Bloomberg — El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, anunció en su cuenta de X que funcionarios estadounidenses visitarán Ecuador en el marco de la cooperación que ofreció el país norteamericano por la crisis de seguridad que derivó en una declaratoria de conflicto armado interno.
Dichos funcionarios llegarán al país en las próximas semanas “para explorar con sus homólogos ecuatorianos formas en que podemos trabajar juntos de manera más efectiva para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales”, detalló Miller.
Estos funcionarios incluyen al subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, al subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, y a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson.
“Tras los descarados ataques de esta semana en Ecuador, Estados Unidos reafirma su compromiso de trabajar con el presidente Daniel Noboa para brindar asistencia de seguridad y responsabilizar a los responsables de la violencia”, dijo Miller.
De hecho, también viajarán funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos y se aumentará el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y la asistencia con la implementación de reformas penitenciarias.
Mediante un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los ataques y a los responsables de los mismos y se comprometió a trabajar para profundizar la cooperación: “reafirmamos nuestro compromiso de mantener una estrecha colaboración con Ecuador, incluso en la lucha contra las organizaciones criminales”.
Ecuador controla el ingreso al país
El Ministerio del Interior de Ecuador, a través de una comunicación oficial, anunció que emitió un acuerdo que le permite exigir un certificado de antecedentes penales a ciudadanos extranjeros que quieran ingresar al país a través de las fronteras de Perú y Colombia.
La entidad explicó que la medida se toma mientras dure el estado de emergencia y el reconocimiento del conflicto armado interno “en aras de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de la Nación (…) con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública”.
El control migratorio estará a cargo de la Subsecretaría de Migración y otros organismos. El certificado de antecedentes penales debe haber sido emitido por el país de origen o residencia durante los últimos cinco años y debe estar debidamente apostillado.
Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes estarán exentos de este requisito, aunque deben estar acompañados por un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
