EE.UU. incluye a 14 funcionarios y empresarios de Centroamérica en la Lista Engel

Las personas sancionadas han sido identificadas por participar en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas o en casos significativos de corrupción

La Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el lunes 5 de junio de 2023.
21 de diciembre, 2023 | 01:23 PM

Bloomberg Línea — El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su Informe sobre actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocido como la Lista Engel, al incluir el jueves 21 de diciembre a 14 personas, entre empresarios y funcionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Los sancionados, según el informe, han sido identificadas de participar a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas; en casos significativos de corrupción; y en la obstrucción de las investigaciones sobre tales actos de corrupción.

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La actualización es sobre la Lista Engel publicada en julio pasado, en la que se había incluido a 39 personas de los 4 países. En el reporte de este jueves se incluyeron a tres funcionarios salvadoreños; dos empresarios y un funcionario de Honduras; a tres actuales fiscales y una exmagistrada de Guatemala; y a una jueza y tres personas vinculadas en el área de educación de Nicaragua.

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“El reporte de la Sección 353 es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y anti-democráticos en Centroamérica”, dijo vía X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols.

La Sección 353 señala que las personas extranjeras identificadas en el informe generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Cualquier visado vigente será revocado inmediatamente, y cualquier otro visado válido o documentación de entrada será cancelado.

El gobierno estadounidense argumenta lo siguiente en contra de las personas incluidas en la lista:

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El Salvador

Ricardo Gómez, comisionado presidente del Instituto para el Acceso a la Información Pública, socavó los procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo de comisionado presidente.

Gerardo Guerrero, comisionado del Instituto para el Acceso a la Información Pública, socavó procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo como comisionado.

Andrés Grégori Rodríguez, comisionado del Instituto para el Acceso a la Información Pública, socavó procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo de comisionado.

Guatemala

Leonor Eugenia Morales Lazo, actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.

Noé Nehemías Rivera Vásquez, actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.

Pedro Otto Hernández González, actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados para interrumpir la transición presidencial.

Silvia Patricia Valdés Quezada, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelación con jueces corruptos.

Honduras

Ricardo Arturo Salgado Bonilla, actual ministro de Planificación Estratégica, socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos”) para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023.

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Mohammad Yusuf Amdani Bai, un empresario privado, incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada.

Cristian Adolfo Sánchez incurrió en una corrupción significativa al participar en un esquema que defraudó al gobierno hondureño por más de $300.000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar indebidamente contratos gubernamentales.

Nicaragua

Gloria María Saavedra Corrales, jueza del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar a sabiendas una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de la Universidad Jesuita Centroamericana sin base legal, con el fin de instalar una administración amiga del régimen.

Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin base legal, con el fin de instalar una administración favorable al régimen.

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Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación de propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin base legal, con el fin de instalar administraciones afines al régimen.

Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana), socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega partido.