Bogotá — La puja del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y el sector privado por el funcionamiento del sector de la salud ha hecho que la batalla se libre en dos frentes: por un lado, en el Congreso, en donde va a mitad de camino; y por el otro, en clínicas y hospitales, en donde el sistema se dirige hacia un colapso por su desfinanciación.
La batalla en Congreso
El proyecto presentado por el Gobierno Petro logró superar su tránsito por la Cámara de Representantes después de casi un año de discusión.
Sin embargo, le queda uno de los retos más difíciles, que será lograr su aprobación en el Senado de la República en donde los aliados del Gobierno son minoría, por lo que tendrá que entrar a negociar con legisladores de partidos de oposición e independientes los puntos considerados “columna vertebral” del proyecto de reforma.
“Desde el Senado haremos lo posible para frenar y hundir la reforma a la salud, pero en caso de ser aprobada desde ya anuncio la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, porque, además de ser inconveniente, es ilegal”, aseguró el senador Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático.
De hecho, hay senadores como Humberto de la Calle, que si bien no han mostrado su rechazo al proyecto luego de ser aprobado por la Cámara, sí advirtieron desde inicio de este año que la discusión debía ser de reforma estatutaria y no de ley ordinaria como lo presentó el Gobierno Petro.
Juan Pablo Gallo, senador del Partido Liberal, pidió a su corriente política fijar una postura común que permita frenar el avance de la reforma.
“El Partido Libera debe asumir una sola postura frente a la Reforma a la Salud que no soluciona las angustias de los colombianos. Ya lo vimos en Cámara, estamos divididos. Tenemos que cerrar filas, votar negativo el proyecto y construir entre todos, una reforma real”, sostuvo Gallo.
El día a día de la batalla
Mientras la discusión se completa en Congreso, el día a día del sector salud es complejo por las diferencias y el financiamiento del Ejecutivo a los actores del sistema.
Ana María Vesga, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), asegura que “la verdad es que el tema de financiamiento lo han venido apretando un montón, se ha tensionado la conversación con el Gobierno y lo que estamos esperando es que terminen de pagar porque como van las cosas, con o sin reforma, sin plata no hay sistema”.
Médicos que prefieren no ser mencionados y que trabajan en hospitales del sector público en Bogotá, dijeron a Bloomberg Línea que pareciera que el plan A del Gobierno se convirtió en asfixiar el sistema, y Vesga de ACEMI, agrega que “sí están apelando a que vayan haciendo los cambios por la vía regulatoria”.
De hecho, Vesga insiste en que a la reforma a la salud le quedan aún 6 meses de discusión en Congreso, y advierte que para el próximo año la UPC debe tener un aumento de mínimo, la inflación más 7 puntos.
La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.
“Nosotros presentamos unos análisis al Ministerio, depende mucho de si el plan de beneficios va a tener nuevas inclusiones, eso cambia la película del nivel de aumento que requiere la UPC, pero hemos hablado de que se requiere un alza de IPC +7 puntos para corregir, porque se le ha mostrado al Gobierno que hay una pérdida acumulada por insuficiencia de la UPC que ha venido deteriorando los estados financieros de las EPS y por ende sus patrimonios”, dice Vesga.
Y es que la presidente de ACEMI insiste en que desde varios frentes se está haciendo compleja la situación financiera del sector. “Al Gobierno se le entregaron los estudios que demuestran la insuficiencia acumulada y la necesidad de corregir el tema para 2024, y a eso se le suma que nos están debiendo recursos de presupuestos máximos de noviembre y diciembre, no se ha pagado el ajuste del 2022 y cuando usted le suma al problema de insuficiencia de la UPC a los problemas de caja por el no giro oportuno de presupuestos máximos, pues el problema se agranda, si no suben y no giran los recursos como debe ser hay que tener una conversación diferente con el Gobierno porque en esas condiciones es muy difícil”.
Concluye, finalmente, que como están dadas las condiciones hoy, hay EPS que están en riesgo de ser intervenidas, sin importar si son grandes o pequeñas.
“Las EPS, grandes y pequeñas, han visto erosionados sus patrimonios, las pérdidas acumuladas al 2022 son de cerca de $6 billones, han expuestos sus patrimonios y erosionado sus reservas técnicas. El Gobierno a veces siento, que no se está tomando en serio el riesgo por el que se está atravesando desde el sector, es una realidad que podemos llegar a un nivel de pérdida de indicadores y habilitadores financieros en los que la Superintendencia de Salud tenga eventualmente que intervenir y eso empieza a notarse en los usuarios porque aumentan las tutelas, las quejas y se pone a las EPS en una situación de estrés que las puede llevar a una intervención”
Quejas de médicos y pacientes
La desfinanciación del sistema de salud se ha hecho notoria en quienes acuden a él con rigurosidad para tratamientos de enfermedades de alto costo y crónicas.
Un doctor que trabaja en una de las más reconocidas clínicas del norte de Bogotá asegura que al no pagarles a las EPS y al no autorizarles lo medicamentos a los pacientes, los están obligando a pagarlos de su propio bolsillo.
Inició con la postergación de cirugías no vitales, pero a medida que se ha complicado el trámite en Congreso, dice el doctor, han dejado de suministrando la atención y los medicamentos para enfermedades de alto costo como pacientes con cáncer.
Explica, aunque prefiere mantenerse en el anonimato, que en el caso puntual del cáncer de tiroides pararon la importación del yodo para el tratamiento y que, por ello, una terapia que se daba a los 2 o 3 meses después de realizada la cirugía, ahora se puede demorar entre 12 y 18 meses.