Cuando el alto el fuego entre Israel y Hamás finalizó el 1 de diciembre, 1,8 millones de gazatíes habían sido desplazados por la guerra, en torno al 80% de su población. Un gran número de ellos había huido del norte al sur de Gaza tras la advertencia de Israel sobre sus operaciones militares en la región del norte. Desde la semana pasada, la ofensiva terrestre israelí en el sur de Gaza ha afectado a la seguridad de los gazatíes y ha agudizado la grave crisis humanitaria.
Son muchos los que han responsabilizado a Israel de incumplir el derecho internacional en materia de desplazamiento forzoso de la población civil. No obstante, el derecho internacional constituye una parte del problema.
El derecho internacional vigente es insuficiente para garantizar la protección de los civiles de Gaza ante el desplazamiento forzoso provocado por el horror de la guerra. Donde el derecho internacional no funciona, la comunidad internacional tiene la obligación moral de actuar y prestar asistencia a los gazatíes desplazados.
Para comprender por qué el derecho internacional es insuficiente y por qué se requiere más ayuda de la comunidad internacional, partamos de la advertencia que Israel hizo el pasado 13 de octubre a los gazatíes del norte para que se dirigieran al sur en un plazo de 24 horas. Este aviso resultaba inviable para 1,1 millones de habitantes y según algunos medios de comunicación resultaba ilegal. La legislación exige que las advertencias tengan “efectividad”, lo que solo implica que una población las reciba. Las leyes de la guerra no establecen la obligación de que los avisos se acaten efectivamente, o de que los particulares tengan en la práctica la oportunidad de hacerlo. La legislación de guerra resulta insuficiente para la protección de las personas que residen en zonas de conflicto.
Luego está la cuestión de las zonas seguras. Legalmente, tanto Israel como Hamás tendrían que aceptar el establecimiento de zonas seguras. E incluso si Israel pudiera crear zonas seguras de facto en las áreas que controla, ninguna zona sería lo suficientemente grande o segura para 1,8 millones de civiles desplazados de Gaza, entre los que seguramente se esconden algunos combatientes de Hamás.
Sin embargo, esta semana, las Fuerzas de Defensa de Israel intentaron proteger a los civiles publicando un mapa de zonas de evacuación en su sitio web en árabe y en las redes sociales , dividiendo Gaza en 623 zonas. Las FDI lanzaron desde el aire folletos con códigos QR que enlazaban con el mapa y pedían a los civiles que compartieran su ubicación. Las FDI están monitoreando el mapa en tiempo real e informan que la protección de los civiles ha mejorado.
Sin embargo, las advertencias pueden no cumplir con el requisito legal de efectividad. A pesar del mapa, ninguna zona de evacuación en Gaza es siempre segura para los civiles. Incluso para los habitantes de Gaza que cuentan con las herramientas técnicas necesarias para acceder al mapa, los teléfonos e Internet han estado caídos o son intermitentes en Gaza desde que comenzó la guerra. Además, según se informa, el mapa no es claro y es difícil de seguir en el cambiante entorno de combate. Según se informa, los anuncios de las FDI cambian con poca antelación y son difíciles de seguir.
Consideremos luego el problema de la ayuda humanitaria, algo que los habitantes de Gaza necesitan desesperadamente. Israel está obligado a permitir la ayuda que sea esencial para la supervivencia de la población civil, incluidos alimentos y suministros médicos. Sin embargo, el derecho internacional no exige que Israel proporcione esta ayuda.
Como gobierno de Gaza, Hamás tiene la responsabilidad legal primordial de proteger a su población civil. Israel debe facilitar la ayuda si Hamás no puede hacerlo. Sin embargo, Israel no está obligado a ayudar cuando Hamás está desviando ayuda humanitaria para su propio uso militar. Ante los informes de que Hamás está desviando suministros humanitarios para sostener sus operaciones militares, Israel puede negar o restringir legalmente la entrada de ayuda
En un entorno de combate urbano densamente poblado, el derecho internacional contiene disposiciones insuficientes para proteger a los civiles desplazados. En pocas palabras, el derecho internacional que involucra el desplazamiento de población en combate supone que los civiles tienen un lugar adonde ir cuando huyen, partes beligerantes que facilitarán la entrega de asistencia humanitaria y partes imparciales dispuestas a brindarla sin interferencia de los beligerantes. La ley no es suficiente para proteger a los habitantes de Gaza atrapados en una zona de combate.
Cuando falla la ley, debe prevalecer la moralidad. Los Estados deben intervenir y cumplir con su obligación de promover soluciones compatibles con el derecho internacional. La comunidad internacional debe presionar a Israel, Hamás y Egipto para que permitan más ayuda y zonas seguras para los civiles en Gaza. Los Estados y las organizaciones internacionales deben ofrecer ayuda humanitaria imparcial y sin obstáculos. Si los cruces fronterizos resultan difíciles, los estados podrían explorar la posibilidad de proporcionar ayuda por mar. Israel y Hamás también deberían permitir que los civiles más vulnerables abandonen Gaza para recibir atención médica o residencia temporal, y los Estados deberían facilitarles protección temporal.
Después de la campaña de Israel en el sur de Gaza, casi todos los habitantes de Gaza habrán sido desplazados por la guerra y muchas de sus antiguas casas estarán en ruinas. Como los palestinos saben muy bien, el desplazamiento temporal se volverá permanente si no se aborda, y los efectos del desplazamiento se agravarán durante generaciones. Los Estados y las organizaciones internacionales deben dar un paso adelante para evitar más víctimas en esta guerra brutal y sentar las bases para una paz mejor.
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