Bloomberg — Diez años después de su surgimiento, la investigación sin precedentes sobre corrupción Lava Jato, que estremeció a Brasil, continúa siendo noticia, en esta ocasión porque las nuevas sentencias del tribunal apuntan a un intento de volver a escribir la historia de este polémico caso, minando la posición del país en su lucha contra la corrupción. Los sondeos revelan que a los brasileños les preocupa más y más la corrupción, una alerta que el gobierno de Lula da Silva deberá considerar más seriamente, teniendo en cuenta los sonados escándalos que salpicaron a su partido en épocas pasadas.
En primer lugar, los hechos: el magistrado del Tribunal Supremo brasileño José Antonio Dias Toffoli ha ordenado esta semana abrir una investigación contra la organización global de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional, varios días después de que la entidad formulara críticas contra sus decisiones en los casos relacionados con Lava Jato. Ya en septiembre, el magistrado había invalidado todas las pruebas usadas para apoyar un acuerdo de clemencia alcanzado por Odebrecht, el conglomerado de la construcción en el centro de este caso, con la fiscalía en el 2016. La pasada semana, Dias Toffoli había también paralizado los pagos de la multa de 8.500 millones de reales (US$1.700 millones) que se impuso a Odebrecht (actualmente conocida como Novonor SA), tras haber hecho lo propio con una sanción de 10.300 millones de reales (US$2.173 millones) en el marco de otro acuerdo que involucraba al holding de los hermanos Batista, magnates al mando del gigante cárnico JBS.
Ambas decisiones son un signo de que las importantes lecciones de Lava Jato podrían olvidarse rápidamente.
En la investigación, que empezó en el año 2014, se destapó una red multimillonaria de comisiones ilegales, cárteles y coimas, que envió a cientos de altos ejecutivos y políticos a la cárcel, repercutiendo en numerosos países. Al frente de todo aquello estaba Sergio Moro, el juez pionero que lideraba la cacería desde la ciudad meridional de Curitiba. Tan enorme fue su impacto que Moro se transformó en un superhéroe para los brasileños. No obstante, su poco acertada decisión de sumarse a la administración del entonces presidente Jair Bolsonaro en calidad de ministro de Justicia a inicios del 2019 no solamente le valió su reputación; además, culminó con el colapso del caso, cuando las cortes superiores determinaron que sus decisiones eran parcializadas y en complicidad con los fiscales.
Desde entonces hemos visto una presión por parte de aquellos que fueron condenados para revertir sus sentencias y, fundamentalmente, detener las multas que sus empresas acordaron pagar para resolver las investigaciones. Dicha reparación es consistente con el debido proceso: si los jueces determinaron que las investigaciones no se llevaron a cabo legalmente, es justo que los acusados reaccionen ante los nuevos fallos. Aún así, existe el peligro de que estos fallos terminen persuadiendo a la elite política y empresarial de Brasil de que Lava Jato representa sólo un costoso ejemplo de impunidad. Incluso suponiendo que los cientos de ejecutivos que admitieron sobornos en ese momento fueran coaccionados por fiscales agresivos, sus testimonios dieron la visión más clara de la cultura de corrupción arraigada en los mundos empresarial y gubernamental de Brasil. Odebrecht y Petrobras, el campeón nacional del petróleo, firmaron acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acordando pagar enormes multas en el extranjero. Las empresas pidieron perdón público. Todo eso sucedió, incluso si luego se encontró que el proceso legal estaba viciado.
