En cuestión de dos años, Nayib Bukele transformó El Salvador: pasó de ser uno de los países más peligrosos de América Latina a uno de los más seguros. Eso ha disparado su popularidad, aunque sea criticado por su tendencia cada vez más autoritaria.
Ahora, de cara a las elecciones del fin de semana en las que Bukele ganaría de manera arrasadora otro mandato de cinco años como presidente, las rígidas tácticas para someter a violentas bandas criminales en un pequeño país de 6,3 millones de habitantes se extienden por toda la región y alarman a grupos de derechos humanos que han condenado los arrestos masivos y lo que, según ellos, serían otros abusos de las libertades civiles.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha empleado estados de emergencia para facilitar la lucha contra el crimen organizado. Alcaldes de Perú presionaron con éxito a la presidenta Dina Boluarte para que emulara al menos parte de lo que llaman el “plan Bukele”, suspendiendo derechos constitucionales y permitiendo que los militares asumieran un rol que normalmente ejecuta la Policía. En Ecuador, donde un estallido de violencia vinculada a bandas de narcotraficantes ha sacudido a uno de los países más pacíficos de América Latina, el presidente Daniel Noboa se jacta de planes para construir prisiones en barcos y cárceles al estilo Bukele para ubicar a todas las personas que está arrestando.
“El trabajo que estamos haciendo nosotros desde El Salvador ya está generando esperanza a más de 600 millones de latinoamericanos”, dijo en una entrevista Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública del país. “Y que son ellos, al final, los van a exigir a sus gobernantes que hagan algo similar a El Salvador”.
Es difícil exagerar la transformación del país más pequeño —por área— de Centroamérica. Cuando Bukele asumió el cargo en 2019, las pandillas controlaban gran parte del territorio y operaban sofisticadas redes de extorsión con impunidad. Hubo algunos avances en la reducción de la tasa de homicidios, pero el esfuerzo cobró impulso en marzo de 2022 tras una serie de episodios violentos de alto perfil que culminaron con el asesinato de 62 personas en un solo día. Fue entonces que Bukele impuso un “estado de excepción” que suspendió los derechos civiles, como la libertad de reunión, para sentar las bases de los arrestos masivos. Se ha detenido a tanta gente en el país que El Salvador registra ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.
El cambio es tan drástico que la sección de viajes del New York Times eligió a El Salvador como uno de los mejores lugares para visitar en 2024, promocionando restaurantes de lujo en la capital y visitas a pueblos indígenas en las zonas montañosas. Los precios de las propiedades están al alza ante la esperanza de un auge del turismo a medida que disminuye la violencia.
Los bonos de El Salvador tuvieron un retorno del 114% en 2023, el mejor del mundo en vías de desarrollo, recuperándose de una fuerte liquidación el año anterior cuando los inversionistas comenzaron a preocuparse por la incursión de Bukele en operaciones con bitcóin. En conversaciones privadas, ejecutivos de empresas en El Salvador apoyan ampliamente los logros de Bukele en el área de seguridad pública, aunque anticipan el desafío que representará convertir la seguridad en un crecimiento económico significativo que pueda ayudar a deshacer la larga historia de migración masiva de El Salvador hacia Estados Unidos. Pero las primeras señales son prometedoras: los encuentros entre agentes fronterizos con salvadoreños que buscan ingresar a EE.UU. se redujeron en más de un tercio el año fiscal pasado ante mejores perspectivas económicas del país centroamericano.
Todo esto ha situado el índice de aprobación de Bukele en alrededor del 90%. Las encuestas muestran que ganará casi el 80% de los votos el domingo, y es poco probable que su competidor más cercano obtenga más del 5%.
Pero hay una paradoja en medio de todo, y es que el éxito de El Salvador en la lucha contra el crimen se ha producido a expensas de los derechos civiles y en medio de acusaciones de que Bukele es cada vez más autoritario. Su partido Nuevas Ideas utilizó su mayoría legislativa para despedir a jueces y tomar el control del Tribunal Supremo, el cual luego dictaminó que podía postularse de nuevo a la presidencia. Nombró a su aliada cercana Claudia Rodríguez como presidenta interina durante la temporada de campaña.
