Bloomberg — La Suprema Corte de Justicia de México falló en contra de la legislación nacionalista de la industria eléctrica impulsada por el Gobierno en un caso presentado por empresas de energía privadas, un duro golpe para la agenda estatista del presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que se acerca el final de su mandato.
El fallo impide que la controvertida ley, que otorgaba a la eléctrica estatal mexicana CFE prioridad sobre las empresas privadas en el despacho de electricidad, se aplique a las empresas. Aunque el caso fue presentado por un grupo de empresas de energía renovable que argumentaron que se veían directamente afectadas por la ley de 2021, la decisión de los magistrados se aplica ampliamente a las compañías que operan en el sector energético de México.
Para Viviana Patiño Alcalá, investigadora de competencia del centro de pensamiento y análisis México Evalúa, esta es una enorme victoria no solo para el sector energético de México, sino también para el futuro, que permite volver al ritmo que existía antes en la transición energética del país.
La corte dijo en un comunicado publicado el miércoles que la ley “trasgrede los principios de competencia”. Señaló además que el cambio en el sistema de emisión de certificados de energía limpia desincentivaba nuevos proyectos que apoyaran los objetivos de desarrollo sostenible del país. La reforma no se había aplicado mientras estaban pendientes en los tribunales los casos presentados por las empresas que habían argumentado que no se les permitía competir.
En respuesta al fallo, López Obrador calificó el jueves de corruptos a los magistrados que votaron en contra de su reforma, dijo que se necesita una reforma judicial y que propondría una enmienda constitucional la próxima semana para revertir las leyes liberalizadoras del sector eléctrico aprobadas por su predecesor.
El mandatario de 70 años, que está comenzando su último año en el poder, ha buscado fortalecer a los productores estatales de energía de México y revertir la legislación favorable a las empresas aprobada por la Administración anterior, argumentando que sus predecesores habían firmado acuerdos injustos. La legislación que su partido aprobó en el Congreso también incluía el fin de la obligación del Estado de realizar subastas públicas de electricidad.
La política energética nacionalista del Gobierno mexicano, que incluye la concesión de grandes paquetes de rescate para la petrolera estatal Pemex, se ha convertido en una disputa comercial con Estados Unidos y Canadá, ya que las empresas de estos países solicitaron ayuda de sus funcionarios para negociar con la Administración de López Obrador los términos de sus contratos.
Los analistas dicen que la decisión de la corte reduce la posibilidad de que las partes puedan solicitar pronto la intervención de un panel de arbitraje si no llegan a un acuerdo, lo que podría beneficiar a la Administración de López Obrador a pesar del golpe a la agenda del presidente.
Para Jesús Carrillo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es un hecho importante para la relación con EE.UU., que siempre es clave en un año electoral, ya que ayudará a reducir la presión de quienes están del lado de las empresas estadounidenses y canadienses.
López Obrador ha encontrado otras formas de lograr su visión, incluida la compra de plantas nacionales de gas y un parque eólico por US$6.000 millones a la española Iberdrola S.A. y la implementación de la cancelación de contratos de autoabastecimiento que, según el Gobierno, las empresas habían utilizado indebidamente para vender energía. El regulador de energía también ha retrasado la emisión de permisos para que las empresas puedan operar, lo que ha provocado una avalancha de quejas.
El resultado es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha visto crecer su participación de mercado a alrededor del 40%, y si se consideran también a sus socios privados, a un estimado del 69%, con una combinación de centrales hidroeléctricas, nucleares y de gas natural, además de proyectos solares.
Ahora se espera que tribunales inferiores de México apliquen la decisión de la Suprema Corte a las muchas empresas que han interpuesto medidas cautelares individuales. El tribunal había dictaminado en 2022 que partes de la reforma eléctrica eran inconstitucionales, pero no contaba con los votos necesarios para invalidar por completo la legislación.
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