Bloomberg — Cuando Jenniffer González asuma el cargo de gobernadora de Puerto Rico el jueves tendrá que sortear uno de los mayores líos energéticos de EE UU. Su solución: abrazar los combustibles fósiles.
González, de 48 años, propone que el Estado Libre Asociado estadounidense abandone algunos de sus objetivos de energía limpia en favor de utilizar más gas natural licuado. Una ley local que exige que Puerto Rico tenga un 100% de energía renovable para 2050, entre otros compromisos, no solo es poco realista sino que perjudica la actividad económica, dijo en una entrevista.
“No podemos seguir perdiendo empresas por falta de energía, y ninguna de ellas puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, en diferentes turnos, solo con energía solar”, dijo González. “Creo que debemos diversificar nuestra cesta energética”.
La energía es una cuestión crucial en Puerto Rico, donde una red abandonada y devastada por los desastres naturales y la mala gestión provoca frecuentes apagones y una electricidad cara. González dijo que la situación es tan mala que pone en riesgo los sectores farmacéutico y de fabricación de dispositivos médicos de la isla, que representan casi la mitad de la economía.
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González prometió escudriñar los acuerdos que pusieron la red de Puerto Rico bajo gestión privada pero no lograron frenar los apagones. En campaña, amenazó con revocar el contrato de Luma Energy, un consorcio estadounidense-canadiense que gestiona la red de transmisión de la isla desde 2021.
Ahora, dependiendo de lo que concluya un comité que ella reunió, González dijo que podría traer a otro operador privado para sustituir a Luma, o dividir el contrato entre varias empresas diferentes.
"Mi impresión", dijo, "es que Luma hizo un contrato con la isla sin los recursos para cumplirlo".
Solo el 7% de la energía de Puerto Rico procede de fuentes renovables, a pesar de la legislación de 2019 que fijaba ambiciosos objetivos para la adopción de energías limpias, incluido el uso del 40% para 2025. En aquel momento, los legisladores esperaban utilizar recursos federales para reconstruir la red de la isla y dar prioridad a las energías renovables, en particular la solar.
González afirma que los objetivos se interponen en el camino de otras formas de energía más baratas y han ralentizado el uso de unos US$17.000 millones en ayudas federales.
“Estoy dispuesta a revisar cualquier legislación disponible para garantizar una energía que reduzca drásticamente los apagones que estamos sufriendo”, afirmó.
Las propuestas de González subrayan un retroceso más amplio contra la energía limpia.
El presidente electo, Donald Trump, prometió dar prioridad a la extracción de combustibles fósiles y poner fin a la “nueva estafa verde” de las políticas de energías renovables establecidas por su predecesor. Otras empresas de servicios públicos estadounidenses han estado disminuyendo sus objetivos de reducción de emisiones de carbono y retrasando la jubilación de las centrales de carbón.
Al tiempo que aboga por más gas natural, González se mostró partidaria de permitir que los clientes individuales de energía solar vendan energía a la red. Esta política, denominada medición neta, ha provocado un auge de las instalaciones solares en los tejados de Puerto Rico, pero está siendo impugnada en los tribunales por la junta federal de supervisión que gestiona las finanzas de la isla.
“Estoy muy a favor de la medición neta”, dijo. “Si quitas el único incentivo que tiene la gente, nadie va a invertir en energía solar”.
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