Mi anécdota favorita de aquellos días, que seguí de cerca como periodista residente en Río de Janeiro, fue el caso de Pedro Barusco, un desconocido ejecutivo de tercer nivel de Petrobras que devolvió casi US$100 millones después de confesar sobornos y llegar a un acuerdo con los fiscales. Devolvió US$100 MILLONES, así sin más…
Además, estos fallos recientes se producen en el contexto de decisiones de Lula durante el año pasado que, en el mejor de los casos, podrían caracterizarse como controvertidas: su primer nombramiento para la Corte Suprema fue su abogado personal y su segundo elegido, Flávio Dino, fue hasta hace poco su ministro de Justicia y aliado cercano. El presidente reemplazó entonces a Dino por Ricardo Lewandowski, cuyos fallos como juez del Tribunal Supremo fueron claves para que Lula recuperara su libertad en 2019 tras ser encarcelado por Moro. Un Dias Toffoli más joven fue asesor legal del partido PT de Lula y luego fue nombrado miembro del tribunal superior durante el segundo mandato del presidente.
Semejantes maniobras de Lula pueden parecer comprensibles si se tiene en cuenta que pasó 580 días en prisión injustamente y fue víctima de una conspiración judicial y política para impedirle presentarse a la presidencia en 2018. Lo entiendo: es posible que Lula no quiera correr riesgos. nuevamente ante los tribunales. Pero este es el tipo de decisiones que hacen que parezca que el ex presidente Barack Obama tenía razón cuando escribió en sus memorias que Lula era “impresionante” pero “al parecer tenía los escrúpulos de un jefe de Tammany Hall”, en referencia a algunos de los Los negocios secretos más notorios y corruptos de la política estadounidense del siglo XIX y principios del XX.
Además, cualesquiera que sean sus méritos legales, estos fallos están empezando a dañar la credibilidad anticorrupción del país. Ahí es donde entra en juego el caso de Transparencia Internacional: Brasil cayó 10 posiciones hasta el puesto 104 entre 180 países en el último Índice de Percepción de la Corrupción de la organización, que cubrió el primer año del tercer mandato de Lula. El organismo de control emitió un informe mordaz el mes pasado destacando los reveses en las políticas de la nación, incluidos los fallos de Dias Toffoli, y diciendo que la revocación masiva de sentencias era “un negocio rico” para abogados y cabilderos.
“Brasil se convirtió en un cementerio de pruebas del mayor caso de corrupción transnacional de la historia”, según el informe.
El tono duro y las referencias personales del informe bien pueden haber influido en la decisión de Dias Toffoli de ordenar la investigación del grupo por supuestamente manejar dinero de los asentamientos. Transparencia contraatacó, emitiendo un comunicado negando haber cometido irregularidades y denunciando las “represalias injustas que enfrenta en respuesta a su trabajo anticorrupción”.
Por ahora, Lula parece navegar por encima de todo este ruido con su popularidad intacta, pero necesita prestar atención porque el descontento de los brasileños con la lucha contra la corrupción es real y se agudiza: según una encuesta de AtlasIntel publicada este martes, el 58% de los brasileños citan la corrupción como uno de los principales problemas del país, un aumento de casi 8 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior realizada en noviembre y sólo detrás del crimen y el narcotráfico, que encabeza la lista de preocupaciones con un 59%.
Hay una razón por la que los brasileños tienen tanta sed de justicia y honestidad. El gobierno necesita hacer más para mejorar la transparencia y asegurarse de que los ciudadanos confíen en su sistema político y de justicia. El reciente anuncio de un ambicioso plan industrial y subsidios para reactivar sectores envejecidos (exactamente el tipo de política arbitraria que en parte ayudó a impulsar Lava Jato) será observado de cerca en busca de signos de mala gestión. Mientras tanto, la Corte Suprema, que fue un baluarte crucial contra las tendencias autoritarias de Bolsonaro, debería pronunciarse sobre las controversias de Lava Jato como un órgano colegiado, no dejándolas en manos de jueces individuales.
Pero, sobre todo, Brasil debería tener una discusión honesta sobre las lecciones de Lava Jato: una cosa es explorar todas las opciones legales o salir libre por motivos procesales (incluso después de confesar irregularidades en video). Es muy diferente intentar reescribir la historia por completo y pretender que no pasó nada.
No muchos brasileños aceptarán este último enfoque.
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