Blomberg — En la carrera presidencial de Estados Unidos ha estado ausente hasta ahora uno de los temas de mayor importancia a los que se enfrenta el país, y en el debate celebrado el pasado martes (10 de septiembre) por la noche solo recibió una mención superficial.
Según parece, Kamala Harris y Donald Trump están de acuerdo en que el endeudamiento público insostenible no es su preocupación. Más bien, los dos plantean agravar la situación.
Los planes fiscales de Trump, si es que pueden calificarse así, son ciertamente más imprudentes que los de Harris.
Sin embargo, los dos prometen reducciones de impuestos e incrementos del gasto que agudizarían los déficits presupuestarios previstos y harían que la trayectoria ascendente de la deuda pública siguiese una senda aún más elevada. Esta situación no puede mantenerse literalmente durante mucho más tiempo.
Y si Washington se niega a corregir su rumbo, los mercados financieros terminarán por forzar su mano y la crisis será brutal.
En estos momentos, el déficit presupuestario va camino de permanecer alrededor del 6% del producto interior bruto a lo largo de la próxima década, lo suficiente para incrementar la deuda pública neta de algo menos del 100% del PIB actual a más del 120% en 2034.
Tenga en cuenta que esto supone un desempleo bajo, un crecimiento constante durante la década y unas tasas de interés que no repunten debido a que los compradores de deuda pública entren en pánico.
Asimismo, supone que la mayor parte de los recortes fiscales que se introdujeron en 2017 caducarán según lo programado a finales del 2025, algo que tanto Harris como Trump prometieron que no ocurrirá, sin precisar cómo compensarían la diferencia. Es decir, la «línea de base» más factible de la política actual ya es funesta.
No obstante, ambos candidatos se han comprometido de forma explícita a exacerbar la situación. Si bien sus planes son tan difusos que los costes no pueden ser calculados con gran precisión, las cifras del Modelo Presupuestario de Penn Wharton ofrecen una perspectiva de lo que se nos viene encima, y es alarmante.
Las propuestas más inteligibles de Trump (ampliar las disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, reducir la tasa impositiva corporativa del 21% al 15% y eliminar los impuestos a los beneficios de la Seguridad Social) costarían unos US$6 billones en 10 años, lo que elevaría la trayectoria de la deuda a mediano plazo otro 10%.
También propuso un arancel generalizado a las importaciones del 10% o más, que dice podría pagar por recortes impositivos adicionales. Incluso si los ingresos arancelarios no se usaran para ese propósito, estarían muy lejos de volver a controlar los déficits.
Cuanto más expriman los aranceles las importaciones, menos ingresos recaudarán, y eso sin mencionar el daño más amplio que causarían a la economía. Si los socios comerciales de Estados Unidos tomaran represalias, lo que llevaría a una guerra comercial a gran escala, el revés económico sería enorme.
Según estos criterios, los planes fiscales de Harris parecen casi sensatos, pero el hecho es que no lo son.
Los planes que ha anunciado hasta ahora (aumentar el crédito fiscal por hijo a US$3.000, con US$3.600 para los niños menores de 5 años y US$6.000 para los recién nacidos; dar a los compradores de vivienda por primera vez US$25.000 en asistencia para el pago inicial; aumentar la tasa impositiva corporativa del 21 al 28%) añadirían otro billón de dólares a los déficits en la próxima década.
El costo fiscal probable sería el doble si se tuviera en cuenta el efecto de los impuestos corporativos más altos sobre la inversión y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico.
Sin duda, las reformas impositivas personales que Harris ha defendido son, en sí mismas, buenas políticas: la experiencia durante la pandemia muestra que brindar más ayuda a las familias de bajos ingresos reduce sustancialmente la pobreza infantil. Pero las buenas políticas aún deben pagarse.
En conjunto, las promesas que se suman a una perspectiva ya inasequible de endeudamiento público son simplemente irresponsables.
Cada nuevo retraso en la solución del problema hace que las perspectivas fiscales sean más difíciles de estabilizar. Y cuanto más difícil sea, más probable es que los mercados financieros empiecen a preguntarse si el gobierno sigue siendo solvente.
La deuda pública no es un problema hasta que, de repente, lo es, y entonces es demasiado tarde.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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