Bloomberg Línea — El terremoto de 7,3 grados registrado en Haití el 12 de enero de 2010 no solo dejó 200.000 muertos y más de dos millones de desplazados, según las Naciones Unidas, sino que permitió a las pandillas incrementar su poder territorial y romper la relación de dependencia con la clase política a la que servían, de acuerdo con expertos consultados por Bloomberg Línea. Hoy, en el país más pobre de Latinoamérica no solo urge la reconstrucción de sus calles, sino de algo todavía más importante: la democracia.
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Antes del sismo que acaparó la atención del mundo hace 15 años, la presencia estatal en el territorio haitiano era intermitente, tanto era así que el 80% de la distribución de los servicios públicos estaba a cargo de privados y organizaciones no gubernamentales, pero el problema se agudizó tras la catástrofe, según el politólogo, internacionalista y profesor de la Universidad Javeriana Manuel Camilo González.
“Con el terremoto de 2010, las pandillas se convirtieron en intermediarios eficaces y brutales de la ayuda humanitaria, lo que contribuyó a la construcción de feudos sociales sólidos con valor para la política electoral futura”, reseña en el ensayo Haití: el fracaso de la democracia a través del colapso del Estado, publicado en Democracy Paradox.
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Pero las bandas criminales se fortalecieron todavía más tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, presuntamente perpetrado por mercenarios colombianos. Este hecho marcó una ruptura entre las pandillas y las élites políticas a las que sirvieron durante décadas, así como el comienzo de la guerra entre estos grupos por el control territorial y el monopolio de las armas.
Es tal el dominio de las pandillas que desde entonces Haití no ha podido convocar a elecciones, aunque aspira a hacerlo este año.
“Haití es un Estado fantasma: en el papel existe, pero en el territorio y para la población está desaparecido. Antes de 2021, cuando había un Gobierno efectivo, había una presencia intermitente, ahora no está esa presencia del Estado”, explica González a Bloomberg Línea.
Algo similar plantea el internacionalista, experto en conflicto y profesor de la Universidad de La Salle César Niño. Él señala que tras el terremoto, pandillas como el G-9, encabezada por un expolicía señalado de ejecuciones extrajudiciales llamado Jimmy “Barbecue” Cherizier, rediseñaron el poder y crearon una suerte de Gobierno paralelo capaz de regular la vida ciudadana y las instituciones a partir de la violencia y estrategias como la provocación de hambrunas.
“Las pandillas en Haití han logrado construir una gobernanza criminal, una criminocracia, como le llamo yo, que ha logrado desplazar el Estado de derecho y las instituciones tradicionales haitianas”, sustenta.
La relación entre políticos y pandillas, el origen
La relación entre los políticos y las pandillas en Haití es de vieja data, aunque fue transformándose. Su origen se halla en los Tonton Macoutes —también conocida como la Milicia de Voluntarios para la Seguridad Nacional—, un grupo paramilitar que sembrando terror en la población con la complicidad gubernamental ayudó a mantener el régimen dictatorial de François Duvalier y de su hijo, Jean-Claude Duvalier, durante casi tres décadas.
Tras el derrocamiento de Jean-Claude Duvalier, estos grupos se fragmentaron y transformaron en ejércitos privados al servicio de distintos sectores políticos para atacar a sus oponentes, movilizar votantes violentamente en época de elecciones y blindarse una vez en el poder, indica González.
“Las pandillas han sido utilizadas por los Gobiernos para blindarse frente a la sociedad civil, es decir, de sus opositores, y las posibles amenazas dentro del Estado, proveniente del Ejército, la Policía, los burócratas con armas, como se dice coloquialmente”.
Muestra de estos grupos fueron Chiméres, con los que el expresidente Jean Bertrand Arístide buscó resguardar su segundo mandato en Haití, y la banda integrada por exmilitares que lo derrocó en 2004.
“Las pandillas tienen poder político y económico en la medida que pueden derribar un Gobierno, pero también pueden mantener estos territorios vedados para el Estado haitiano. Antes convivían con el Estado, después servían al Estado y, con el terremoto, pero también con el asesinato de Moïse, adquirieron total autónoma frente a los políticos, tanto, que no han dejado crear Gobierno”, agrega González.
