Bloomberg — Durante mucho tiempo, los estudiantes internacionales han sido fuente de ingresos para las universidades y centros de enseñanza superior de las economías desarrolladas, pero ahora se enfrentan a un futuro cada vez más incierto, pues los gobiernos buscan objetivos fáciles para contener el aumento de la inmigración.
En Gran Bretaña, uno de los principales destinos del mundo para los estudiantes extranjeros, el partido laborista, desde la oposición, se comprometió a mantener la prohibición de que los estudiantes internacionales pudieran traer dependientes a Gran Bretaña, la mayor fuente inmigratoria desde 2019.
En los Países Bajos, el gobierno ha planteado restringir el acceso de los estudiantes extranjeros a las universidades holandesas.
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En Canadá, donde uno de cada 40 personas es un estudiante de otro país, su gobierno está imponiendo medidas drásticas que obligan a sus instituciones de educación superior a cerrar sus programas.
También en Australia, donde esa proporción es todavía mayor (uno de cada 33), el gobierno ha planteado poner límites a las matrículas de estudiantes extranjeros en las universidades y perseguir a los “centros educativos poco fiables”.
El impacto ya se está sintiendo: según los datos agregados de visados para el primer trimestre de este año, los volúmenes para Gran Bretaña, Canadá y Australia disminuyeron entre un 20% y un 30% respecto al año previo, según IDP Education Ltd., una empresa de servicios de colocación y evaluación de estudiantes que cotiza en bolsa en Sídney y que opera en estos tres mercados.
“Los estudiantes son el colectivo más controlable en términos cuantitativos, por eso son el primero en la lista de reducción, y las universidades no son grupos especialmente poderosos, así que seguramente sean también un objetivo político adecuado”, explica Andrew Norton, catedrático de Práctica de Políticas de Educación Superior en la Universidad Nacional Australiana de Canberra.
El partido laborista de Keir Starmer puso fin el mes pasado a 14 años de gobierno conservador en el Reino Unido y aún no ha decidido su política de inmigración desde el batacazo electoral de julio. Canadá y Australia tienen elecciones en los próximos 14 meses.
Los gobiernos están enmarcando las medidas como una forma de mejorar la calidad de la educación y acabar con la corrupción. Pero los detractores de las medidas dicen que también tienen motivaciones políticas, ya que la compresión del coste de la vida y la escasez de viviendas desde la pandemia del Covid-19 provocan una reacción contra las rápidas tasas de inmigración.
La educación internacional es un negocio mundial de unos US$200.000 millones, según la empresa de datos Holon IQ, y el Reino Unido, Canadá y Australia son tres de sus principales actores.
La industria se considera una exportación de servicios y genera beneficios económicos más allá de las tasas de matrícula, ya que los estudiantes desembolsan los gastos de alojamiento y manutención y a menudo pasan a trabajar y pagar impuestos en los países en los que estudiaron.
Estados Unidos se perfila como ganador de la ofensiva en otros mercados. Superó a Australia para convertirse en el destino de estudios preferido por los estudiantes internacionales, según una encuesta realizada por IDP a más de 11.500 futuros y actuales estudiantes internacionales.
Las matriculaciones de estudiantes internacionales en EE.UU. aumentaron un 11,5% en 2022/23 respecto al año anterior, con lo que el total superó el millón por primera vez desde la pandemia. Compitiendo por volver a la presidencia, Donald Trump ha dicho que apoya dar una tarjeta verde a cada graduado no ciudadano de una universidad estadounidense, aunque su campaña dijo después que el programa incluiría un estricto proceso de investigación de antecedentes.
Pero en otros lugares, los argumentos económicos sobre los beneficios de un sector educativo internacional en auge están pasando a un segundo plano frente a los políticos, a medida que la marea electoral se inclina en contra de la inmigración.
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El Reino Unido cierra una “puerta de entrada
Las medidas del anterior gobierno para garantizar que el sector se utilice para la educación y "no como puerta de entrada a la inmigración" están siendo revisadas por el nuevo gobierno laborista.
Durante la campaña, el ministro laborista tras bastidores Chris Bryant aseguró que el partido, en caso de ser elegido, no revocaría la prohibición de que los estudiantes extranjeros trajeran al país a personas a su cargo.