En una clasificación de libertades civiles compilada por Economist Intelligence Unit, solo Nicaragua, Venezuela y Cuba tienen resultados peores que El Salvador entre los países latinoamericanos.
Sin embargo, los salvadoreños dicen que están más contentos con su democracia que los ciudadanos de cualquier otro país de la región, según una encuesta de Latinobarómetro de 2023. Más del 60% de los salvadoreños están satisfechos, cinco veces más que los peruanos y los ecuatorianos.
Esa aparente contradicción presenta una lección arriesgada para los legisladores de toda la región (y del mundo) que pueden sentirse envalentonados para ignorar las normas democráticas. Al igual que Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, Bukele descubrió que el autoritarismo puede impulsar su popularidad. A más de la mitad de los latinoamericanos no le importaría que un líder antidemocrático llegara al poder siempre y cuando solucione sus problemas, según la encuesta de Latinobarómetro, que calificó el hallazgo como una “recesión democrática” en la región.
“En El Salvador, se han entregado derechos y libertades civiles a cambio de una presunta percepción de seguridad”, dijo Rina Montti, directora de Investigación en Derechos Humanos de Cristosal, una organización local de derechos humanos que denunció presuntos abusos en las prisiones junto con Human Rights Watch, citando más de 215 muertes en cárceles desde que Bukele impuso el estado de excepción hace casi dos años.
El Gobierno simplemente desestima a los grupos de derechos humanos como si fueran una plaga y en gran medida se niegan a participar. “En todas las cárceles alrededor del mundo mueren prisioneros”, dijo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, en una entrevista, declinando dar cifras específicas para El Salvador. “Lo que debemos evitar es que una o alguna de esas muertes sea por manos de servidores públicos”.
Christian Guevara, el diputado que encabeza la fracción Nuevas Ideas en el Congreso, dijo que el resto de la región envidia lo que sucede en El Salvador. “La gran epidemia de Latinoamérica es la inseguridad”, afirmó. “Y El Salvador encontró la cura”.
América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta del mundo: representa el 8% de la población mundial pero el 29% de los asesinatos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En 2022, la tasa de homicidios de El Salvador se desplomó a más de la mitad, según los datos más recientes compilados por el Instituto Igarapé de Brasil, que usa información de las Naciones Unidas. En el 2022, la tasa de asesinatos cayó en más de la mitad, según el Monitor de Homicidios, una herramienta de Igarapé.
Algunos observadores se muestran escépticos ante estas cifras y la destreza de Bukele en la lucha contra el crimen. El medio de noticias salvadoreño El Faro informó que Bukele ha llegado a acuerdos con pandillas como parte de sus esfuerzos por controlar la violencia, una acusación que el Gobierno niega.
Y aunque no cabe duda de que el crimen ha disminuido drásticamente, hay cierta evidencia de que las autoridades subestiman de manera intencional los homicidios, según Michael Paarlberg, profesor de ciencia política en Virginia Commonwealth University que sigue de cerca a El Salvador. Dice que informes de activistas y de reclusos que han sido liberados indican que los guardias golpean periódicamente a los detenidos.
“Pero muchas personas que no quieren oír hablar de esto, están muy contentas de que las calles sean más seguras”, dijo Paarlberg.
La violencia endémica en la región significa que los líderes latinoamericanos han enfrentado durante mucho tiempo decisiones difíciles para equilibrar las libertades civiles y la seguridad.
El expresidente peruano Alberto Fujimori representa uno de los casos más emblemáticos. Fue sentenciado a 25 años de cárcel por violaciones de derechos humanos derivadas de la brutal campaña contrainsurgente que su Gobierno emprendió contra los violentos rebeldes maoístas de Sendero Luminoso en la década de 1990. Sin embargo, él y su familia (su hija Keiko Fujimori se convirtió en política) continuaron siendo muy populares en grandes sectores de la sociedad peruana, y sus partidarios celebraron cuando fue liberado el año pasado tras un indulto presidencial, ignorando la fuerte oposición internacional.
