Bloomberg — Miguel Gutiérrez, exCEO Americanas SA (AMER3), fue detenido a primera hora de este viernes en Madrid en el marco de una investigación sobre un fraude contable masivo en la empresa minorista brasileña.
La policía federal brasileña confirmó la detención del “principal objetivo” de su operación en España a primera hora del viernes, identificándolo únicamente como el exCEO de Americanas, y añadió que Interpol llevó a cabo el arresto.
La detención se produce un día después de que la policía llevara a cabo órdenes de detención y registro en Río de Janeiro en el marco de su mayor operación hasta la fecha sobre el caso.
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Gutiérrez, junto con la exdirectora Anna Saicali, fueron objeto de órdenes de detención, pero la policía declaró que ambos habían huido del país. Sus nombres se incluyeron entonces en las denominadas difusiones rojas de Interpol.
Gutiérrez, que tiene la doble nacionalidad española y brasileña, está acusado de ser el cerebro del fraude contable de Americanas, calculado en 25.300 millones de reales (US$4.500 millones), que sumió a la empresa en una crisis a principios de 2023.
Una portavoz de su equipo legal no devolvió un correo electrónico en busca de comentarios.
El exejecutivo, que pasó más de dos décadas en el minorista, ha estado en España desde mediados de 2023 y previamente negó las acusaciones, llamándose a sí mismo un “chivo expiatorio”. Sus abogados dijeron el jueves que “nunca participó ni tuvo conocimiento de ningún fraude” y que está colaborando con las autoridades cuando se le requiere.
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¿De qué se trata el caso?
El caso, que sacudió los sectores empresarial y financiero locales a principios de 2023, es uno de los mayores escándalos empresariales de la historia de Brasil. La atención fue aún mayor porque los mayores accionistas de Americanas son también algunos de los empresarios más ricos de Brasil.
Los multimillonarios Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira y Marcel Telles son propietarios de la empresa desde principios de la década de 1980 y han acordado inyectar 12.000 millones de reales en la compañía como parte de un plan de recuperación para sanear 50.000 millones de reales de deuda tras el escándalo.
El informe de 183 páginas del fiscal, publicado esta semana, presenta numerosas pruebas que le señalan como autor intelectual.
La policía investiga posibles fraudes contables y de marketing, manipulación del mercado y uso de información privilegiada. Varios antiguos ejecutivos han firmado acuerdos de culpabilidad y cooperan con las autoridades.
Entre las pruebas presentadas había correos electrónicos y mensajes de WhatsApp enviados entre los ejecutivos en los que se discutían cifras e intentos de ocultar el verdadero estado de las finanzas de la empresa. El círculo cercano al CEO ocultó acuerdos de financiación de la cadena de suministro y creó falsos contratos publicitarios, y determinados informes solo se entregaban a Gutiérrez a través de pen drive, según la Fiscalía.
Los ejecutivos también vendieron acciones por valor de cientos de miles de reales en 2022, cuando quedó claro que Gutiérrez sería sustituido por un CEO externo, lo que las autoridades investigan como uso de información privilegiada.
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“No hay duda de que Miguel Gutiérrez tenía pleno conocimiento del fraude cometido al interior del grupo Americanas”, se lee en un apartado. “Existen otras innumerables pruebas de que todo el fraude fue dirigido por Miguel Gutiérrez”.
El tribunal federal de Brasil aún no ha solicitado la extradición, según personas con conocimiento directo del caso. El juez que ordenó la detención debe hacer la petición al ministerio de Justicia, que analiza la solicitud y la remite al ministerio de Asuntos Exteriores del país, que a su vez la solicita a un tribunal español.
Según los procedimientos del código penal, las detenciones preventivas deben reevaluarse cada 90 días. El tribunal responsable del caso es el “10º Tribunal Penal Federal de la Sección Judicial de Río de Janeiro”, por lo que el juicio tendría lugar allí.
Brasil y España tienen un acuerdo de extradición que data de 1990, cuando entró en vigor, según el decreto. En el caso de un ciudadano de ambos países, no hay obligación de extraditar a la persona, aunque podría ser juzgada en el otro país en determinadas circunstancias.
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