Bloomberg — La fiscalía superior de Perú dijo el martes que había presentado una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por presunto homicidio en la muerte de 44 personas, en medio de lo que dijo eran “graves violaciones de los derechos humanos”.
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La denominada denuncia constitucional tiene su origen en las masivas protestas contra Boluarte a principios de su presidencia y la respuesta del gobierno para detenerlas. Las organizaciones de derechos humanos han afirmado que la policía y las fuerzas armadas de Perú mataron a manifestantes inocentes y publicaron vídeos en los que se veía a las fuerzas del orden disparando contra civiles.
Al anunciar la denuncia, la fiscalía dijo que 41 personas habían sido asesinadas con armas de fuego y que otras 78 habían resultado heridas por ellas.
La denuncia debe ser revisada por el Congreso para seguir adelante, ya que implica a un presidente en ejercicio. Pero añade más problemas legales a Boluarte, una presidenta muy poco querida con índices de aprobación de un solo dígito. También está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito por el uso de relojes Rolex y otras joyas caras que probablemente no podía permitirse.
Boluarte ha negado cualquier irregularidad durante su gobierno y ha dicho que las protestas contra ella fueron violentas y que cualquier respuesta estaba destinada a pacificar el país. Su principal ayudante, el primer ministro Gustavo Adrianzen, aplaudió a primera hora del martes la decisión de abandonar una investigación separada contra Boluarte por presunto genocidio durante las protestas antigubernamentales.
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