Bloomberg — Cuando se reúnan los representantes de 196 países en la COP16, que se celebrará en Cali (Colombia) en el mes de octubre, una de las prioridades de la agenda será intentar conseguir el dinero suficiente para cubrir el déficit de financiación anual de US$200.000 millones para proteger y restaurar la biodiversidad.
De momento, las propuestas abarcan desde donaciones de los países ricos a fondos de impacto o bonos de capital privado, así como un nuevo mercado mundial para los llamados créditos de biodiversidad, es decir, instrumentos negociables que representan una unidad de naturaleza protegida o restaurada (similares a los créditos de carbono).
Se solicitaría a los conglomerados de sectores como el farmacéutico, la biotecnología y la agricultura que contribuyan a un fondo destinado a compensar a los países de donde proceden sus recursos. A su vez, esos fondos se destinarían a proteger la naturaleza.
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“Se trata de un nuevo planteamiento”, afirma Siva Thambisetty, profesora asociada de Derecho en la London School of Economics. “Durante mucho tiempo hemos visto estos recursos como abundantes, renovables y ‘gratuitos’, y esta situación está cambiando”.
En la última década, la innovación tecnológica ha cambiado fundamentalmente la forma en que las empresas hacen uso de los recursos genéticos del mundo. Éstos incluyen microbios, plantas o animales que contienen genes de valor para la ciencia o el desarrollo comercial de fármacos, vacunas y alimentos.
En el pasado, los investigadores interesados en la savia de los árboles de Malasia o las orquídeas de Camerún simplemente iban allí y exportaban muestras.
En torno a este proceso se ha construido un reglamento mundial sobre el acceso a esos recursos y el reparto de los beneficios derivados de ellos, consagrado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de 1992 y su acuerdo complementario, el Protocolo de Nagoya, adoptado en 2010.
Hoy en día, sin embargo, es más probable que los investigadores tomen una huella digital de ese recurso genético, la suban a una base de datos y la utilicen en un laboratorio en el extranjero.
No existe ninguna norma mundial que regule cómo se debe pagar a los países por esa “información de secuencia digital” (DSI, por sus siglas ein inglés) de sus recursos genéticos. Los países en desarrollo han presionado para que se tomen medidas que cierren esta laguna, que algunos han calificado de “biopiratería”.
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“De repente aparece este corpus de datos en línea, cuyo origen es muy difícil de rastrear, y una empresa, sin mala intención, está sacando esos datos y utilizándolos para obtener un valor comercial”, afirmó Glen Gowers, CEO de Basecamp Research, una empresa de datos biológicos. “La información digital de secuencias trata de capturar ese flujo digital de valor desde la biodiversidad a la biotecnología”.
En la COP15 de Montreal, las partes del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica acordaron crear un nuevo mecanismo financiero para abordar este nuevo escenario. Deben decidir con precisión cómo funcionará en la COP16.
Los delegados se reunirán la próxima semana para las negociaciones finales previas al evento de octubre.
Debatirán qué sectores industriales deben ser el objetivo, cómo se activará un pago así como quién supervisará y se beneficiará del fondo. También discutirán si las empresas que dependen de la DSI deben contribuir con una parte de sus ingresos totales o sólo con una tajada de los beneficios de los productos basados en la DSI.
Las propuestas de contribución oscilan entre el 0,1% y el 1% de los ingresos, lo que, según las estimaciones de la ONU, podría reportar a la naturaleza US$1.000 o US$10.000 millones al año, respectivamente, lo que podría constituir la mayor contribución mundial a la financiación de la biodiversidad hasta la fecha.
Los países africanos están dispuestos a ir aún más lejos y proponen el 1% de todas las ventas mundiales al por menor, lo que por sí solo podría colmar el déficit de financiación de US$200.000 millones al año. “Es un céntimo de dólar para salvar la vida en la tierra”, afirmó Pierre du Plessis, asesor técnico del grupo de negociadores africanos.
Se esperan reacciones en contra. Países como Japón y Suiza se han resistido a un mecanismo obligatorio, y el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline (GSK) ha advertido de posibles “implicaciones negativas para la salud pública”.
En última instancia, la era del acceso desenfrenado a las bondades de la naturaleza podría llegar pronto a su fin. "Están surgiendo nuevos mecanismos de responsabilidad", afirmó Thambisetty. "La dirección de la marcha es que la biodiversidad no es gratis".
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Las finanzas sostenibles en breve
Contaminados ya por las acusaciones generalizadas de lavado verde (greenwashing), los argumentos de que los créditos de carbono no son una estrategia viable para luchar contra el calentamiento global siguen acumulándose.
El principal árbitro mundial de los objetivos climáticos de las empresas, la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia, describió los instrumentos como en su mayoría “ineficaces” en una nueva revisión, un informe que probablemente resonará aún más dado el reciente roce del grupo con la controversia.
Mientras tanto, un grupo clave de supervisión de la industria anunció que los créditos que representan un tercio del mercado de compensación de carbono no merecerán su etiqueta de calidad.
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- Las condiciones climáticas extremas que provocaron incendios forestales, sequías e inundaciones elevaron las pérdidas aseguradas un 70% por encima de las normas históricas en el primer semestre de 2024, según nuevos datos compilados por Munich Re.
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