Pero más recientemente, la secretaria de Estado de Educación del Reino Unido, Bridget Phillipson, afirmó que “durante demasiado tiempo se ha tratado a los estudiantes internacionales como balones de fútbol políticos, no como huéspedes valiosos”, y que esto se acabará. “No les quepa la menor duda: los estudiantes internacionales son bienvenidos en el Reino Unido”, declaró.
El Reino Unido ha visto crecer el número de estudiantes extranjeros en la última década, especialmente de China e India, y el curso académico 2021-2022 registró la cifra récord de 679.970 estudiantes extranjeros.
Esto ha contribuido significativamente a la financiación de las universidades, que dependen cada vez más de las relaciones diplomáticas chino-británicas y del crecimiento económico indio. El beneficio económico total de la cohorte 2021-22 se estimó en £41.900 millones (US$53.500 millones), según un estudio independiente.
La Oficina de Estudiantes, el regulador independiente del sector, afirmó que incluso una pequeña reducción del número de estudiantes podría llevar a 202 instituciones, o el 74% del total, a una situación de déficit. El anterior gobierno encargó una revisión para estudiar el abuso de los visados por parte de los estudiantes extranjeros, pero encontró pocas pruebas de ello.
Las empresas también han subrayado la necesidad de talento extranjero. Ejecutivos de Anglo American Plc, Rio Tinto Plc y Siemens AG fueron algunos de los firmantes de una carta en la que advertían al anterior primer ministro, Rishi Sunak, de que las políticas migratorias británicas podían debilitar el sector universitario.
Las universidades británicas han insistido en que la matriculación internacional no se produce a expensas de los estudiantes nacionales.
Restricciones holandesas
Mientras que en toda Europa sigue aumentando el sentimiento antiextranjero, las limitaciones a los estudiantes extranjeros quizá no sean más llamativas en ningún lugar que en los Países Bajos, donde una coalición apoyada por la extrema derecha ha impulsado una política para restringir el acceso de los estudiantes extranjeros a las universidades holandesas.
Las universidades holandesas eran famosamente favorables a los estudiantes extranjeros, ya que la mayoría de las clases se impartían en inglés y los estudiantes extranjeros constituían una cuarta parte del alumnado de enseñanza superior.
Pero la falta de nuevas viviendas y la triplicación del número de estudiantes extranjeros en la última década han contribuido a un grave déficit de alojamiento para estudiantes.
Las universidades que se enfrentan a un exceso de capacidad decidieron en febrero limitar el número de titulaciones impartidas en inglés y reducir la matrícula internacional.
La decisión de las universidades está respaldada por un proyecto de ley, aún pendiente de votación en el parlamento, para limitar el número de estudiantes extranjeros en el país, restringir a los estudiantes no europeos el acceso a determinados programas y prohibir la contratación internacional activa en ferias de estudiantes, salvo en sectores con una importante escasez de mano de obra.
Las grandes empresas holandesas, que dependen en gran medida del talento extranjero cualificado, han dado la voz de alarma sobre estas restricciones, afirmando que podrían trasladar sus oficinas fuera del país si se aprueban varias de estas políticas antimigración.
El jefe del banco central del país también advirtió de que los estudiantes extranjeros contribuyen significativamente a la economía holandesa.
Los estudiantes que no son de la UE, por ejemplo, aportan hasta €96.000 (US$105.000) cada uno a la economía holandesa a lo largo de sus estudios, según la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica.
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La mano dura de Canadá
En Canadá, los estudiantes extranjeros aportan más de 22.000 millones de dólares canadienses (US$16.000 millones) a la economía y mantienen unos 218.000 puestos de trabajo.
Las nuevas normativas, que incluyen una reducción del 35% en la expedición de visados de estudiante este año y la supresión de incentivos como la posibilidad de obtener un permiso de trabajo tras la graduación, van dirigidas al subsector predominantemente ocupado por las universidades más pequeñas y menos conocidas.
Munira Mistry, de 43 años, teme perder su puesto de profesora en una universidad de Toronto en diciembre, ya que las medidas drásticas del gobierno provocan una campaña de recorte de gastos.
“Parece como si todas las puertas se estuvieran cerrando”, dijo Mistry, instructora de gestión de proyectos que llegó como estudiante internacional de la India en 2020 y sigue luchando por conseguir la residencia permanente. “Vuelvo al punto de partida”.
A finales del año pasado y antes de que entraran en vigor las medidas enérgicas, diez pequeñas instituciones de estudio superior tenían más titulares de permisos de estudio internacionales que la Universidad de Toronto, la institución mejor clasificada del país.
