Bloomberg — El plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para equilibrar el presupuesto llegando a acuerdos en las disputas sobre impuestos de sociedades se enfrenta a obstáculos, ya que algunas grandes empresas brasileñas se resisten a llegar a mejores acuerdos.
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Diez grandes actores de distintos sectores, incluidos la banca y las infraestructuras, han estado discutiendo con el Ministerio de Hacienda posibles resoluciones a los litigios judiciales pendientes, según el secretario ejecutivo, Darío Durigan.
Las empresas cifran el importe total en negociación en 700.000 millones de reales (US$125.000 millones), lo que podría enviar unos 130.000 millones de reales a las arcas públicas una vez alcanzados los acuerdos. El gobierno, sin embargo, necesita ofrecer acuerdos que tengan en cuenta las diferentes circunstancias de las empresas, según personas familiarizadas con el asunto.
El equipo económico de Lula, dirigido por el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, necesita los acuerdos para ayudar a equilibrar las cuentas en medio de la preocupación de los mercados por las perspectivas fiscales de Brasil mientras el gobierno impulsa un mayor gasto social. Según el proyecto de presupuesto para 2025, la mayor economía de América Latina cuenta con 166.400 millones de reales en ingresos adicionales para lograr su objetivo de llevar el déficit primario, que excluye el pago de intereses, a cero. Al menos 30.000 millones de reales de esa cantidad procederían de liquidaciones fiscales.
Los bancos son optimistas sobre las perspectivas de esos acuerdos, dijeron las personas, que pidieron el anonimato porque las discusiones son privadas. Disponen de efectivo tras unos beneficios récord y consideran que esas transacciones son positivas para los accionistas, ya que reducirían las incertidumbres futuras en sus balances. El éxito de las negociaciones dependerá del descuento que el gobierno esté dispuesto a ofrecer, dijeron estas personas.
Otros segmentos, sin embargo, están más preocupados por gastar efectivo ahora para resolver disputas pendientes que no se convertirían en gastos hasta más adelante. Dos de las firmas más grandes de Brasil dicen que todavía necesitan un acuerdo más “favorable a las empresas”, según una persona familiarizada con el asunto.
Las empresas dicen que el gobierno quiere que los pagos se hagan en una sola suma, por ejemplo. Pero es difícil convencer a los accionistas de que firmen grandes desembolsos únicos para resolver disputas fiscales a largo plazo cuando las tasas de interés están subiendo, dijo la persona, dado que podría ser más ventajoso esperar a que esas situaciones se resuelvan en los tribunales.
Las empresas buscan mayores descuentos en sus deudas de los que el gobierno está dispuesto a ofrecer, dijo Durigan a Bloomberg. Aún así, el secretario describió las propuestas sobre la mesa como bastante ventajosas. “Es una buena salida”, dijo. “No podemos seguir apostando por el conflicto”.
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Tanto Durigan como las personas familiarizadas declinaron nombrar a las 10 empresas implicadas en las negociaciones.
Las grandes empresas quieren acceder a créditos fiscales y mayores descuentos en las tasas de interés antes de llegar a un acuerdo con el gobierno, según Luiz Gustavo Bichara, abogado fiscal con experiencia en este tipo de negociaciones. Dijo que aunque hay un interés genuino en llegar a acuerdos, las empresas necesitan mayores incentivos.
Durigan argumentó que el plan también sería una bendición para el sector privado de Brasil. Pondría fin a disputas que pueden prolongarse en los tribunales durante años, generando elevados costes legales sin ninguna garantía de victoria para las empresas, dijo. Los acuerdos exitosos eliminarían la sobrecarga legal, añadió, y reducirían tanto las multas como los intereses adeudados.
Un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y Petróleo Brasileiro SA (PETR4) a principios de este año allanó el camino para el plan actual. En junio, la petrolera controlada por el Estado acordó pagar casi 20.000 millones de reales en impuestos atrasados al gobierno federal.
Otras empresas, sin embargo, argumentan que no es justo esperar que hagan lo mismo que Petrobras. El gigante energético tiene una posición de caja más robusta que los demás, dijo una de las personas, añadiendo que la participación del gobierno en la firma también contribuyó a que el consejo aprobara el acuerdo fiscal.
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