Bloomberg — El ejército israelí sigue adelante con sus operaciones contra Hamás en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, a pesar de un fallo de la Corte Internacional de Justicia que le ordena detener esa actividad en nombre de la protección de los civiles.
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Funcionarios israelíes dicen que interpretan el fallo del viernes en La Haya en el sentido de que permite continuar con la incursión siempre que se haga con cuidado, y añaden que el ejército está llevando a cabo ataques selectivos en Rafah, muy lejos de una invasión total.
Al mismo tiempo, las negociaciones sobre un alto al fuego en Gaza parecen a punto de reanudarse esta semana tras una reunión en París entre el jefe de los servicios de inteligencia israelíes, el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores qatarí.
Las conversaciones, cuyo objetivo era intercambiar rehenes israelíes por prisioneros palestinos y llegar a una pausa prolongada en los combates, se han venido abajo por la insistencia de Hamás en que conduzcan al fin de la guerra. Israel dice que la guerra sólo puede terminar con la derrota de Hamás. Los mediadores están buscando un lenguaje que ambas partes puedan aceptar.
En una sentencia dictada el viernes, la CIJ dijo que “Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah, que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial”.
La redacción de la frase ha dado lugar a interpretaciones divergentes. Muchos la consideran una orden de detener la ofensiva, y así se informó ampliamente de ella el viernes. Pero los oficiales israelíes dicen que la orden es condicional - que sus militares deben detener cualquier acción que pueda destruir civiles.
La campaña en Rafah no “conducirá a la destrucción de la población civil palestina”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, en una declaración conjunta con los asesores jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En declaraciones posteriores al Canal 12 de Israel, Hanegbi declaró: “Lo que nos piden es que no cometamos un genocidio en Rafah. No cometimos genocidio y no lo cometeremos”.
Algunos juristas liberales de Israel están de acuerdo.
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“La CIJ no prohibió todas las operaciones israelíes en Rafah”, dijo Mordechai Kremnitzer, especialista en derecho internacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto Israelí para la Democracia. “Se ordenó a Israel que evitara operaciones que infligieran daños a la población palestina de Gaza y que evitara condiciones que pudieran provocar su destrucción física”.
Añadió que su interpretación se ve reforzada por el hecho de que el tribunal no ordenó a Hamás que liberara a los rehenes y dejara de disparar misiles contra Israel, y no es razonable que el tribunal ordene a un bando que se detenga pero no al otro.
Las sirenas sonaron alrededor de Tel Aviv el domingo, llevando a los residentes a refugios antiaéreos después de que se dispararan ocho misiles desde Rafah, según el ejército. Hamás reivindicó la responsabilidad. El sistema de defensa aérea de Israel los interceptó todos.
Fue la primera andanada de misiles de este tipo que alcanzaba Tel Aviv en meses, una señal, según los portavoces militares, de que Hamás ha estado introduciendo nuevas armas de contrabando en Rafah desde Egipto, una razón clave por la que Israel sostiene que necesita enviar sus fuerzas allí.
Sea lo que sea lo que la mayoría quiso decir en su fallo de 13 a 2, los países miembros pueden llevar su caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que podría ordenar a Israel que detuviera su incursión militar en Rafah a riesgo de sanciones.
Para evitarlo, Israel contaría con el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Dadas las recientes tensiones entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Joe Biden, en Jerusalén existe la preocupación de que Washington no se apresure a acudir en su ayuda, aunque parece probable que al final emita un veto.
La tensión con Estados Unidos, que se ha ido acumulando a lo largo de los siete meses de guerra en Gaza, se ha intensificado a causa de Rafah. Alrededor de 1,4 millones de palestinos se refugiaban en Rafah cuando Israel dijo que debían trasladarse a zonas más seguras dentro del enclave costero para preparar su invasión, cuyo objetivo es acabar con lo que dice que son los cuatro batallones de Hamás que quedan allí.
Estados Unidos dijo que no hay ningún lugar seguro al que puedan ir esos refugiados internos y que el flujo de bienes humanitarios muy necesarios hacia Gaza se detendría de nuevo si la operación de Rafah seguía adelante.
De hecho, casi un millón de palestinos han huido de Rafah a zonas de Gaza que están, al menos en parte, destruidas, muchas de ellas sin saneamiento adecuado ni suministro de agua.
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David Satterfield, asesor principal para Gaza del Departamento de Estado de EEUU, afirmó que, como consecuencia de la operación de Rafah, una crisis humanitaria que se estaba ralentizando corre de nuevo el riesgo de descontrolarse.
Uno de los problemas ha sido la paralización de la ayuda procedente de Egipto desde que comenzó la operación Rafah. El domingo, parte de esa ayuda empezaba a entrar en Gaza a través del cruce israelí de Kerem Shalom, según un portavoz militar israelí.
La guerra comenzó el 7 de octubre después de que miles de operativos de Hamás cruzaran al sur de Israel, matando a 1.200 personas y secuestrando a otras 250. El contraataque israelí ha matado a unos 35.000 gazatíes, según los responsables de Hamás, que no distinguen entre civiles y combatientes. Estados Unidos y la Unión Europea consideran a Hamás una organización terrorista.
