Bloomberg Línea — Bolivia sigue sin materializar el potencial del llamado “oro blanco” ante las barreras para identificar y aplicar la tecnología adecuada para la extracción, además de retrasos en infraestructura, falta de capital humano y decisión política, mientras que los vacíos normativos frente a las consultas previas amenazan con una crisis social en el país, según fuentes consultadas por Bloomberg Línea.
El oro blanco es un asunto sensible en Bolivia y cuando el exmandatario Evo Morales fue derrocado en el 2019 acusó a un supuesto “golpe del litio” patrocinado por EE.UU., cuyas empresas quedaron excluidas en ese momento de las licitaciones para industrializar ese mineral, dado que los proyectos quedaron en manos de firmas de países como China y de Alemania.
Bolivia hace parte del denominado Triángulo del Litio, conformado también por Argentina y Chile, que concentra más del 62% de las reservas mundiales de ese mineral que será estratégico para la transición energética en los próximos años. Pero la caída de los precios del litio tuvo un impacto significativo en las inversiones en Bolivia y desde un máximo de más de US$80.000 por tonelada en 2022, estos han caído a unos US$10.000 en la actualidad.
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Para el país andino, que cuenta con 23 millones de toneladas métricas disponibles de litio, explotar los vastos depósitos de ese mineral -contenido en salmueras bajo el remoto salar de Uyuni- ofrece una manera de evitar una inminente crisis económica, mientras agota reservas de divisas en medio de una disminución de las exportaciones de hidrocarburos.
Limitaciones técnicas, legales y jurídicas
Uno de los desafíos del país es que la ley actual establece que el Estado boliviano le compra la producción a las empresas inversoras en ese negocio, pero no ofrece libertad para exportar y recuperar costos en dólares, expresó a Bloomberg Línea el socio director de la firma de consultoría en el área energética Gas Energy Latin America, Álvaro Ríos Roca: “Hay que darle algún blindaje, algún candado, para que la inversión privada llegue a los salares que tiene Bolivia”.
La principal barrera es tener un marco jurídico, es decir, una ley para el litio que sea adecuada para la inversión privada, pero además que tenga un impacto social con las personas donde se va a hacer la explotación de litio, es decir, los departamentos de Oruro y Potosí. No existe una ley que indique cómo se van a distribuir las regalías, los impuestos que se pagan por la extracción de litio, y mientras eso no exista no hay un pacto social.
Socio director de Gas Energy Latin America, el boliviano Álvaro Ríos Roca
Consultados por Bloomberg Línea, los analistas del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Gonzálo Mondaca y Jorge Campanini, se refieren puntualmente a las limitaciones técnicas, legales, jurídicas y sociales que enfrenta el litio en Bolivia.
Uno de los asuntos más espinosos es que si bien por varios años el Gobierno boliviano utilizó como bandera la existencia hipotética de grandes cantidades de recursos de litio, hasta el momento no ha avanzado en la estimación de reservas y tampoco ha profundizado en la generación de información hidrogeológica fundamental para la planificación de proyectos de explotación minera en ecosistemas complejos y de alta fragilidad ambiental, respondieron a este medio los analistas en una nota firmada por ambos.
El analista financiero Jaime Dunn calcula que el país ya ha gastado US$1.000 millones tratando de explotar el litio y “no ha tenido mucho éxito”, refiriéndose a la fallida adopción de las piscinas industriales de evaporación, cuyas irregularidades terminaron en una denuncia contra exfuncionarios de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) por los delitos de contratos lesivos al Estado (el daño económico se estima en Bs.$425 millones (o unos US$61,4 millones).
En este marco, se calcula que se necesitan nuevas inversiones de al menos US$15 millones tras este fracaso, al tiempo que se cuestiona la efectividad del método evaporítico, al menos en el salar de Uyuni (suroeste). “No se sabe con exactitud qué parte de las reservas de litio son comercialmente explotables, y la eficacia de la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), aún en fase experimental, está por demostrar”, escribió Dunn en un análisis sobre el tema.
Ante esta situación, las fuentes consultadas señalan que ya se han hecho evidentes los problemas conceptuales y operativos del complejo industrial evaporítico de Uyuni. La Cedib ha solicitado una auditoría integral independiente (técnica, financiera y ambiental) de los proyectos relacionados con la tecnología evaporítica en ese salar.
