PIB, según una revisión de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), elaborada por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) y compartida a Bloomberg Línea.
En el mundo, los 10 países con mayor deuda pública con relación al PIB son:
- 1. Japón: 204,4%
- 2. Singapur: 171,9%
- 3. Sudán: 169,1%
- 4. Baréin: 152,4%
- 5. Italia: 138,4%
- 6. Grecia: 136,9%
- 7. Senegal: 132,3%
- 8. Maldivas: 129,4%
- 9. Estados Unidos: 125,8%
- 10. Ucrania: 122,6%
Bolivia presenta el cuadro más delicado en América Latina porque combina una deuda que ya supera el tamaño de su economía, déficits fiscales de dos dígitos, escasez de divisas y reservas críticamente bajas.
Brasil representa un riesgo fiscal de mediano plazo, pero cuenta con un mercado financiero profundo, reservas importantes y deuda principalmente denominada en moneda local.
Mientras que Surinam mantiene una capacidad limitada para absorber nuevos shocks.
En 2019, la diferencia entre la economía más y menos endeudada de la región era de 63 puntos del PIB, mientras que para 2026 se proyecta que alcance los 73 puntos, impulsada por el aumento de la deuda en países como Bolivia y los menores niveles registrados en Perú, según información del IIF.
“La región dejó de comportarse como un bloque”, dijo a Bloomberg Línea Jonathan Fortun, economista del IIF. “Lo que se deterioró en la región no es el nivel promedio de deuda sino la dispersión entre países”.
Y en esta nueva realidad, la vulnerabilidad de las economías estará marcada por el costo del pago de intereses frente al crecimiento económico, el balance primario, la composición de la deuda (moneda, tenedores y plazos), la disponibilidad de reservas líquidas para atender obligaciones externas, el acceso a los mercados de financiamiento y la credibilidad de la política económica.
“Los inversionistas analizan principalmente la capacidad real de pagar y refinanciar la deuda”, señaló a Bloomberg Línea Emanoelle Santos, analista de mercados de la ‘app’ de inversiones XTB. “Esto incluye el gasto en intereses frente a los ingresos fiscales, las necesidades de financiamiento de los próximos años, el vencimiento promedio, la proporción denominada en dólares, la participación de acreedores extranjeros y la profundidad del mercado local”.
También importa la diferencia entre el crecimiento nominal de la economía y el costo efectivo de la deuda, junto con el saldo primario necesario para estabilizarla.
En las economías emergentes, agregó Santos, adquieren especial relevancia las reservas internacionales, la cuenta corriente, la dependencia de las materias primas y las obligaciones potenciales de las empresas estatales.
Asimismo, “la credibilidad del presupuesto, del banco central y de las reglas fiscales influye directamente en la prima de riesgo. Un país con deuda alta, financiamiento largo y en moneda local puede resultar menos riesgoso que otro con una deuda menor, pero con vencimientos inmediatos, pocas reservas y débil acceso al mercado”, indicó Santos.
La deuda pública más alta en América Latina en 2026
Bolivia presenta el panorama más crítico en la región dado que su deuda pública ya es del 102% del PIB, con una participación externa del 41,1%, según datos del IIF.
El principal desafío de Bolivia no es el tamaño de su deuda, sino la falta de dólares disponibles para cumplir con sus pagos.
Esta economía “parece la más vulnerable porque necesita simultáneamente una corrección fiscal, cambiaria y externa, con pocas fuentes de financiamiento disponibles”, anotó Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.
De acuerdo a las cifras aportadas por el IIF, las reservas internacionales netas de Bolivia eran de US$3.347 millones en junio de 2026 frente a una deuda pública externa de US$14.358 millones, una cobertura de 23%.
“Pero el número relevante es otro: dentro de las reservas brutas, el oro sumaba US$3.581 millones en mayo de 2026 y las divisas líquidas apenas US$897 millones, y eso solo después de que la colocación del bono de US$1.000 millones en mayo inyectara recursos”, dijo Fortun. “Esa es la diferencia entre un problema de deuda y un problema de pagos, y Bolivia tiene el segundo”.
