Bloomberg — La sentencia de US$454 millones del estado de Nueva York contra Donald Trump en una demanda civil por fraude se registró formalmente en el condado de Westchester, en las afueras de Manhattan, una señal de que sus propiedades en el área pueden estar en riesgo de ser embargadas si el expresidente no paga una fianza de apelación.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, registró la sentencia el 6 de marzo, según la base de datos en línea del secretario del condado de Westchester. La presentación no dio una razón para el registro ni identificó ningún activo de Trump, pero permitirá a James obtener gravámenes más fácilmente, en caso de que decida hacerlo, sobre dos de las propiedades más valiosas del magnate inmobiliario: Trump National Golf Club. Westchester y la finca Seven Springs de 212 acres, en su mayoría subdesarrollada.
James ha dicho que está preparada para comenzar a confiscar los activos de Trump si no cumple con el plazo del 25 de marzo para pagar una fianza por el 120% de la sentencia y dejarla en suspenso mientras apela. Ella no ha iniciado ese proceso y el registro en el condado de Westchester no significa automáticamente que intentará apoderarse de las propiedades. Sin embargo, es una señal clara de que están en riesgo.
Trump, que está haciendo campaña para regresar a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, ha pedido a un tribunal de apelaciones de Nueva York que renuncie a la fianza mientras impugna el veredicto, o que le permita pagar una más pequeña por US$100 millones. Una decisión sobre esa solicitud, a la que James se opone, podría llegar en cualquier momento.
El abogado de Trump, Christopher Kise, no respondió a un mensaje en busca de comentarios sobre el registro.
El expresidente dijo en una presentación del 18 de marzo que una fianza de apelación es “inalcanzable” porque las compañías de seguros que las contratan no aceptarán sus bienes inmuebles como garantía y sólo aceptarán efectivo. Trump ya advirtió que no tiene suficiente efectivo para pagar el bono y dijo que se verá obligado a vender propiedades en una “venta de liquidación” para recaudar dinero si el tribunal no lo ayuda.
El estado no necesitaría registrar la sentencia en el condado de Nueva York para iniciar los procedimientos de embargo preventivo en Manhattan porque allí es donde se dictó el veredicto. Las propiedades de Trump en la isla incluyen la Trump Tower y su rascacielos 40 Wall Street, no lejos de las oficinas de James.
En documentos judiciales, James rechazó la afirmación de Trump de que las compañías de seguros que organizan fianzas de apelación no aceptarán sus bienes inmuebles como garantía, argumentando que el expresidente no había proporcionado pruebas contundentes de que la industria solo aceptará efectivo. El fiscal general dijo que el experto en seguros de Trump, que hizo el reclamo en una declaración jurada, era un colaborador cercano de Trump cuyo testimonio en el juicio había sido desacreditado por el juez.
Kise respondió el jueves en una carta dirigida al tribunal de apelaciones. Criticó a James por lo que describió como su indiferencia ante la incapacidad de Trump de recaudar efectivo para un bono sin deshacerse de sus “icónicas propiedades inmobiliarias multimillonarias”. Dijo que James no reconocerá que las empresas privadas como la Organización Trump no pueden conseguir fácilmente bonos de apelación masivos como lo pueden hacer las “empresas enormes”.
El juez Arthur Engoron, que supervisó un juicio que duró casi 11 semanas, concluyó que Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump eran responsables de inflar la riqueza del expresidente en hasta 3.600 millones de dólares al año para obtener mejores condiciones en los préstamos del Deutsche Bank. AG y otros prestamistas, obteniendo cientos de millones de dólares en “beneficios ilegales”.
El jueves, el juez emitió una orden que formaliza el nombramiento por tres años de un monitor independiente para supervisar el funcionamiento interno de la empresa de Trump, una de varias sanciones del veredicto. Se esperaba el nombramiento de la ex jueza Barbara Jones, ya que ella ya ocupaba el cargo desde que se nombró un supervisor anteriormente en el caso.
Seven Springs ocupó un lugar destacado en el juicio y Engoron dictaminó que la propiedad había estado tremendamente sobrevaluada durante años. Trump compró la propiedad en 1995 por US$7,5 millones. Consta de dos viviendas grandes, terreno no urbanizable y algunas edificaciones más. Trump valoró la propiedad en más de cinco veces los valores tasados en algunos años (hasta US$291 millones), a menudo incluyendo el valor de mansiones que no existían.
Lea más en Bloomberg.com
