Hace tan solo dos años, el presidente panameño de la época, Laurentino Cortizo, se jactaba del éxito del país, asegurando que era el producto de la unidad política, la colaboración estrecha entre el gobierno y el empresariado y de las maravillas en términos logísticos.
Lo que él ignoraba era que cuando su periodo estuviese a unos meses de concluir, a mediados del año 2024, ya no serían tan sólidos todos los cimientos que hicieron de Panamá la economía más próspera de América Latina durante los últimos treinta años.
Desde las declaraciones de Cortizo, en esta nación centroamericana se han generado disturbios sociales, se canceló una mina de cobre de US$ 10.000 millones (la principal inversión privada en el país) y surgen grandes dudas acerca de la viabilidad fiscal del gobierno tras la pérdida de su calificación de grado de inversión por la agencia Fitch Ratings.
Y la maravilla de la ingeniería del país que es el Canal de Panamá es ahora víctima de una sequía inédita que ha generado un embotellamiento de la carga y forzado la puesta en marcha de planes de emergencia para sanear un canal por el que transitan US$270.000 millones al año del comercio mundial.
Este conjunto representa una auténtica crisis vital para Panamá: el país que sedujo a grandes empresas y bancos por su apertura comercial, sus leyes favorables a los negocios y una economía nacional dolarizada (que hizo de la capital panameña un centro financiero lleno de rascacielos, al estilo de Miami), se enfrenta a la necesidad imperiosa de reinventarse.
Desde esta perspectiva hay que mirar la presidencia de José Raúl Mulino, vencedor en las elecciones de este domingo y que asumirá el cargo el 1 de julio. Habrá que estar muy atentos a los lineamientos que adopte su nuevo gobierno, porque la importancia geopolítica de Panamá excede el tamaño de su territorio.
Ciertamente, los problemas que Mulino tendrá en sus manos son un pequeño reflejo de los mayores desafíos de Latinoamérica: sus divisiones políticas, la insatisfacción popular ante la corrupción y la ausencia de trabajos de calidad, la cada vez mayor emigración, el acelerado deterioro de las arcas públicas y los efectos del cambio climático en las actividades empresariales.
Aunque Panamá duplicó el producto interior bruto per cápita medio de la región durante este siglo y logró los niveles de ingresos de un país del este europeo, continúa inmersa en las mismas dificultades de sus países vecinos.
La buena noticia es que, a diferencia de algunos de sus pares regionales, el presidente entrante tiene un fuerte sesgo a favor del sector privado: “Promoveremos un Gobierno en pro de la inversión y de la empresa privada”, dijo a sus partidarios durante su primer mitin como presidente electo el 5 de mayo, comprometiéndose también a construir un equipo “con la mejor gente” sin olvidar a los necesitados.
La mala noticia es que Mulino llegó al poder mediante el tipo de acuerdo poco ortodoxo que con demasiada frecuencia ha desestabilizado a otros países latinoamericanos: debe su victoria al popular expresidente Ricardo Martinelli, quien renunció a su condición de candidato favorito para buscar asilo en el Embajada de Nicaragua en Panamá y evitar la cárcel tras perder una apelación para revocar su condena por lavado de dinero.
Mulino, que era compañero de fórmula de Martinelli, heredó la candidatura.
Ha prometido constituir un Gobierno de “unidad nacional” después de obtener solo el 34% de los votos: eso es clave considerando la atomizada Asamblea unicameral, donde los independientes son la primera fuerza.
Tendrá que llegar a acuerdos para poder aprobar leyes, pero la pregunta pendiente sigue siendo cómo tratará el nuevo presidente el tema de Martinelli. “Mulino debe abordar primero el tema de Ricardo Martinelli, y luego asegurar la gobernabilidad con los diferentes grupos políticos, sociales y cívicos del país”, me dijo desde Ciudad de Panamá Rita Vásquez, directora del diario La Prensa. “Una vez logre esto, puede abordar otras cuestiones importantes que su gobierno debe resolver”.
La combinación de una larga lista de cosas por hacer y un frágil ánimo público es un mal augurio: una de las lecciones de las dos últimas Administraciones es que el apoyo puede evaporarse rápidamente en esta joven democracia.
El abogado de 64 años hizo campaña prometiendo volver a las formidables tasas de crecimiento de los años de Martinelli, cuando la economía se expandía a un ritmo de más del 7% anual en promedio. Eso es ahora una quimera; Panamá está limitado por una creciente crisis de pensiones y la amenaza de más rebajas de calificación por el aumento del endeudamiento tras la pandemia.
El Fondo Monetario Internacional prevé que el país crecerá solo un 2,5% este año y mejorará hasta un 3% en 2025. Otros son mucho más pesimistas: economistas de JPMorgan Chase & Co. proyectan una expansión del 0,5% en 2024, lo que colocará a la economía prácticamente en recesión.
Acelerar el crecimiento será solo uno de los temas apremiantes de Mulino.
No existe una solución fácil y rápida ni para la disputa con First Quantum Minerals Ltd. sobre la gigantesca mina cerrada ni para la sequía que afecta la gestión del agua para el canal.
Además, Panamá tiene un papel crucial que desempeñar frente a la crisis humanitaria de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién, que conecta a Sudamérica con Centroamérica, en aras de llegar a Estados Unidos.
“Todos estos desafíos, más el agotamiento de los fondos para cubrir el gasto en pensiones, tienen a Panamá contra la pared”, escribieron Steven Palacio de JPMorgan y sus colegas en su informe del 6 de mayo. “Los problemas son fácilmente identificables, las soluciones no son claras”.
Mulino no puede darse el lujo de llevar una presidencia mecánica. Panamá necesita reconfigurar su sistema económico y político para adaptarlo a un nuevo mundo donde las cadenas de suministro y los flujos comerciales están cambiando y la deslocalización y la transición energética emergen como oportunidades para Centroamérica.
El país ya no puede seguir siendo simplemente un paraíso para el capital y los refugiados marítimos; también necesita satisfacer las crecientes demandas sociales de sus 4,4 millones de habitantes, entre ellas una mayor transparencia y rendición de cuentas. Y tiene que hacerlo mientras recupera la credibilidad fiscal.
Un nuevo Gobierno siempre ofrece la posibilidad de una corrección radical de rumbo. La estrategia frontal y de creación de consenso inicial de Mulino va en la dirección correcta. Pero a pesar de todo su atractivo a corto plazo, depender del deshonrado Martinelli como pilar de su apoyo político tendrá un costo.
Mulino no puede gobernar si es visto como el títere de un poderoso hombre tras bambalinas. Y un electorado que ya está molesto por la corrupción se enojará aún más si Panamá no recupera su impulso económico. Mulino necesita resolver rápidamente su problema de Martinelli y conseguir el amplio apoyo que se requiere para que Panamá se encamine nuevamente hacia la prosperidad.
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