Al igual que en Australia y el Reino Unido, los alquileres se dispararon y los informes de estudiantes que se hacinaban en apartamentos o recurrían a los bancos de alimentos para salir adelante se convirtieron en moneda corriente.
El líder de la oposición, Pierre Poilievre, ha dicho que vincularía el ritmo de crecimiento de la población a la construcción de viviendas, lo que podría provocar un descenso aún mayor de las entradas de estudiantes internacionales y de los niveles generales de inmigración.
Colleges Ontario, una asociación que representa a los 24 entidades educativas públicss de la provincia, dijo que había experimentado un “colapso” de la cohorte de primavera, que representa una cuarta parte de la matrícula total de los colegios. Prevé un “grave impacto” en el curso de otoño, con pérdidas de ingresos de cientos de millones de dólares.
"Ninguna organización puede absorber tales pérdidas sin recortes significativos en las operaciones", dijo en un comunicado en marzo, añadiendo que las consecuencias incluyen "suspensiones inmediatas de programas y una pausa en las inversiones de capital".
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Australia actúa
Lo que está en juego es aún mayor para Australia, donde los estudiantes internacionales aportaron 48.000 millones de dólares australianos (US$31.600 millones) a la economía en 2023, convirtiéndose en la principal exportación de servicios del país.
Aproximadamente el 55% de esa cantidad se gasta en bienes y servicios fuera de las universidades, con importantes beneficios para las pequeñas empresas locales, según el grupo de reflexión política Committee for Sydney (Comité por Sidney).
Según S&P Global Ratings, las universidades australianas dependen de los estudiantes internacionales para más de una cuarta parte de sus ingresos totales de explotación, lo que las convierte en unas de las más dependientes del mundo.
Los planes del gobierno, que incluyen límites de matriculación para universidades individuales y requisitos de construcción de viviendas, aún no han pasado por el parlamento.
Pero los estudiantes internacionales ya se enfrentan a unos estándares de inglés más estrictos, los rechazos de visados son cada vez más frecuentes y se está diciendo a algunas universidades privadas que dejen de reclutar a falsos estudiantes extranjeros en un plazo de seis meses o perderán sus licencias.
En julio, las tasas de solicitud de visado para estudiantes internacionales aumentaron más del doble, hasta 1.600 dólares australianos (US$1.056), las más caras del mundo, según el Grupo de Ocho Universidades, que representa a las principales universidades de investigación del país.
El plan de Australia corre el riesgo de reducir los ingresos de las universidades, frenar la financiación de la investigación y perjudicar potencialmente su clasificación internacional QS World University. Los grupos de presión empresariales afirman que la medida dejará un déficit de trabajadores en industrias clave.
Las insolvencias en el sector de la educación y la formación en Australia ya han reaccionado, con un salto de casi el 90% en junio respecto al año anterior, el más alto para cualquier sector, según datos de Creditorwatch Pty Ltd., y se espera que la tasa aumente en los próximos 12 meses.
La oposición australiana ha prometido límites aún más estrictos, sin especificar sus propuestas políticas.
Los votantes australianos acudirán a las urnas en mayo de 2025 con un sentimiento que se inclina en contra de la inmigración rápida: una encuesta realizada en mayo mostró que el 66% de los encuestados opinaba que la entrada de inmigrantes en 2023 “era demasiado alta” y el 50% deseaba que el gobierno realizara recortes más profundos a la inmigración.
Está previsto que una investigación parlamentaria sobre la legislación propuesta presente su informe el jueves. Dado que la legislación propuesta cuenta con apoyo bipartidista, los analistas esperan que sea aprobada por el parlamento este año, aunque las universidades aún podrían persuadir al gobierno para que suavice algunas propuestas.
“La inmigración se perfila como un frente de batalla clave en el periodo previo a las elecciones federales y el sector universitario se perfila como el chivo expiatorio”, dijo Vicki Thomson, directora ejecutiva del Group of Eight (Grupo de los Ocho), en su declaración de apertura de una audiencia parlamentaria en la que se revisó la legislación propuesta el 6 de agosto. “Esta legislación apresurada y mal enmarcada es un ejemplo clásico de adaptación de la política para adaptarse a una política dudosa”.
-- Con la colaboración de Ben Westcott, Carmeli Argana y Helen Yuan.
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