En Perú, muchos admiran ahora las tácticas duras de Bukele contra el crimen. En agosto, Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, la segunda ciudad más grande de El Salvador, visitó Lima y fue recibido como una estrella de rock. Dio discursos sobre seguridad, hizo entrevistas en la radio y televisión nacionales y fue acogido por el alcalde de Lima, una ciudad cuya población casi duplica la de El Salvador.
“No lo llamen el plan Bukele si ustedes no quieren”, dijo Gustavo Acevedo, miembro del partido Nuevas Ideas que mantiene dos pequeñas figuras de Bukele en su oficina, en el evento organizado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. “Perfecto. Cada quien puede emularlo a su manera”.
El propio Bukele publicó ese mismo mes una encuesta en X, la plataforma antes conocida como Twitter: “¿Plan Bukele en Perú?” Más de 9 de cada 10 respondieron que sí.
Después de la visita de Acevedo, el Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en varios distritos de Lima para ampliar los poderes de la Policía.
En El Salvador, uno de los lugares donde más fácil se evidencia el cambio es en La Campanera, un barrio en el extremo noreste de la creciente capital, San Salvador. Durante mucho tiempo cargó con el estigma del peligro, la violencia y el dominio de las pandillas.
Pero Carlos Torres, un mecánico que ha vivido en La Campanera la mayor parte de su vida, asumió un riesgo calculado a finales de 2022 cuando percibió que la zona se estaba volviendo más segura. Instaló una hamaca frente a su casa.
“Antes no podía tener la hamaca, pero ahorita la cosa ha cambiado y esperemos que siga más tranquilo”, dijo Torres en septiembre mientras descansaba en el espacio de concreto que hace las veces de patio. “Antes, mi puerta, yo no la podía dejar abierta porque podía entrar cualquier vándalo adentro”.
Un mes después, una niña de siete años fue asesinada en La Campanera. En el pasado, Torres habría esperado solo una respuesta superficial de parte de la Policía, pero esta vez, el Gobierno de Bukele envió docenas de agentes a patrullar la zona, recorriendo sus estrechas calles bordeadas de pupuserías y pequeñas bodegas. Torres siguió usando su hamaca.
Una mujer que vende café y sándwiches en la zona, que pidió ser identificada como Blanca por motivos de seguridad, dijo que antes de la campaña contra el crimen de Bukele, pagaba extorsiones todos los lunes. Había animado a su hijo a emigrar a Estados Unidos para escapar de las pandillas que intentaban reclutarlo. Su marido fue asesinado años antes a manos de las pandillas, dijo.
Las cosas han cambiado para bien.
“Yo ahorita sí me siento bien, confiada de que puedo ir a un lugar, puedo ir a otro”, dijo desde su casa en La Campanera. “Lo que yo me pongo a pensar es: si el presidente ya no llegara a estar, ¿cómo sería esto? ¿Tendríamos que volver a vivir lo anterior?”
La otra cara de ese cuadro de seguridad está representada por el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. La nueva prisión tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos, lo que la convierte en la cárcel más grande del hemisferio. Imágenes virales distribuidas por el Gobierno en las redes sociales han mostrado a cientos de prisioneros sin camiseta, alineados en filas y obligados a agacharse, mientras hombres con uniformes y rifles hacen guardia cerca.
“La cárcel es el monumento a la justicia más grande que hayamos levantado desde los comienzos de la historia patria”, dijo Villatoro en una entrevista anterior.
En enero, la situación de seguridad de Ecuador empeoró públicamente cuando pandillas tomaron temporalmente una estación de televisión, un capo escapó de prisión y el Gobierno impuso un toque de queda en todo el país en un intento por recuperar el control. Poco después, la oficina del presidente publicó imágenes de prisioneros sin camiseta obligados a sentarse en filas, muy similares a las fotografías y videos de El Salvador.
El presidente Noboa expresó su inspiración.
“Para todos los Bukele lovers, es una cárcel igualita”, dijo Noboa en una entrevista radial.
--Con la colaboración de Matthew Bristow, Cristina Lindblad y Maria Elena Vizcaíno.
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