Bloomberg — Los activos financieros que debe comprar y vender un banco central no son una cuestión novedosa.
Tradicionalmente, la Fed se ha centrado en valores del Tesoro a corto plazo, pero la relajación cuantitativa la llevó a comprar títulos hipotecarios y papel comercial de calidad en cantidades importantes. Generalmente, las reservas de los bancos centrales suelen ser de oro y divisas.
Además, el gobierno de Estados Unidos mantiene reservas de algunas materias primas clave, como su Reserva Estratégica de Petróleo.
El Tesoro también dispone de reservas de divisas y SDR, (por sus siglas en inglés, derechos especiales de giro), y numerosos gobiernos extranjeros van más lejos y cuentan con importantes fondos soberanos que comprenden acciones, recursos naturales (Canadá dispone de su propia reserva estratégica de sirope de arce) y otros activos.
Y ahora el bitcoin.
La senadora de Wyoming Cynthia Lummis ha propuesto un proyecto de ley para que el Tesoro cree una reserva de US$67.000 millones (al valor actual) de la criptodivisa, y el nominado presidencial republicano Donald Trump respalda la idea, alegando que sería “un activo nacional de carácter permanente que beneficiaría a todos los ciudadanos de Estados Unidos”.
Puede que la propuesta no sea una legislación en serio, ya que es muy poco probable que se apruebe, aunque plantea una pregunta importante: ¿Bajo qué circunstancias puede justificarse la compra por parte del gobierno de criptodivisas?
No se trata de una hipótesis. El fondo de pensiones de Jersey City tiene planes de invertir en bitcoin, como ya lo hace el estado de Wisconsin. Bien podría ser que estos planes, y la politización de Bitcoin en otros contextos, estén complaciendo a los poseedores de criptomonedas y poniendo el dinero de los contribuyentes en un riesgo inaceptable.
Sin embargo, si entidades privadas respetables están invirtiendo en bitcoin, como de hecho es el caso de los ETF financieros actuales, es poco probable que la “separación del estado y bitcoin” dure para siempre.
Para ver una versión del caso de las compras gubernamentales de bitcoin, pensemos en Argentina, donde la hiperinflación del pasado ha hecho que tanto el dólar como el bitcoin sean muy populares.
Las tasas de inflación están disminuyendo bajo el gobierno del presidente Javier Milei, pero el futuro monetario de Argentina probablemente seguirá contando con ambas monedas. Milei incluso lo sugirió recientemente.
El Salvador es otro ejemplo de ello. El país ya está totalmente dolarizado y el presidente Nayib Bukele ha estado tomando medidas para fomentar el uso y la inversión en criptomonedas.
Hasta ahora, su pretendida revolución cripto no ha despegado, pero el país ofrece condiciones muy favorables para los usuarios e inversores de criptomonedas. Si las criptodivisas cobran importancia, parte de esa actividad financiera puede tener lugar en El Salvador, aunque solo sea por razones regulatorias.
En resumen, puede haber varios gobiernos que utilicen dólares y criptomonedas como una parte importante de su base monetaria natural, junto con la moneda nacional (si aún existe). De hecho, cuanto más se extienda la dolarización, más puede aumentar la demanda de criptomonedas y bitcoin.
Muchos países son conscientes de las ventajas de utilizar el dólar, pero también pueden llegar a ver las criptomonedas como una herramienta útil que debilita la capacidad del gobierno estadounidense de aplicar sanciones financieras.
El resultado final puede ser una mayor dolarización, pero con las criptomonedas como un sistema financiero complementario de respaldo. Las criptodivisas también podrían dar a esos países una oferta monetaria más elástica, en caso de que consideren que la política de la Reserva Federal es demasiado restrictiva para su economía.
Volviendo a las preocupaciones internas de Estados Unidos: si las criptomonedas y el dólar se complementan a nivel internacional, el gobierno estadounidense podría querer fomentar las criptodivisas como una forma de expandir el alcance del dólar. El dólar realmente se afianzaría aún más como moneda de reserva global, lo que impulsaría los posibles niveles de consumo en Estados Unidos.
Para continuar con esta línea de razonamiento, es útil preguntarse qué podría hacer Estados Unidos para fomentar el uso de las criptomonedas. Si la Reserva Federal o el Tesoro compraran y mantuvieran una cantidad modesta de bitcoins, como lo harían con una moneda extranjera de menor categoría, eso ayudaría a legitimar el activo a los ojos de los mercados financieros globales.
El efecto a largo plazo también podría ser el de impulsar la demanda de dólares.
Incluso en este escenario, la compra de criptomonedas por parte del gobierno no es una opción irrefutable. Una advertencia es que el gobierno podría comprar tantas criptomonedas que se convierta en una fuerza importante a la hora de fijar su precio.
Los votantes que poseen criptomonedas podrían entonces presionar al gobierno para que aumente o mantenga el valor de sus carteras, de la misma manera que los propietarios de viviendas suelen apoyar las regulaciones de zonificación o la deducción hipotecaria. Los mercados de criptomonedas se politizarían.
También existe la preocupación de que una aceptación gubernamental demasiado estricta pueda hacer que los innovadores de las criptomonedas se muestren vacilantes y demasiado conservadores. No siempre es bueno para la innovación tener al gobierno como cliente principal. Esa es una razón para esperar que cualquier inversión del sector público en bitcoin sea modesta.
Sin embargo, pase lo que pase, la separación entre el gobierno y las criptomonedas llegará a su fin. Mi única sugerencia es que cualquier cambio se haga de forma lenta, modesta y lo más alejada posible de la política.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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