Bloomberg — El Tribunal Supremo de EE.UU. se pronunciará este lunes sobre la afirmación de Donald Trump de que es inmune a cargos penales por los intentos de anular las elecciones de 2020, con una fuerte posibilidad de que el caso sea devuelto a un tribunal inferior para más disputas legales.
La opinión del tribunal puede reducirse a esto: ¿Actuaba como presidente o como ciudadano privado?
Algunos de los nueve magistrados indicaron durante los argumentos orales del 25 de abril que, en su opinión, los expresidentes pueden ser procesados, pero solo por conducta privada mientras estaban en el cargo. Varios magistrados -entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts- hablaron de pedir al tribunal inferior que examinara más detenidamente las acusaciones para distinguir lo que forma parte del trabajo de un presidente y lo que no.
Un fallo mixto supondría un desafío para el abogado especial Jack Smith, reduciendo potencialmente su histórico caso e impidiendo que llegue a juicio antes de la revancha de Trump en noviembre contra el presidente Joe Biden. Y si gana, Trump podría ordenar al Departamento de Justicia que abandone el caso.
Pero cualquier fallo que mantenga vivo el caso es un revés también para Trump, dejando al expresidente en riesgo de cargos criminales que podrían resultar en años tras las rejas.
Los magistrados indicaron que podrían devolver el caso a la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, que supervisa el caso. Los presidentes ya gozan de inmunidad civil por “todos los actos dentro del “perímetro exterior” de sus funciones oficiales”, según una sentencia del Tribunal Supremo de 1982 en un caso no relacionado. Pero el tribunal no ha sopesado si un presidente es inmune a cargos penales.
“Las acusaciones en la acusación pendiente parecen dirigidas sobre todo a la conducta de Trump como candidato, en contraposición a su conducta como presidente”, dijo la exfiscal federal Barbara McQuade, añadiendo que Smith podría tener una fácil solución si algún fallo fuera en contra del gobierno. “Dependiendo de dónde marque la línea el tribunal, Jack Smith tendría la opción de eliminar de la acusación cualquier conducta que pudiera argumentarse que es inmune a la acusación”.
Smith y sus fiscales dijeron que las decisiones sobre qué acciones pueden ser enjuiciadas deben resolverse a medida que el caso se lleva a juicio, mediante resoluciones del juez e instrucciones al jurado. El equipo de Smith dijo en una presentación legal que deberían poder hacer referencia a actos oficiales durante el juicio, incluso si esos actos no pueden ser enjuiciados.
Sin embargo, los magistrados ya han expresado su escepticismo ante el argumento generalizado de Trump de que la acusación debe ser desestimada porque se basa en gran medida en sus actos oficiales tras las elecciones de 2020. Trump dice que estaba tratando de impedir lo que alegó sin pruebas que eran unas elecciones amañadas.
La clave para determinar lo que es privado frente a oficial puede reducirse a un análisis anterior de la conducta de Trump por un tribunal de apelaciones, en un litigio civil paralelo sobre los disturbios del 6 de enero. En esos casos, el tribunal de apelaciones rechazó la solicitud de Trump de inmunidad frente a demandas civiles por su conducta en el cargo y no pidió al Tribunal Supremo que interviniera.
Los jueces del Tribunal Supremo también revelaron su pensamiento sobre los actos privados frente a los oficiales al interrogar al abogado de Trump durante los argumentos orales.
Modos y medios
La acusación no desglosa la supuesta conducta de Trump entre las dos categorías. En su lugar, el documento describe la “manera y los medios” en los que Trump supuestamente conspiró para “obstruir y derrotar” al gobierno federal después de perder las elecciones. Smith lo desglosó en cinco categorías que se derivan todas de la falsa afirmación de Trump de que las elecciones estaban amañadas en su contra.
- Presionó a legisladores estatales y funcionarios electorales para que ignoraran el voto popular
- Organizó listas fraudulentas de electores en siete estados objetivo
- Intentó utilizar al Departamento de Justicia para llevar a cabo falsas investigaciones de delitos electorales y presionar a los estados para que aceptaran electores falsos
- Intentó reclutar al ex vicepresidente Mike Pence para que utilizara su "papel ceremonial" el 6 de enero para alterar fraudulentamente los resultados electorales
- Explotó el asalto al Capitolio por una turba de sus partidarios para retrasar la certificación
Preguntas de los jueces
El abogado de Trump, John Sauer, reconoció durante los argumentos de abril ante el Tribunal Supremo que algunas supuestas acciones citadas en la acusación de Smith suenan a negocios privados y podrían ser enjuiciadas. La jueza Amy Coney Barrett, una de las tres designadas por Trump en el tribunal de 6-3 de tendencia conservadora, interrogó a Sauer sobre una lista de acciones.
Barrett le preguntó sobre recurrir a un abogado privado dispuesto a difundir a sabiendas falsas afirmaciones de fraude electoral o conspirar para ingresar una presentación judicial que contenga alegaciones falsas. Privado, aceptó Sauer.
¿Dirigir un esfuerzo en el que participaran actores y abogados privados "para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales con el fin de obstruir el procedimiento de certificación", preguntó? También privado.
Sauer citó una lista de acciones descritas en la acusación que el equipo de Trump cree que representan asuntos oficiales, como reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia, decidir quién va a ser el fiscal general en funciones, comunicarse con el público estadounidense y comunicarse con el Congreso sobre asuntos de interés federal.
Orientación sobre casos civiles
Un conjunto de demandas civiles separadas que buscan responsabilizar a Trump por el ataque al Capitolio fueron devueltas a un juez en diciembre para que analizara si sus acciones -especialmente su participación en un mitin el 6 de enero- eran oficiales y tenían derecho a inmunidad. Se espera que ese proceso se alargue hasta el otoño. Pero un tribunal de apelación proporcionó algunas orientaciones que podrían arrojar luz a la hora de abordar la cuestión de la inmunidad penal.
"Si está revestido de los adornos de una función oficial basada en indicios objetivos, es más probable que constituya un acto oficial a efectos de inmunidad que si lleva los distintivos de una actividad de campaña de reelección", escribió un panel del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito DC.
En el caso civil, los abogados de Trump dispusieron de varios meses para reunir pruebas sobre si se utilizaron recursos gubernamentales para financiar u organizar el mitin. En el caso penal, Chutkan probablemente solicitaría informes a Trump y Smith y celebraría audiencias para determinar el desglose privado frente al oficial de las acciones en la acusación.
El proceso podría ser desordenado y disputado, dijo David Weinstein, exfiscal federal. El calendario depende de si el equipo de Trump puede apelar inmediatamente las decisiones y de si son jueces o jurados quienes toman las determinaciones.
"Creo que examinarán los cargos de la acusación", dijo Weinstein, ahora socio de Jones Walker LLP. "La carga va a estar en la defensa para demostrar que Trump estaba haciendo esto en el curso de sus funciones oficiales. Entonces la pregunta es qué carga de la prueba van a exigir".
Lea más en Bloomberg.com