Incluso Jovenel Moïse realizó acuerdos con pandillas, solo que no en época electoral, como era habitual, sino para reprimir a la población y contener a sus opositores, específicamente, con la pandilla G-9 comandada por alias “Barbecue”.
Por otra parte, César Niño explica que el “el asesinato de Moïse fue el resultado de las operaciones, la confluencia y las convergencias de estas pandillas en Haití”.
Además, explica que la violencia, la fragmentación de los grupos armados, un Estado cimentado en los regímenes dictatoriales y las dinámicas de pandillas son algunas circunstancias que hacen de Haití “uno de los Estados fallidos con mayor relevancia en el hemisferio occidental”. Con todo y sus implicaciones: la dificultad de atención humanitaria y la falta de fuerzas institucionales capaces de construir tejido social.
Los haitianos, ¿dueños de su propia suerte?
El número de niños enlistados por las pandillas en Haití aumentó 70% en cuestión de un año, informó la Unicef en noviembre pasado, y en 2024, la disputa por el poder en el país caribeño dejó más de 5.600 asesinados, según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. Pero, ¿cómo cambiar esta realidad?
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Para los expertos, el restablecimiento de la democracia y el crecimiento económico solo será posible si las élites políticas renuncian al respaldo de las pandillas, además de propiciar en un liderazgo sostenible.
Después del asesinato de Moïse, tres líderes se han desempeñado como primeros ministros de Haití temporalmente con el objetivo de restablecer el orden y convocar a elecciones, pero ninguno ha sido capaz: Ariel Henry, Garry Conille y Alix Didier Fils-Aimé (actualidad).
“Ahora mismo no hay un liderazgo claro en cuanto a la reconstrucción de este país, no solo en términos de poner fin al monopolio de la violencia, que es algo afugiante, sino con una visión a largo plazo”, expresa González.
César Niño coincide en que la salida a la crisis debe provenir del interior, más allá de la misión multinacional de apoyo a la seguridad nacional desplegada en Haití con el aval de la ONU.
“Haití parece estar en un hoyo negro, subsumida en sus propias guerras entre pandillas, y ya vimos que la intervención militar, la intervención de Naciones Unidas, la intervención de la misión multinacional de apoyo a la seguidad parecen no ser la solución. Habrá que ver entonces cuál va a ser el diseño institucional que los propios haitianos reclamen para las elecciones de este año”.
¿Fracasó la misión multinacional aprobada por la ONU?
Aunque centenares de policías provenientes de Kenia, Guatemala y El Salvador patrullan las calles de Haití para ayudar a las autoridadades locales restablecer el orden, hasta el momento su intervención no ha dado resultados.
“Hay pocos integrantes de la ONU y el armamento es inferior al que utilizan las pandillas. Es difícil vencer a un enemigo que no tiene ninguna restricción, mientras los Estados están obligados a respetar unas líneas del derecho internacional y los derechos humanos”, comenta González.
Niño también se refiere al poder de las pandillas, asegurando que cuentan con alrededor de12.000 integrantes con capacidad de fuego de alto calibre, a los que se les atribuye la responsabilidad de cerca de 15.000 muertes y 700.000 pobladores desplazados en los últimos años.
A ello se suma algo: que estos grupos continúan traficando armamento proveniente de Florida, en el sur de los Estados Unidos, para continuar robusteciéndose, según los expertos.
Bien lo dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2024: “Debemos detener el flujo de armas hacia Haití”.
Otro factor que juega en contra de la ONU es la aversión de los haitianos hacia las misiones humanitarias tras el incremento en la violación sistemátia de derechos humanos en 2004, durante el envío de una Misión de Estabilización al país.
También pesa el fantasma de un brote de cólera en 2010, “debido al vertido negligente de aguas residuales desde una base de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas a un río cercano a la ciudad de Mirebalais”, denunció Human Rights Watch.