Bloomberg Línea — Los puertorriqueños celebrarán en noviembre el séptimo referéndum de su historia para definir si la isla debe convertirse en un estado de Estados Unidos, un país independiente o acordar libre asociación con el país norteamericano, anunció esta semana el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
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De acuerdo con el gobernador, su decisión está respaldada por la Ley 165 de 2020, que le permite convocar a un plebiscito sin el aval de la Asamblea Legislativa.
El plebiscito se celebrará el mismo día que las elecciones generales, previstas para el 5 de noviembre.
Desde 1898, Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos. La isla está en posesión estadounidense gracias al Tratado de París, resultado de la guerra hispano-estadounidense, por lo que solo tiene cierto grado de autonomía, como Gobierno y Constitución propios.
“Esta consulta plebiscitaria es un mecanismo para presionar al Congreso para resolver nuestro problema de estatus. Nada tiene más peso que la expresión de nuestro pueblo. De eso se trata la autodeterminación”, dijo Pierluisi al ser cuestionado por medios nacionales sobre el carácter no vinculante de la consulta y las decisiones que tomará una vez conozca los resultados.
Según Pierluisi, en caso de que el Congreso de Estados Unidos no tome acciones con base en los resultados de la votación, “Puerto Rico tiene el derecho y la obligación moral de continuar ejerciendo presión, reiterando su derecho a la autodeterminación”; lo que sugiere que los plebiscitos continuarán hasta que se vea acción desde Washington.
El anuncio se da varios días después de que Pierluisi sufriera una derrota electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista frente a Jenniffer González, pero el político de 65 años dijo que la convocatoria al plebiscito no es una estrategia política.
El gobernador dijo que el asunto del estatus político de un siglo de antigüedad “afecta en gran medida a la economía, el acceso a los servicios y la falta de igualdad de derechos del pueblo”.
El 5 de noviembre, a los votantes puertorriqueños se les ofrecerán cinco boletas en las elecciones generales: gobernador y comisionado residencial; municipal; Asamblea Legislativa; la de consulta y elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero esta última sería un ejercicio “simbólico”, ya que los habitantes de la isla de 3,2 millones de personas no tienen ese derecho de voto.
La Comisión Estatal Electoral (CEE) —responsable del proceso de impresión de las boletas— tiene asignada una partida económica para cubrir los costos de la consulta de estatus, que incluye, además del diseño y copia de las boletas, un proceso de educación electoral.
En X (antes Twitter), el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, dijo el anuncio de convocar una consulta de estatus para el día de las elecciones generales se trata de “otro engaño más a los estadistas (anexionistas).
“Los que creemos en serio en la descolonización, no jugamos a plebiscitos de mentiras”, dijo.
En el último referéndum celebrado en noviembre de 2020, el 53% votó a favor de la estadidad y el 47% en contra, y solo alrededor de la mitad de los votantes registrados participaron en las generales.
En junio, dos docenas de organizaciones independentistas y soberanistas hablaron ante una sesión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre Puerto Rico. El comité ha afirmado el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia más de 40 veces.
