Bloomberg — La oposición de Venezuela se negó a sellar un pacto propuesto por el presidente Nicolás Maduro para obligar a los candidatos a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, elevando las tensiones entre las partes antes de la votación.
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Maduro refrendó el jueves el acuerdo con siete candidatos poco conocidos. El aspirante opositor Edmundo González había indicado que no lo firmaría, pues el gobierno ya había violado un acuerdo electoral al revocar una invitación a la Unión Europea para observar la votación. Un disidente de la oposición, Enrique Márquez, tampoco firmó el acuerdo.
Al mismo tiempo, el gobierno ha intensificado la represión de la disidencia política en los días previos al inicio oficial de la campaña, el 4 de julio, deteniendo a cuatro activistas de la oposición y a periodistas y prohibiendo la entrada a los alcaldes de las ciudades de provincia donde González y la líder de la oposición María Corina Machado han celebrado mítines.
González, que aventaja a Maduro por al menos 20 puntos porcentuales en las encuestas de opinión de los votantes, dijo que el acuerdo era una "muestra del sesgo que caracteriza la campaña desigual". Aún así, dijo que no había razón para dudar de que se sometería a la voluntad del pueblo.
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Entre otras cosas, el acuerdo compromete a los firmantes a competir "en un clima de paz", para que durante el proceso electoral y después "no se desconozca la voluntad del pueblo con actos de violencia y desestabilización".
Maduro, de quien se dice que aún cree que puede vencer a González con los votos suficientes pero que tiene planes de respaldo para aferrarse al poder si no lo logra, ha estado anticipando que la oposición se está preparando para decir que ha habido fraude y para protestar.
El miércoles, el Centro Carter aceptó la invitación de la autoridad electoral venezolana para observar las elecciones. La organización, con sede en Atlanta, desplegará una misión técnica el 29 de junio. En una nota a los clientes, los analistas de Barclays Alejandro Arreaza y Jason Keene dijeron que esto “debería contribuir a la transparencia del proceso, y también podría desempeñar un papel crítico en la contención del riesgo de posibles manipulaciones.”
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