Bloomberg — La junta directiva de PDVSA en Venezuela, liderada por la oposición, dijo que está abierta a conversar con los acreedores de la refinería estadounidense Citgo antes de una subasta para resolver reclamos contra el gobierno y su compañía petrolera.
El “riesgo de perder a Citgo es real”, afirmó la junta en un comunicado el martes por la noche, tras la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a aceptar una solicitud de apelación del gobierno venezolano para limitar el número de acreedores que podrían participar en la subasta. Los bonos de la petrolera estatal de Venezuela con vencimiento en 2020 subieron con la noticia.
“La junta permanece abierta a conversaciones constructivas y al diálogo con los acreedores para llegar a acuerdos negociados”, dice el comunicado.
Citgo, el activo extranjero más valioso del país, había estado protegido por las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela que impidieron a los acreedores apoderarse de la refinería. Pero un juez estadounidense ordenó que el proceso para la venta de su empresa matriz, PDV Holding Inc., comenzara el año pasado después de que Washington señalara que no se interpondría en el camino.
El juez de circuito estadounidense Leonard Stark, a cargo del proceso de venta de Citgo, ha establecido un calendario que incluye que los acreedores completen los pasos para ser elegibles para ofertar antes del 12 de enero, y una primera ronda de ofertas para el 22 de enero. Una segunda ronda está por determinar. La audiencia final para aprobar la venta está prevista tentativamente para el 15 de julio.
El tribunal tendría que revisar cualquier posible resolución o acuerdo, dijo el juez Stark a principios de esta semana.
Debido a las tensas relaciones entre Estados Unidos y el presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, PDVH está controlada por la oposición venezolana, mientras que PDVSA permanece en manos del gobierno de Caracas. Estados Unidos levantó recientemente las sanciones a la industria petrolera de Venezuela, pero aún está monitoreando los acuerdos alcanzados con Maduro y puede retirar las sanciones si no se implementan, dijo Washington.
Crystallex International Corp., una empresa minera canadiense cuyos derechos sobre el campo aurífero Las Cristinas fueron confiscados por el entonces presidente Hugo Chávez, es la primera en recibir una porción considerable de los fondos de la subasta. Un panel de arbitraje del Banco Mundial determinó en 2016 que Venezuela le debía a Crystallex 1.400 millones de dólares. Venezuela ha pagado una parte, pero Crystallex todavía está tratando de recuperar alrededor de mil millones de dólares.
Un representante de Crystallex no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Otras empresas extranjeras expulsadas de Venezuela incluyen a Siemens AG, ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp. Un par de proyectos petroleros de Exxon fueron expropiados en 2007, y la compañía ahora busca que se reconozcan reclamaciones por 984 millones de dólares.
Más de 20 demandantes han solicitado una indemnización, lo que eleva el total de reclamaciones a unos 20.000 millones de dólares.
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