Bloomberg — Daniel Ortega propuso una reforma constitucional para aumentar el mandato presidencial de Nicaragua de cinco a seis años y cambiar formalmente el rol de vicepresidente, que ostenta su esposa, Rosario Murillo, al de “copresidenta”, según la iniciativa de ley enviada este miércoles a la Asamblea Nacional.
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La reforma parcial podría darle el control absoluto sobre los poderes del Estado. Además, le daría más control estatal sobre los medios “para protegerlos contra la influencia extranjera”.
El Legislativo constituyó una Comisión Especial de Carácter Constitucional que se encargará del estudio, consulta y dictamen de la iniciativa, “para ser aprobado en primera legislatura el 22 de noviembre”, dijo a medios oficialistas Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
La propuesta también pretende permitir que la Presidencia ordene al Ejército intervenir “en apoyo” a la Policía Nacional del país cuando sea necesario. Además, autorizaría a los oficiales militares y policiales a “ocupar temporalmente” los puestos del Poder Ejecutivo “cuando el interés supremo de la nación lo exija”.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), un organismo nicaragüense de DD.HH en el exilio, dijo en X que la propuesta era una “distorsión irreversible” del texto constitucional.
“Se constitucionaliza sin ningún eufemismo al ejercicio dictatorial del poder; una dictadura similar a la de Francisco Franco (en España) a quien estaba sometido todo el poder político, los órganos del Estado y los ciudadanos. Contradictoriamente, un gobierno socialista replica al modo tiránico de gobierno de una dictadura de derecha absoluta”, advirtió la organización en un análisis.
La reforma también consigna que “los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, como el gobierno ya ha hecho en contra de 450 ciudadanos, entre empresarios, periodistas, políticos y religiosos, desterrados y despojados de su nacionalidad desde las protestas de abril de 2018.
Otro cambio sugerido es la designación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio, según lo establecido en el artículo 13.
“La reforma constitucional en Nicaragua representa un ataque a la democracia y los derechos fundamentales, consolidando el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo en X el presidente de la Red Liberal de América Latina (Relial), Félix Maradiaga.
El texto completo de las reformas planteadas por Ortega está disponible en este enlace. De aprobarse, sería la 13va vez que el exguerrillero trastoca la Constitución desde que volvió al poder en 2007.
La Concertación Democrática Nicaragüense advirtió que con la reforma, Nicaragua dejará de ser un Estado social de derecho y se convertirá en una dictadura constitucionalizada. “La reforma que se aprobará en los próximos días y se refrendará en enero para que entre en vigencia, normatiza las transgresiones y arbitrariedades contra la Constitución y los derechos humanos”.