La escasez de vivienda estadounidense se plantea con frecuencia como un problema de oferta. Dependiendo de a quién se le pregunte, el déficit oscila entre 1,5 y 7 millones de unidades. La mayor parte del debate político se centra en cómo cerrar esa brecha.
Sin embargo, existe un problema más complejo y menos manejable: incluso si se construyen más viviendas, de poco servirá si las personas no pueden acceder a ellas. Y hay demasiados que no se lo pueden permitir.
Hay muchas soluciones viables para el déficit de vivienda.
Si así lo desea, el Congreso podría impulsar la oferta expandiendo el crédito fiscal a la vivienda de renta baja, respaldando la vivienda pública y alentando a las instituciones religiosas a construir en sus terrenos (¡sí, en el patio trasero de Dios!).
Los gobiernos estatales y locales podrían reformar las normas de zonificación, los códigos de construcción y los impuestos sobre la propiedad para incentivar más la construcción y el uso productivo del espacio.
En vista de la heterogeneidad del mercado de viviendas, con una gran variedad de tamaños, tipos y propietarios, un enfoque heterogéneo es justo lo que se precisa.
Supongamos que Estados Unidos logra añadir 7 millones de viviendas. ¿Se volverá asequible para todos? Lo dudo. Sin duda, la oferta adicional reducirá los precios, pero no lo suficiente para los millones de familias con ingresos extremadamente bajos del país.
Consideremos la regla estándar de asequibilidad: la vivienda no debería ocupar más del 30% de los ingresos.
Según esa medida, el décimo de los trabajadores estadounidenses con ingresos más bajos no puede permitirse más de US$733 al mes. Casi 900.000 trabajadores que ganan el salario mínimo o menos no pueden permitirse más de US$377, y eso suponiendo que trabajen 40 horas a la semana todas las semanas del año.
Mientras tanto, el alquiler medio de un apartamento tipo estudio supera los US$1.500 dólares. Una mayor oferta podría reducir ese precio lo suficiente para el trabajador medio, que puede pagar US$1.480 al mes.
Pero será mucho más difícil hacer que incluso los lugares más baratos sean asequibles para los trabajadores más pobres, especialmente teniendo en cuenta que en los últimos diez años ha disminuido el número de alquileres de bajo coste.
Sin duda, la vivienda pública y los vales de vivienda pueden ayudar, pero el problema de fondo es la política laboral federal, que de manera agresiva y sistemática pretende mantener bajos los salarios.
El salario mínimo no ha aumentado en 15 años , por lo que es inferior al de Turquía.
Las leyes débiles y la aplicación laxa de las mismas permiten que florezcan el robo de salarios y la explotación infantil. Una proporción mucho mayor de trabajadores se ve relegada a empleos de bajos salarios que en otras naciones desarrolladas.
La asequibilidad de la vivienda tiene dos elementos: el costo de una vivienda y los ingresos de sus ocupantes. Aumentar la oferta puede ayudar a resolver el primero, pero la crisis de la vivienda no desaparecerá a menos que Estados Unidos cambie radicalmente su enfoque respecto del segundo.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
Lea más en Bloomberg.com
