Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del Ecuador sentenció este viernes que la detención al exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada mexicana fue “ilegal y arbitraria”, durante la audiencia programada para dar a conocer la resolución del hábeas corpus solicitado por el político. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Glas de que recupere su libertad debido a que, en su contra, pesan dos sentencias ejecutoriadas.
El tribunal señaló que no se evidenció vulneración de formalidades en la detención y ratificó su competencia debido a que la orden de localización y captura de Glas se emitió el 5 de enero de 2024 en Quito, por el caso Reconstrucción de Manabí, se acogió a la ley.
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La jueza ponente, Mónica Heredia, reseñó los procesos judiciales en contra del exvicepresidente ecuatoriano y la boleta de localización y captura que se hizo efectiva a inicios de mes. Medios de comunicación ecuatorianos indican que aunque Heredia ratificó la legalidad de la orden para garantizar la presencia del exfuncionario público en el proceso legal, señaló que la ejecución de la orden sí fue ilegal, pues no contaron con la autorización del jefe de la misión. Por ello, la detención se declaró arbitraria.
La jueza explicó que permanecerá en la cárcel para garantizar el cumplimiento de los procesos pendientes.
En cuanto al asilo político que México otorgó al exvicepresidente, el tribunal señaló que no le corresponde pronunciarse sino a las autoridades diplomáticas.
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Por su parte, Glas relató que fue tirado contra una pared de la delegación diplomática y los policías le habrían dado rodillazos, puntapiés y en la acción se le habría dislocado un dedo. Se declaró perseguido del actual gobierno de Daniel Noboa.
La secretaria Jurídica de la Presidencia, Mishel Mancheno, pidió que los jueces nieguen el pedido de habeas corpus. Agregó que el asilo otorgado por México a Glas fue irregular y, como tal, no estaba limitada la ejecución de la orden de captura, acción en la cual no se habría vulnerado ningún derecho, dijo.
El exvicepresidente de Ecuador acumula varias condenas: una por seis años por asociación ilícita por el entramado de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht; en 2020, fue condenado a ocho años por cohecho por financiación irregular del movimiento político ecuatoriano Alianza País; y también fue imputado por un presunto peculado en el proceso de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.
