Bloomberg Línea — El mundo conmemora este 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, un flagelo que tiene un impacto equivalente a más del 5% del PIB mundial y provoca una pérdida de hasta el 25% del gasto público o unos US$13 billones, según cifras del Consejo Económico y Social de la ONU.
Con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2005, se definió el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción para crear conciencia contra ese delito. Asimismo, según Naciones Unidas, se buscaba difundir el papel de la Convención a la hora de luchar contra la corrupción y prevenirla.
La campaña de Naciones Unidas en el marco del Día Internacional contra la Corrupción de este año se centra “en el papel de la juventud como defensora de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus repercusiones en sus comunidades”.
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A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, emitió una declaración en la que señala que este flagelo “socava el potencial de la generación de jóvenes más numerosa de la historia: 1.900 millones, casi una cuarta parte de la población mundial, de los cuales el 90% reside en países en desarrollo”.
Según Naciones Unidas, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban US$2,6 billones anuales mediante la corrupción.
Entre otras cosas, “la corrupción priva a la juventud del acceso a la educación, el empleo, los servicios públicos y las oportunidades actuales. También acelera las crisis del clima, la naturaleza y la contaminación, que tendrán efectos aún más profundos sobre los derechos y las aspiraciones de las generaciones venideras”, indicó Steiner.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado a comienzos de año por Transparencia Internacional, evidenció que “la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público”, según esa organización.
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El IPC clasifica a 180 países y territorios según las percepciones con respecto al nivel de corrupción en el sector público, bajo una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). La media regional de Latinoamérica es de 43.
“Por doce años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que existen graves problemas de corrupción”, indicó.
Así fue la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción en Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo a Transparencia Internacional
- Uruguay: 73
- Barbados: 69
- Chile: 66
- Bahamas: 64
- San Vicente y las Granadinas: 60
- Dominica: 56
- Costa Rica: 55
- Santa Lucía: 55
- Granada: 53
- Jamaica: 44
- Cuba: 42
- Trinidad y Tobago: 42
- Colombia: 40
- Guyana: 40
- Surinam: 40
- Argentina: 37
- Brasil: 36
- República Dominicana: 35
- Panamá: 35
- Ecuador: 34
- Perú: 33
- El Salvador: 31
- México: 31
- Bolivia: 29
- Paraguay: 28
- Guatemala: 23
- Honduras: 23
- Nicaragua: 17
- Haití: 17
- Venezuela: 13
“En América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del poder judicial promueve la corrupción y la indebida influencia de élites políticas y económicas”, señala el informe de Transparency Internacional.
Según la entidad, lo antes mencionado genera que muchos sistemas de justicia en la región sean incapaces de aplicar la ley de manera efectiva, imparcial o ejercer su función como un control sobre otras ramas del gobierno.
Según la organización, en países como Brasil, México y Honduras, la destitución de jueces y fiscales sin mérito por parte de otras ramas del Estado, a menudo a través de procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, socava la independencia del poder judicial. “Esto fomenta la injusticia y un sistema en el que la ley se aplica según los intereses del gobierno y la élite gobernante. También garantiza impunidad para los corruptos y obstaculiza la recuperación de activos robados”, resalta el estudio.
Por otro lado, el informe subraya que “en casos de una cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de élites políticas, como se ha visto en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, el poder judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos”. Según la entidad, en los últimos dos países se ha utilizado al poder judicial para “manipular procesos electorales, poniendo en riesgo la democracia”, y “en Nicaragua, para consolidar la dictadura”.
Impacto en las compras públicas por la corrupción y la burocracia en Latam
En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, la directora de la Oficina Andina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Mónica Siles, explicó que las adquisiciones públicas, entendidas como las compras de bienes y servicios por parte de un organismo del Estado, representan un 30% del gasto público en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, la burocracia y la corrupción son los principales desafíos que hacen que este tipo de compras tarden en impactar la vida social y, muchas veces, generen sobrecostos.
“La corrupción tiene dos partes: sector público y también el sector privado, porque es el que más recibe (recursos). Por eso es importante trabajar no solamente en poner estos servicios y ayudar a que los proyectos sucedan”, dijo Siles.
Siles señaló además que los problemas de desarrollo y ejecución en América Latina no necesariamente están vinculados a la falta de recursos, pues cuando se evalúa el nivel de ejecución este es bajo. “Hay carteras con 20% de ejecución (al final de un año). Simplemente, no hubo la capacidad de ejecución y hubo falta de voluntad política”.
La corrupción es un problema creciente para la mayoría de América Latina y el Caribe. Las cifras y estudios recientes de Naciones Unidas han identificado que hasta el 25% del PIB regional se pierde debido a la corrupción.
De acuerdo con el reporte What Worries the World, publicado por la firma de investigación y consultoría Ipsos, la corrupción financiera/política está entre los principales problemas que enfrenta el país según el 26% de los consultados en 29 territorios del mundo.
En Latinoamérica, la corrupción financiera/política preocupa más en Perú (47%), Chile (35%), Colombia (33%) y Brasil (27%).
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