Bloomberg — El Gobierno de Colombia ha pedido a la Corte Constitucional que revise el impacto de su sentencia contra la prohibición de que las empresas de combustibles fósiles deduzcan los pagos de regalías del impuesto de sociedades por motivos de sostenibilidad de las cuentas fiscales del país.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo la petición a la Corte a la luz de su fallo de noviembre que, según el ministro, llevará a la pérdida de un estimado de 6,6 billones de pesos (1.700 millones de dólares) en ingresos en 2023-2024, o el 30% de los ingresos esperados por la reforma tributaria aprobada el año pasado. El golpe fiscal podría elevarse a unos 7.000 millones de dólares en 2034, advirtió Bonilla.
La decisión del tribunal “disminuye de forma permanente los ingresos fiscales que el Gobierno nacional había previsto para financiar sus necesidades de gasto”, afirma el ministro en su carta.
Un comité autónomo que supervisa los compromisos fiscales del gobierno ya había advertido a principios de este mes que Colombia registrará un déficit mayor de lo esperado en 2024 con un aumento de su nivel de deuda respecto al PIB, incumpliendo los objetivos de su regla fiscal.
La nación andina tiene como objetivo un déficit fiscal del Gobierno central del 4,3% del PIB para este año, con un pequeño aumento el año que viene hasta el 4,5% del PIB.
Antes de fin de año, se espera que el Ministerio de Finanzas publique su plan de financiación para 2024, en el que se fijarán objetivos para el déficit presupuestario, la deuda y el endeudamiento, entre otros.
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