Bloomberg — Río de Janeiro aumentará drásticamente la vigilancia y se apoyará en las fuerzas policiales federales y estatales antes de la cumbre del Grupo de los 20 del año que viene, con la intención de aprovechar el gran encuentro mundial para ayudar a resolver los problemas de seguridad pública que desde hace tiempo afectan a la ciudad brasileña.
Las autoridades de Río tienen previsto duplicar con creces el número de cámaras conectadas a un centro de operaciones que vigila la delincuencia, los atascos de tráfico y las condiciones meteorológicas extremas, con el fin de alcanzar un total de 10.000 para cuando los líderes mundiales lleguen a la metrópolis costera a finales del año que viene, según Lucas Padilha, responsable del comité organizador del G-20 en la ciudad.
El énfasis en la seguridad es clave para los planes de las autoridades de Río de aprovechar la presidencia brasileña del G-20 y recuperar la reputación de la ciudad como escenario de los mayores acontecimientos mundiales. El alcalde Eduardo Paes y otros dirigentes quieren utilizar el tipo de protagonismo del que disfrutó Río por última vez como sede de los Juegos Olímpicos de 2016 para atraer inversiones muy necesarias y reforzar la recuperación de la ciudad tras la pandemia y los problemas económicos que la precedieron.
“Río está volviendo al Río que una vez conocimos, el Río de los Juegos Olímpicos”, declaró Padilha en una entrevista en noviembre, añadiendo que el G-20 beneficiará a los residentes “trayendo a la ciudad un shock de formalidad, un shock de capital, un shock de desarrollo”.
Pero las medidas también apuntan a un importante reto al que se enfrentan los organizadores mientras se preparan para recibir a los presidentes y jefes de Estado de las mayores economías del mundo en la principal cita del G-20 el próximo mes de noviembre.
Tras cuatro años de descensos constantes, el número de homicidios está aumentando de nuevo. Una serie de asesinatos de gran repercusión ha vuelto a llamar la atención sobre los notorios problemas de delincuencia violenta de la ciudad. Y aunque Río ha organizado numerosos eventos multitudinarios sin grandes fallos de seguridad, ha tenido dificultades para traducirlos en mejoras duraderas de la seguridad pública para sus habitantes.
Los organizadores han propuesto numerosas sedes posibles para la cumbre presidencial en el centro de la ciudad, con vistas a mostrar los esfuerzos de revitalización en curso. Es posible que Río acoja también otras reuniones, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil aún no ha ultimado el calendario de actos del G-20 que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene previsto repartir por todo el país.
Tienen previsto recurrir temporalmente a las autoridades estatales y federales para que ayuden a garantizar la seguridad de la cumbre. La incorporación de más de 6.000 cámaras a las 3.500 actualmente en uso es una medida más permanente, diseñada para reforzar un centro de mando urbano que se inauguró en 2010, durante la primera etapa de Paes como alcalde.
“Todas estas operaciones juntas tendrán un efecto positivo”, dijo Padilha. “Creará una sensación de seguridad”.
Medidas paliativas
Los expertos, sin embargo, se muestran escépticos ante la posibilidad de que los cambios dejen un legado a largo plazo de mejora de la seguridad pública.
Río también realizó importantes inversiones en seguridad y vigilancia antes de las Olimpiadas, pero los índices de homicidios aumentaron antes y después de los Juegos. En los últimos años, las fuerzas estatales y federales han intentado reprimir la delincuencia mediante diversas tácticas -incluido el despliegue de tropas y francotiradores para patrullar las sinuosas favelas de la ciudad- que los expertos en seguridad y derechos humanos han criticado por su mano dura e ineficacia.
“Se trata en gran medida de medidas paliativas”, afirma Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarape, un centro de estudios de Río de Janeiro. “Tienen muy poco que ver con la seguridad pública y la seguridad del gran grueso de la población”.
El número total de asesinatos en Río de Janeiro descendió a 792 en 2021, frente a un máximo de casi 1.500 cuatro años antes, según cifras del gobierno estatal. Pero aumentaron a 827 el año pasado, mientras que la policía mató a otras 444 personas, según datos oficiales.
En octubre, el oeste de Río estalló en caos cuando los llamados grupos de milicianos, a menudo formados por antiguos y actuales miembros de las fuerzas de seguridad, incendiaron autobuses urbanos después de que la policía matara a un familiar de un presunto líder. El gobierno de Lula respondió militarizando los aeropuertos y puertos del estado de Río de Janeiro.
La tecnología de vigilancia se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para combatir la delincuencia en Brasil. Las fuerzas policiales de varios estados utilizan ahora cámaras corporales, mientras que muchas autoridades locales han desplegado tecnología de reconocimiento facial.
Pero los expertos en seguridad advierten de que, aunque las cámaras pueden disuadir con éxito del robo de propiedades y otras actividades ilegales específicas, son menos eficaces contra la delincuencia violenta. Su uso también plantea riesgos de discriminación contra las poblaciones de bajos ingresos y las personas de color, dijo Muggah.
“Cualquier despliegue tendría que ir acompañado de un debate público, consultas y salvaguardias, y una evaluación de los resultados”, afirmó. “No creo que ninguna de esas cosas se den necesariamente en Río”.
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