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Los términos de las convocatorias y las consultas previas ponen en vilo al litio en Bolivia
Si bien Bolivia alberga uno de los mayores yacimientos de litio del mundo en el salar de Uyuni, lo que proporciona una abundante fuente de este recurso estratégico, los analistas apuntan a que la falta de claridad sobre los términos de las convocatorias y los acuerdos con empresas mineras extranjeras generan desconfianza y podrían resultar en prácticas poco beneficiosas para el país. Algunas preguntas no respondidas son: ¿Cómo se pagarán los costos de las empresas?, ¿en producto o en efectivo?, ¿qué garantías ofrece YLB para garantizar la producción?, entre otras.
La Ley Minera de 2014 establece que minerales como el litio son estratégicos y que su explotación le compete exclusivamente al Estado, pero esto queda en vilo con la participación de las potencias económicas en el negocio.
“Bolivia enfrenta desafíos en gobernanza y burocracia, que dificultan la toma de decisiones rápidas y la ejecución de proyectos a gran escala. Aunque la nacionalización del sector protege los intereses nacionales, también puede desalentar la inversión privada debido a la percepción de riesgos políticos y económicos”, dice a Bloomberg Línea el macroeconomista boliviano del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun.
En Bolivia, la preselección de empresas con capacidad para el desarrollo de tecnologías de extracción directa de litio (EDL) ha derivado en convenios cuyo contenido es desconocido.
Es un secreto de Estado qué es lo que se está haciendo, no hay información (…) no queda claro cómo están participando estas empresas chinas, rusas, es un gran secreto, porque si ellos están extrayendo, produciendo, distribuyendo el litio, eso estaría contra la Constitución
Jaime Dunn, analista y exoperador de la Bolsa de Nueva York
Otro de los asuntos controversiales son las consultas previas. La normativa minera actualmente aplicable, considera la consulta previa con verificación del Órgano Electoral Plurinacional, pero sin carácter vinculante.
La Ley de Minería en Bolivia ha sido criticada por presuntamente no respetar los derechos de las comunidades locales y los estándares ambientales internacionales. Según Jonathan Fortun, “la falta de consulta previa es particularmente preocupante, ya que puede llevar a conflictos sociales, abre la posibilidad ante la corrupción y puede acarrear daños ambientales”.
En este marco, hay alarma en el país de que en cualquier momento se pueda desencadenar una crisis social en las regiones por cuenta de los vacíos normativos en las consultas previas, mientras crece la preocupación ante la posible fuga de la inversión privada debido a la percepción de riesgos políticos y económicos.
En opinión de los analistas de Cedib, “la debilidad institucional en Bolivia es tan grande que no importa qué nacionalidad tienen las empresas con las que se desarrollen proyectos de explotación de recursos naturales”, pues a fin de cuentas “no tiene ni condiciones institucionales ni normativa” para la protección de Derechos Humanos y del ambiente.
Contratos millonarios en manos de empresas de Rusia y China
En los últimos tiempos, Bolivia ha firmado convenios millonarios para la explotación del litio y uno de los más recientes fue el que concretó la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos con el consorcio chino CBC, que planea invertir cerca de US$90 millones con ese fin.
Asimismo, cerró a finales del año pasado un acuerdo por US$450 millones con la estatal rusa Uranium One Group para la explotación de litio. Ya en diciembre, Bolivia puso en marcha la primera planta estatal de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, con una inversión de US$110,2 millones.
La proyección del Gobierno es que esta planta producirá 15.000 toneladas en 2024 y 100.000 en 2025, pero algunos analistas consideran que estas proyecciones no se cumplirán y que no está con toda la capacidad para producir.
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En un intento de no perderse el ‘boom’ del oro blanco, el Gobierno boliviano ha lanzado una segunda convocatoria para el desarrollo de proyectos de extracción directa de litio (EDL), aumentando el número de salares involucrados y abriendo la posibilidad a la explotación de otros minerales.
En el marco de una campaña promocional, se organizó una gira a Europa y se obtuvieron acuerdos concretos relacionados con formación de recursos humanos e investigación hidrogeológica. En junio, el presidente boliviano, Luis Arce, se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y tras el encuentro en San Petersburgo reconoció la oportunidad de “implementar el proyecto sobre la producción de baterías de litio en Bolivia con una empresa rusa”.
