Bloomberg Línea — La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de forma unánime el 20 de agosto una reforma tributaria que elimina las exenciones fiscales para las instituciones religiosas, obligándolas a pagar el impuesto sobre la renta sobre actividades y activos aunque estén destinados exclusivamente a fines religiosos.
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Los medios independientes del país centroamericano explican que la enmienda a la Ley número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley número 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y de Reformas y Derogaciones a la Ley número 822, Ley de Concertación Tributaria, obligará a todas las Iglesias, independientemente de su denominación, a seguir un régimen tributario similar al del sector económico privado, donde el beneficio legítimo es el objetivo de la actividad.
En otras palabras, este modelo requeriría que todos los proyectos o programas de la sociedad civil se desarrollen en colaboración con instituciones del Estado, previa aprobación del Ministerio del Interior o del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, lo que controlaría los recursos de las organizaciones.
Esto implica que las ofrendas, limosnas y donaciones de los fieles estarán sujetas al impuesto sobre la renta a tasas que oscilan entre el 10% y el 30%, lo que podría tener un impacto en las capacidades operativas y financieras de las comunidades religiosas, que participan en actividades educativas, sociales y asistenciales, con importantes consecuencias, en particular para los grupos sociales más vulnerables.
En su comparecencia del 20 de agosto, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien también funge como vocera del régimen, dijo que el denominado Modelo de Operatividad “Alianzas de Asociación fortalecerá “la transparencia, la seguridad jurídica, el respeto, la armonía, el desarrollo de proyectos de interés para las familias, las comunidades en un marco de solidaridad y apego a las leyes nacionales”.
Más cierres de organizaciones en Nicaragua
Las reformas se dan en medio de un contexto difícil para la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas y civiles. El lunes se conoció que el gobierno de Daniel Ortega revocó la personería jurídica de otras 1.500 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas religiosas, que transferían sus bienes al Estado.
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Sobre esta decisión, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación”, afirmando en un comunicado que la iniciativa del gobierno nicaragüense efectivamente “amenaza la libertad de religión y la libertad de asociación”, y llamando a “garantizar y proteger las libertades fundamentales” de las personas.
A propósito del Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias, este jueves, Brian A. Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para el Hemisferio Occidental, condenó vía X “el injusto cierre” de las oenegés “y el violento acoso, detención y represión de miembros de órdenes religiosas y comunidades de fe en Nicaragua”.
De acuerdo con el cuarto boletín sobre Libertad Religiosa en Nicaragua, a cargo del Colectivo Nicaragua Nunca Más, desde abril de 2018 se han registrado más 870 ataques dirigidos específicamente a la Iglesia Católica, incluyendo el destierro de unos 222 religiosos, de ellos, 34 son sacerdotes y 91 monjas.
Además, este jueves se conoció que el gobierno ordenó el cierre de otras 151 oenegés, incluyendo a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Unión Nacionales de Agricultores y Ganaderos (UNAG), dos de las pocas organizaciones empresariales que seguían funcionando.
Desde el inicio de la crisis de derechos humanos desatada en el país desde 2018, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha registrado el cierre de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado, incluidas más de 1.200 fundaciones religiosas.
