Bloomberg Línea — Este jueves se ha oficializado un precedente jurídico que pone en duda la legitimidad de la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en el caso Fabio Gadea Vs. Nicaragua, cuestionando la reelección de Daniel Ortega en 2011 y declarando que el Estado nicaragüense violó derechos políticos y la protección judicial del excandidato.
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Para la organización opositora en el exilio Gran Confederación Opositora de Nicaragua (GCO), el fallo es triunfo jurídico para la democracia y los derechos humanos, además de ser un impulso para la justicia y las sanciones contra el régimen de Ortega, quien queda “expuesto como un gobernante ilegal e ilegítimo”.
El fallo de la Corte declaró por unanimidad al Estado nicaragüense como responsable de violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Gadea Mantilla.
“Las decisiones de las salas Constitucional y Plena de la Corte Suprema de Justicia, inaplicando una norma constitucional que de forma expresa no permitía la reelección presidencial, pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección del presidente Daniel Ortega”, explicó Hernández.
De acuerdo con la información del caso, Fabio Gadea Mantilla y otros aspirantes presidenciales presentaron un recurso de impugnación ante el Consejo Supremo Electoral al considerar que la inscripción en la contienda electoral de Ortega era ilegal. Sin embargo, fue declarado sin lugar el 4 de abril de 2011.
El 6 de noviembre de ese mismo año, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua en las cuales Ortega fue reelecto con un 62,64% de votos y Gadea obtuvo el segundo lugar, con 31% de los votos.
En criterio de Ronmel López, representante del grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG), la decisión de la Corte es “un nuevo hito histórico”, relacionado “con la ilegitimidad, la violación de la Constitución Política de Nicaragua y el abuso de poder por parte de cuatro poderes, tanto dentro como fuera del territorio”.
El activista agregó que “este abuso” también ha afectado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), “admitiendo un gobierno ilegítimo de Nicaragua”.
López añadió que este precedente contribuirá a justificar “por qué los nicaragüenses necesitan protección en diversos países, siempre y cuando no hayan cometido delitos, incluyendo la corrupción”.
Mientras tanto, en Nicaragua, la Asamblea Nacional sigue esta semana con el proceso de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua en segunda legislatura, que transforma el Estado al denominarlo “revolucionario” y otorga el poder absoluto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