Los pasos que debe dar Bolivia para aprovechar la carrera del litio
Para no quedarse atrás en la carrera del litio, Bolivia requiere mejorar sus capacidades técnicas y logísticas para competir con países como Chile y Argentina, que están mejor posicionados en la industria, por lo que la cooperación regional con países vecinos que tienen experiencia en la explotación será clave para que el país pueda adoptar mejores prácticas y tecnologías probadas, acelerando su propio desarrollo en este sector.
La gran deuda pendiente para Bolivia sigue siendo su infraestructura. En el caso de la implementación de los nuevos proyectos basados en la extracción directa de litio, no se cuenta con la infraestructura energética y logística suficiente para su desarrollo.
Los especialistas instan a promover mayores asociaciones público-privadas para compartir costos y riesgos entre el Gobierno y las empresas privadas. Esto contribuiría a acelerar el desarrollo de la infraestructura y proporcionaría acceso a la experiencia y tecnología avanzada de los socios privados.
“Bolivia necesita priorizar la construcción de carreteras, puertos secos y sistemas de transporte eficientes para facilitar el movimiento de materiales y productos desde las áreas de extracción hasta los mercados internacionales. Simplificar y agilizar los procesos administrativos y garantizar un entorno legal estable y predecible puede atraer más inversiones extranjeras”, dice Fortun, del Instituto de Finanzas Internacionales.
YLB ha avanzado en la construcción de plantas piloto y en la exploración de técnicas de extracción y procesamiento, pero enfrenta desafíos significativos, como la falta de gestión eficiente, problemas de corrupción y retrasos en sus proyectos piloto. Para mejorar su preparación, YLB debería enfocarse en establecer asociaciones estratégicas con empresas internacionales que puedan aportar tecnología y experiencia.
Analista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Jonathan Fortun.
Del lado de la capacitación de la fuerza laboral, también es clave establecer programas educativos y de formación técnica para asegurar que el ‘boom’ del litio contará con la fuerza de trabajo necesaria en el país. Según explica Cedib, el país no tiene una política para la investigación científica y el desarrollo de tecnología en general y menos un programa específico para la industrialización de recursos evaporíticos y litio.
En consecuencia, no ha asignado recursos suficientes para la formación de capacidades humanas para la cantidad de proyectos de explotación de litio que pretende desarrollar en los siete salares y lagunas saladas que están considerando. Tampoco tiene una política de articulación de alianzas con instituciones académicas y de investigación e innovación tecnológica.
A todo lo anterior, se suma el hecho de que la estatal YLB “no tiene mayor apoyo que el del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, pese a ser una empresa estratégica”, según Cedib. Además, la coordinación al interior del Estado “no ha logrado avanzar en la consolidación de sus capacidades técnicas y menos en un marco legal específico y suficiente”. Y para rematar “la YLB no cuenta con una estructura sólida de apoyo en ciencia y tecnología; aspecto fundamental si se considera que la promesa estatal no se limita a la explotación de litio, sino que incluye la producción de materiales catódicos y baterías”.
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Mientras tanto, Bolivia sigue rezagada en comparación con los otros países del Triángulo del Litio, que han avanzado durante décadas en su desarrollo. A pesar de las esperanzas del Gobierno boliviano, la industria del litio aún está lejos de reemplazar al gas, puesto que a pesar de su declive vuelve a entusiasmar al país luego del hallazgo de un megacampo en el norte paceño, cuya reserva es de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural. En todo caso, al ritmo actual, Bolivia exporta en un mes de gas lo que el litio podría generar en un año.
Al respecto, un estudio de la ONG Oxfam en Bolivia concluyó que durante el auge de la exportación de gas natural, con altos precios y volúmenes, el PIB de Bolivia creció entre un 2,4% y 3,4%. En comparación, un proyecto de exportación de 50.000 toneladas de litio al año podría aumentar el PIB entre un 0,8% y 1,0%, alcanzando hasta un 2,0% en un escenario de precios optimistas.
Bloomberg Línea consultó sobre estas preocupaciones a la empresas estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, pero la presidenta ejecutiva de la compañía, Karla Calderón, canceló la entrevista y después de múltiples contactos con el equipo de prensa no fue posible reagendarlo u obtener respuestas en escrito.
