Bloomberg Línea — En medio del rechazo por parte del gobierno de Honduras, la ciudad privada de Próspera, Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) ubicada en Roatán (municipio insular del país), reconoció oficialmente al bitcoin (XBT) como unidad de cuenta.
A partir de esta disposición, el bitcoin podrá utilizarse como unidad monetaria para medir el valor del mercado, lo que permitirá que el cripto sirva como patrón para fijar el precio de bienes y servicios.
La decisión se toma para ofrecer “más libertad financiera y monetaria”. “Las personas deben ser libres de realizar transacciones, llevar su contabilidad y reportar impuestos en la moneda de su libre elección”, dijo el secretario técnico de Próspera Zede, Jorge Colindres, en un mensaje en X.
Además, con esta resolución aprobada el 5 de enero, los comerciantes de la zona podrán comercializar sus productos con bitcoin, explicó el ejecutivo.
Para el caso del pago de impuesto, las obligaciones tributarias podrán determinarse con el cripto para fines contables, pero se reportarán a las autoridades en dólares estadounidenses o lempiras (HNL).
El Banco Central de Honduras (BCH) ha dicho en el pasado que las criptomonedas “no tienen la protección que otorgan las leyes nacionales”, al tiempo que ha alertado sobre sus riesgos.
La polémica detrás de las Zede
Las ZEDE se aprobaron en 2013 cuando el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (luego mandatario entre 2014-2022), impulsó una reforma de la Constitución de la República para crear territorios autorizados a funcionar con autonomía dentro del Estado.
La Ley Orgánica de las ZEDE les confiere autonomía funcional que incluye un sistema político propio, tanto a nivel administrativo, judicial y económico. Bajo este esquema, en Honduras operan tres ciudades modelo: Próspera, Morazán (en la zona norte) y Orquídea (en el sur del país).
Sin embargo, el actual gobierno que preside Xiomara Castro aprobó la derogación de las ZEDE, al considerar que ceden soberanía a extranjeros. Por tratarse de una modificación constitucional en Honduras, su derogación requiere una segunda votación en una nueva legislatura anual, misma que aún sigue sin ratificarse por la paralización del Poder Legislativo desde hace cuatro meses.
En reacción a la postura gubernamental, la empresa estadounidense Honduras Prospera Inc, que opera la ZEDE en Roatán, presentó en diciembre de 2022 una demanda hasta por US$10.775 millones contra el Estado “para protegerse de las violaciones al derecho internacional y hondureño”.
Los ejecutivos de la sociedad establecida en Delaware dijeron que “cualquier derogación de Ley equivale a una expropiación indirecta e ilegal”.
Entre tanto, los senadores estadounidenses Bill Hagerty y Ben Cardin enviaron en octubre de 2023 una carta instando al Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a alentar a Honduras a honrar las garantías legales con respecto a inversiones realizadas en las ZEDE.
En noviembre de 2023, la compañía Honduras Prospera Inc manifestó en una carta pública que, debido a que el CN no votó por la reforma de la Constitución, se abría la puerta a un diálogo constructivo para “buscar una salida favorable entre esta empresa y el Estado de Honduras”.
