Bloomberg — En el presupuesto del estado de Nueva York, pese a las sonrisas y palmaditas en la espalda que lo acompañaban, se ha incluido una vergonzosa disposición con la que se debilita una ley vital para el futuro de esta ciudad: la del control del sistema educativo por parte del alcalde.
Por si fuera poco, esta nueva ley concede más control a la Federación Unida de Maestros (Federation of Teachers), un grupo que desde hace tiempo mueve los hilos de la legislatura del estado.
Se trata de una desvergonzada traición a cerca de un millón de alumnos de esta ciudad, que debilitará los avances obtenidos por las escuelas de Nueva York y que perjudicará a la siguiente generación, privándoles de las aptitudes que necesitan para triunfar en sus carreras futuras y sumiendo a demasiados estudiantes en la pobreza y tentados por el crimen.
La legislatura neoyorquina suprimió en 2002 el Consejo de Educación de la ciudad de Nueva York, que había sido durante largo tiempo el símbolo de la incompetencia del gobierno y del fracaso de la educación, y cedió el control del sistema de educación al alcalde.
Mi sucesor y yo no estuvimos de acuerdo en casi nada, pero ambos apoyamos firmemente el control del alcalde. No importa cuál sea la orientación política de un alcalde, el público necesita saber quién está a cargo de las escuelas para poder responsabilizarlos.
Sin embargo, la legislatura y el gobernador se han negado a hacer permanente el control del alcalde. Y como la ley tiene que ser reautorizada cada pocos años, la han ido debilitando constantemente. Ahora, según el último plan, pende de un hilo.
La nueva ley elimina la autoridad del alcalde para nombrar al presidente del Panel de Política Educativa, el grupo que debe aprobar las políticas del alcalde. En cambio, la legislatura estatal y la Junta de Regentes (que está controlada por la legislatura) entregan al alcalde una lista de tres posibles candidatos. Si al alcalde no le gusta ninguna de las opciones, puede solicitar una nueva lista, aunque la legislatura no necesita proporcionársela.
En otras palabras: el alcalde puede elegir el presidente, siempre que sea alguien que la legislatura haya preseleccionado. Sería difícil idear un plan más cínico.
Si el alcalde se lleva bien con la legislatura (y las tensiones son comunes, dado el deseo de Albany de dictarle a la ciudad) tal vez la legislatura acepte incluir la elección del alcalde en su lista. Pero tal vez no. Y puede requerir que el alcalde haga costosas concesiones políticas. De todos modos, no se equivoque: la legislatura ahora decidirá el presidente, no el alcalde.
El alcalde todavía tiene el poder de nombrar a 12 de los 23 miembros del panel: una mayoría, pero por poco. Y el alcalde ya no tiene la autoridad para reemplazar a los miembros que se vuelven contra la agenda de la administración, lo que aumenta las posibilidades de que grupos de intereses especiales logren ejercer presión para cambiar a un alcalde designado.
La gobernadora Kathy Hochul ha apoyado el control de la alcaldía y ha tratado de reautorizarlo a través de las negociaciones presupuestarias, donde tiene mayor influencia. Dijo que quería “detener toda la politización” del control de la alcaldía. Fue genial escuchar eso.
Desafortunadamente, permitió que sucediera lo contrario: estuvo de acuerdo con el esfuerzo de la legislatura por inyectar aún más política en el proceso. El trabajo del gobernador es ser un defensor de los niños, no un mediador entre la ciudad y el sindicato.
Es justo que los padres se pregunten: ¿Cómo pudo la ciudad permitir que esto sucediera? Después de todo, las víctimas son sus hijos, que aún no se han recuperado de la pérdida de aprendizaje que sufrieron durante la pandemia.
Hay muchas medidas que el estado podría haber tomado para ayudarlos, como ampliar la escuela de verano y los programas de tutoría, y permitir la creación de más escuelas autónomas, pero en lugar de eso, el estado optó por jugar a la política. No es de extrañar que el sistema escolar haya perdido casi 200.000 estudiantes en los últimos años, ya que las familias han votado con los pies.
Los padres, los niños y todos los que se preocupan por la educación deberían armar un escándalo y exigir que la legislatura revise este tema antes de que finalice el año escolar. Si los legisladores no actúan, hay algo más que podemos hacer: apoyar a quienes los desafían y expulsarlos en noviembre.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
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