Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional de Ecuador aseguró que presentará una acción de inconstucionalidad contra la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como ‘Ley antipillos’, publicada en el Registro Oficial tras la firma del presidente Daniel Noboa.
Mientras la Legislatura argumenta que la iniciativa no debió ser sancionada por el mandatario ecuatoriano, toda vez que fue negada y archivada en primer debate por 84 asambleístas el pasado 28 de noviembre, el Gobierno expone que los proyectos enviados por el Ejecutivo con carácter urgente, como en este caso, solo pueden ser aprobados o negados en segundo debate.
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En ese contexto, Noboa esperó a que se cumpliera un mes desde el envío de esta ley a la Asamblea Nacional, es decir, el plazo que tenía para ser tramitada, y luego ordenó su publicación en el Registro Oficial, hecho que desconcertó a los legisladores.
La ‘Ley antipillos’ contempla un impuesto a la compraventa de vehículos usados, crea la figura de sociedades deportivas anónimas y otorga mayor poder a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Y debido a la carga tributaria que implicaría para la ciudadanía, no recibió el visto bueno del Parlamento.
Pedirán la inconstitucionalidad de la ‘Ley antipillos’
A través de un comunicado publicado por la Asamblea Nacional, su presidenta, Viviana Veloz, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
“Condenamos que la Corte Constitucional y el Registro Oficial hayan permitido que se publique un decreto ley sin cumplir las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico, lo cual vulnera el equilibrio de poderes y la institucionalidad del país”, se lee en el documento.
La Asamblea Nacional además señaló a la Corte Constitucional de ser un “instrumento” del Gobierno de Noboa y de dar la espalda al país, “asfixiando a la economía” de Ecuador con más impuestos cuando apenas está saliendo de los apagones eléctricos que pusieron en jaque al sector productivo.
“Adoptaremos las acciones penales en contra del máximo representante del Registro Oficial, por esta acción ilegal”, agrega.
Uno de los argumentos para calificar de inconstitucional la ‘Ley antipillos’ es que, para ser publicada, debe contar con una certificación de la Asamblea Nacional, pero como no fue aprobada, no cuenta con ella.
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“Este proyecto de Ley fue tratado, negado y archivado por la Asamblea Nacional. Por ello, es inconstitucional pretender enviarla por el Ministerio de La Ley; así como también es inconstitucional la forma en que se solicitó la publicación de dicha Ley en el Registro Oficial porque, para ello, se requiere necesariamente de una certificación por parte de la Legislatura”, explica.
A juicio del Parlamento, la decisión de Noboa está relacionada con las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estableció para continuar desembolsando el restante de un crédito por US$4.000 millones adquirido por Ecuador.
“No se puede permitir que los intereses del FMI primen sobre los derechos de las y los ecuatorianos. Nuestra postura como Asamblea Nacional es cuidar los intereses del pueblo ecuatoriano y en ese sentido trabajamos en el primer poder del Estado”, sustenta.