Ambas noticias se difundieron con apenas unos días de diferencia: en el primer reportaje se alertaba de que la Ciudad de México, considerada una de las metrópolis con mayor densidad de población del mundo, pudiera estar a solo unos meses de quedarse sin agua. El segundo comunicaba que el gobierno de México había otorgado a su empresa de petróleo, Pemex, unos 1,37 billones de pesos (US$80.500 millones) en aportaciones de capital y exenciones fiscales correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y 2023.
Los dos títulos encapsulan las tergiversadas prioridades de estrategia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): mientras el endeudado gigante petrolero, tan cercano a su alma nacionalista, ningún desembolso es excesivo; entre tanto, la dependencia federal responsable de mejorar la disponibilidad de agua experimenta recortes en su presupuesto aun cuando la escasez es cada vez mayor en todo el territorio nacional, incluyendo la capital. Quien sustituya a Manuel AMLO tras las elecciones presidenciales de junio no puede permitirse el lujo de mantener este guion.
Más del 50% del territorio mexicano posee climas desérticos o semiáridos y está expuesto a sequías. Además, el cambio climático agravará esta realidad, disminuyendo el suministro de energía hidroeléctrica, deteriorando el nivel de vida, los cultivos y las industrias, y agudizando los conflictos que ya existen. En la actualidad, más del 70% del territorio nacional está afectado por algún nivel de sequía, cifra que alcanza el 100% en Ciudad de México y zonas circundantes. Intente salir a correr al aire libre por esta ciudad un mediodía, tal y como hice yo este domingo, y comprobará los efectos dañinos que este aire seco produce en la respiración y en la piel a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Por lo menos 419 mexicanos fallecieron durante el último verano, en su mayoría en los estados norteños, como resultado de las severas olas de calor que han azotado a gran parte de la nación, de acuerdo con algunos reportes; nada hace suponer que se trató de un hecho aislado.
Lo bueno es que, aunque los niveles de los embalses son históricamente bajos, en la capital mexicana no está tan cerca del “día cero” como se decía en la nota del último mes, momento en el que ya no se puede abastecer de agua a la población ni a las empresas, según Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), un centro de análisis e investigación.
“Seguramente es un problema grave, pero nada que no se pueda solucionar con inversiones y una gestión más eficiente de los recursos”, me dijo. “El gobierno debería hacer del agua una prioridad”.
Es discutible cuánta inversión adicional se necesita para arreglar la situación en el área metropolitana de la Ciudad de México, pero algunas estimaciones la sitúan en 97.000 millones de pesos (US$5.754 millones), o alrededor del 7% de lo que el gobierno ha estado aportando a Pemex durante los últimos cinco años. Casi la mitad de ese dinero se destinaría a cambiar y modernizar las tuberías de agua y controlar las fugas, un problema recurrente en la ciudad. La contrastante asignación de recursos muestra que el problema no es financiero sino político. Y además de mejorar la infraestructura, el gobierno puede hacer mucho más, desde mejorar la eficiencia en el uso del agua hasta vigilar a las mafias que venden agua ilegalmente (la sequía ha sido una bendición para quienes entregan agua robada en camiones cisterna, particularmente a ciudades remotas). Ampliar el servicio público de agua reduciría la asombrosa cantidad de dinero que los mexicanos gastan en agua embotellada (según IMCO, son los mayores consumidores per cápita del mundo), canalizando fondos para apoyar el suministro público de agua.
Los candidatos presidenciales parecen haberse dado cuenta: la favorita Claudia Sheinbaum, del partido Morena de AMLO, prometió en un discurso la semana pasada que el acceso al agua para consumo humano será una “prioridad” para su gobierno. Promete cambiar las leyes de aguas actuales y emprender “obras estratégicas” como parte de un plan hidrológico nacional que su equipo está diseñando. Mientras tanto, su principal rival, Xóchitl Gálvez, culpó a Sheinbaum (ex alcaldesa de la Ciudad de México) por la crisis actual, desafiándola a beber el agua que el gobierno de la ciudad distribuye a los barrios afectados: “Es de mala calidad y escasa”, dijo Gálvez.
Incluso si puede ser simplemente retórica de campaña antes de la votación del 2 de junio, la voluntad de los aspirantes a la presidencia de intercambiar “disparos” sobre el agua es una señal de que están tomando el tema más en serio que AMLO.
Por supuesto, nada de esto significa que México deba dejar de invertir en energía; todo lo contrario, ya que el país necesita repensar su estrategia de hidrocarburos, electricidad y energías renovables y rápidamente. Pero tirar dinero bueno a la basura como lo ha hecho AMLO con Pemex todos estos años no es sostenible. Una razón más para que el próximo gobierno reconsidere su política energética: al recortar la generación de energía hidroeléctrica limpia, las sequías ponen en riesgo los compromisos ambientales del país.
La falta de acceso al agua se cita a menudo como una de las mayores limitaciones a la inversión en México, junto con el suministro irregular de energía, la inseguridad rampante y el débil estado de derecho. En 2021, un enorme proyecto cervecero de Constellation Brands Inc. (STZ) tuvo que trasladarse de Mexicali a Veracruz, donde hay abundante agua. Pero hay mucho más en juego que tu próximo vaso de cerveza Modelo. Solucionar el problema del agua en México y darle a su suministro futuro la atención estratégica que merece es fundamental para la salud pública y la viabilidad económica del país.
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