Bloomberg Línea — Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este lunes la “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”, que penaliza e incluso ordena “la suspensión temporal o definitiva” a las empresas que implementen sanciones internacionales dentro del país, como las impuestas por Estados Unidos desde 2018.
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Ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos; sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado, según establece lo aprobado.
EE.UU., la Unión Europea, Suiza y Canadá han sancionado a decenas de funcionarios del Estado nicaragüense, incluyendo a Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos.
Durante la sesión legislativa, el diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que un contrato privado, refiriéndose a las corresponsalías para que este banco nacional ofrezca bienes y servicios a nombre de una institución financiera extranjera “no puede estar por encima de la Constitución”.
“Desde cuando acá solamente porque soy banco, estoy encima del bien y el mal. Si yo soy usuario de un servicio del BAC, BANPRO, de Avanz, de Ficohsa, ¿por qué me van a aplicar a mí una ley extranjera?”, agregó.
Para medios independientes, con la aplicación de esta ley, las instituciones financieras saldrán perjudicadas y el sistema financiero nicaragüense podría retroceder en sus indicadores internacionales.
En X, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, dijo que con esta Ley, “Nicaragua formalmente esta autocalificándose de Estado forajido”, un término utilizado para describir a un país cuyo gobierno no respeta las leyes y normas internacionales, viola los derechos humanos y actúa fuera de las reglas establecidas por la comunidad internacional.
Preocupaciones por reformas a la Constitución
La aprobación de esa ley sigue a la reciente reforma constitucional, también avalada de forma unánime por la Asamblea Nacional y de la que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua expresó este lunes su profunda preocupación a través de un comunicado.
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La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de noviembre, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el cargo de vicepresidente —actualmente ocupado por Rosario Murillo— al de “copresidente”.
“Al adoptar un lenguaje vago, esta reforma parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre las diferentes ramas del Gobierno”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
El Grupo de Expertos abogó a la comunidad internacional a instar al Gobierno nicaragüense a restablecer de inmediato la separación de poderes y otros principios democráticos, y a cumplir sus obligaciones internacionales. Los expertos advirtieron sobre las consecuencias nefastas y de largo alcance del cambio constitucional a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense.
“No menos importante es la eliminación del respeto a la dignidad de la persona humana como principio de la nación, lo que pone a Nicaragua en desacuerdo con el consenso mundial que considera a la dignidad como la piedra angular del orden internacional basado en los derechos humanos”.
En su comunicación del 22 de noviembre a medios oficialistas, Murillo celebró la modificación a la Constitución, calificándola como un gran logro para el pueblo nicaragüense.
“Hoy es un día histórico, nuestro pueblo está reivindicando el derecho que tenemos a contar con una carta magna que lo represente y otorgue el protagonismo, el poder a las familias, a los varones, a las mujeres, a la juventud, sobre todos los aspectos de la vida en sociedad”, dijo.
Esta reforma se suma a la orden que envió Ortega este lunes al Legislativo para reformar el Código Militar y la Ley orgánica de la Policía Nacional, para ampliar un año más el período de los cargos del jefe del Ejército de Nicaragua y del jefe de la Policía orteguista, que actualmente son de cinco años.