Brasil registra una deuda pública equivalente al 96,5% del PIB, la mayor de América Latina en términos absolutos, con cerca de US$2,1 billones a mediados de 2026, según datos del Banco Central de Brasil recopilados por el IIF.
Sin embargo, su composición marca una diferencia frente a otros países puesto que alrededor del 95% de la deuda está denominada en reales y en manos de inversionistas locales, mientras que la deuda externa representa apenas el 4,5% del total.
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Por ello, el principal desafío no es un problema de solvencia externa, sino el elevado costo de financiar esa deuda.
En 2026, la factura de intereses del gobierno general llega a 7,25% del PIB, la más alta de la región, con un déficit primario de 0,45% del PIB.
Con esa combinación, señala el economista Fortun, el FMI proyecta que la deuda escale hasta el 106,5% del PIB en 2031, en “un deterioro lento, continuo y visible en la curva local, no una crisis”.
Por su parte, Surinam muestra que el nivel de deuda no siempre refleja el riesgo fiscal de un país, dice el economista del IIF.
La deuda pública de Surinam aumentó del 84% del PIB en 2019 al 146,4% en 2020.
Tras una reestructuración, descendió al 88% en 2024, volvió a subir al 105,8% en 2025 y el FMI proyecta que cierre 2026 en 87,1%.
Estas fuertes variaciones obedecen principalmente a cambios en el tipo de cambio y a revisiones del PIB, más que a un aumento o reducción del endeudamiento.
En una economía pequeña y muy dolarizada el ratio deuda sobre PIB mide sobre todo el tipo de cambio.
“Surinam ocupa un segundo nivel de riesgo por su deuda elevada, inflación de dos dígitos y antecedentes recientes de reestructuración, aunque el desarrollo petrolero previsto para finales de la década podría mejorar su capacidad de pago si se mantiene la disciplina fiscal”, señaló Santos.
De acuerdo con Fortun, la deuda pública en México está en 62,7% del PIB, considerado “el nivel más cómodo entre las economías grandes”, pero su factura de intereses subió de 4,41% del PIB en 2019 a 5,98% en 2026, con un superávit primario de 1,6%. “Su tensión no está en el stock sino en el costo y en los pasivos contingentes”.
Entre tanto, Argentina tiene una deuda pública equivalente al 70,4% del PIB proyectado para 2026, con un superávit primario de 1,9% del PIB.
Argentina ha mejorado rápidamente sus cuentas públicas y reservas, pero sigue dependiendo del programa con el FMI y todavía no ha recuperado un acceso estable al mercado internacional.
El panorama de la deuda pública
IIF dice que la mayoría de los países de América Latina, salvo excepciones como la de Bolivia, opera con tipos de cambio flexibles, metas de inflación y una mayor proporción de deuda en moneda local, una combinación que reduce el riesgo de que una depreciación cambiaria derive en una crisis de deuda.
Esa arquitectura, construida después de las crisis de los años noventa, es precisamente lo que evita que un choque cambiario se transforme en una crisis de deuda.
Sin embargo, el mecanismo que llevó a la crisis boliviana sí podría repetirse en otras economías pequeñas y dolarizadas, donde una pérdida de acceso al financiamiento puede convertirse rápidamente en un problema de liquidez, de acuerdo con la visión del analista del IIF.
En ese sentido, Fortun identifica a Ecuador como el caso que más llama la atención, aunque su ratio particularmente no alarma.
“Con 52,8% del PIB proyectado para 2026 parece cómodo y no lo es”, anotó Fortun.
Al estar dolarizado, Ecuador no tiene prestamista de última instancia en su propia moneda.
De modo que toda su deuda es efectivamente externa en términos económicos y cualquier tensión de financiamiento se traduce de inmediato en una restricción de liquidez.
El Salvador comparte esa vulnerabilidad y añade un programa con el FMI trabado.
Las grandes economías de la región enfrentan un riesgo distinto.
Más que una crisis de liquidez, los analistas observan que estos países están expuestos a un deterioro gradual de sus cuentas fiscales, que se refleja en mayores costos de financiamiento y tasas de interés más altas durante un período prolongado.
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