Bloomberg — Un juez federal declinó bloquear una iniciativa clave de la administración Biden que concede a los inmigrantes de determinados países latinoamericanos que reúnan los requisitos necesarios la residencia temporal en Estados Unidos.
El juez de distrito Drew Tipton, con sede en el sur de Texas, rechazó el viernes un recurso de Texas y una coalición de estados liderados por los republicanos contra el llamado programa de libertad condicional. Tipton desestimó el caso y dictaminó que el Estado de la Estrella Solitaria carecía de legitimación para impugnar el programa.
Texas había argumentado que el programa provocaría un aumento del número de inmigrantes que entran en el estado y, por tanto, obligaría al estado a dedicar más dinero y recursos.
“Esta teoría fracasa en última instancia”, dijo Tipton. “Texas no se ve perjudicado económicamente por el programa”.
El presidente Joe Biden se ha enfrentado a importantes vientos en contra en sus esfuerzos por adoptar políticas fronterizas, sobre todo por parte de los republicanos, que afirman que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para hacer frente al número récord de personas que llegan a la frontera entre EE.UU. y México. Texas, en particular, ha sido una espina clavada en el costado de la administración, presentando frecuentes demandas que desafían la acción federal en la frontera.
La sentencia se produjo un día después de que Biden implorara al Congreso durante su discurso sobre el Estado de la Unión que aprobara un proyecto de ley bipartidista sobre la frontera. Sus súplicas siguen cayendo en saco roto en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, que quiere políticas más restrictivas para los inmigrantes.
En su demanda contra el llamado programa de libertad condicional, los fiscales generales de Texas y otros 19 estados liderados por republicanos argumentaron que la iniciativa crea ilegalmente una vía para la residencia de los inmigrantes aceptados y excede la autoridad ejecutiva en materia de política de inmigración.
Tipton no se pronunció sobre la constitucionalidad de la iniciativa porque consideró que Texas no había demostrado suficientes daños causados por el programa para reforzar su demanda. Dijo que las pruebas presentadas en el juicio demostraban que no se había producido un aumento significativo del número de personas que entraban en el estado y que Texas “en realidad ha gastado menos dinero” como resultado del programa.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, declinó hacer comentarios sobre la sentencia.
El programa permite que hasta 30.000 inmigrantes al mes procedentes de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba reciban autorización para trabajar en Estados Unidos durante dos años. Casi 160.000 personas llegaron a través del programa durante los primeros seis meses de su aplicación, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
El programa había sido moneda de cambio en las negociaciones del Congreso sobre una propuesta de paquete de financiación para Ucrania, antes de que el acuerdo del Senado se viniera abajo. La Cámara de Representantes podría volver a examinar la cuestión esta primavera, cuando los legisladores intenten resolver el actual punto muerto en el que se encuentra la ayuda a Ucrania.
El caso es Texas v. US Department of Homeland Security, 6:23-cv-00007, US District Court, Southern District of Texas (Victoria).
Lea más en Bloomberg.com
