Bloomberg Línea — Los precios de los productos menstruales pueden poner estos suministros vitales fuera del alcance de muchas personas, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.
La mujer promedio menstrúa desde los 13 hasta los 51 años, aproximadamente una vez al mes, y cada período dura de tres a siete días. En total, esto equivale a 456 períodos en un lapso de 38 años, lo que equivale a unos 6,25 años o 2.280 días de su vida dedicados al sangrado.
A pesar de ser un fenómeno fisiológico normal para todas las personas que menstrúan, la seguridad, la accesibilidad y la equidad durante la menstruación siguen siendo difíciles de alcanzar. Esto hace que con frecuencia ocurra lo que ahora se conoce como pobreza menstrual.
El precio de un paquete de toallas higiénicas equivale a un almuerzo común de US$3 o un cuaderno, según la ONG Plan Américas. Ante esta situación, activistas, colectivas, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han pedido que la menstruación sea reconocida como un asunto prioritario en la salud y los derechos humanos, y “no de higiene”.
Uno de los principales contribuyentes a la pobreza menstrual es la tributación de los productos menstruales que ha sido identificada como injusta, porque impone una carga económica a las personas que menstrúan basándose simplemente en una diferencia biológica.
En el mundo, Kenia se convirtió en 2004 en el primer país en abolir el impuesto sobre las ventas de productos menstruales. En los años, siguientes, más naciones han abolido o reducido los impuestos sobre las ventas de tampones, toallas y otros productos, pero aún hay desafíos.
“En Latinoamérica todavía falta ampliar más estos proyectos y estas iniciativas, y que tengan más impulso para que precisamente no nos afecte a las personas menstruantes en nuestra vida cotidiana y sobre todo en las poblaciones que tienen bajos recursos o que son olvidadas por los gobiernos de Latinoamérica”, dijo Guiulianii Canales, educadora menstrual mexicana.
Quitar un impuesto no es suficiente
La parte sur de América Latina ha tenido avances considerables de cara a una gestión menstrual libre de impuestos o una ‘menstruación digna’, como se le ha nombrado en diferentes países por parte de movimientos políticos y activistas que han impulsado las iniciativas.
En 2018, fue Colombia el primer país de la región en quitar el impuesto agregado a toallas higiénicas y a los tampones. Fue la Corte Constitucional de este país la que señaló que este tipo de productos no se podían gravar, pues son “insustituibles”.
Sin embargo, quitar un impuesto no es suficiente y algunos movimientos han señalado que los productos no bajaron de precio de manera considerable.
El informe Menstruación en América Latina, avances desde una Perspectiva de Desarrollo Sostenible, lanzado por la ONU en septiembre, indica que la derogación de estos impuestos es un avance importante, pero los gobiernos aún siguen debiendo políticas públicas y medidas palpables que respondan a las necesidades y demandas sobre menstruación.
En Colombia, años después de implementada la medida, el acceso a estos productos seguía presentando dificultades para un 11% de mujeres en el país, señaló la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de 2022.
“La pobreza del periodo describe la lucha que enfrentan muchas mujeres y niñas de bajos ingresos al intentar adquirir productos menstruales. El término también se refiere al aumento de la vulnerabilidad económica que enfrentan mujeres y niñas debido a la carga financiera planteada por los suministros para la menstruación”, señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Ecuador se sumó a las medidas aplicadas en Colombia desde noviembre de 2021 cuando aprobó eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de higiene femenina, después de una reforma tributaria que eliminó el impuesto del 12%.
Pese a estos dos ejemplos, en la región Andina los demás países han dado pasos limitados en la reducción de impuestos para productos menstruales. Incluso, una investigación realizada por Natalia Moreno, Aris Balbuena y Catalina Rubilar en 2020, titulada ‘Impuestos sexistas’, mostró que la política tributaria desconocía la desigualdad económica y social de las mujeres.
Para el momento en el que las investigadoras levantaron la información, Argentina y Uruguay lideraban la lista de los países con el IVA más alto para este tipo de productos con el 21% y 22%, respectivamente. En el listado también aparecían Chile, con un 19%, y Perú, con un 18%.
El informe también calificó como preocupante que estos porcentajes de IVA aplicados a los productos relacionados con la menstruación eran, en todos los casos, la tarifa máxima del impuesto.
Movimientos por una menstruación digna
En octubre de 2021, las cámaras del Congreso Nacional de México aprobaron la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual en todo el país. La normativa comenzó a regir desde 2022.
La causa se logró, en gran medida, por la incidencia del movimiento sin fines de lucro Menstruación Digna, conformada por más de 30 asociaciones, enfocadas a luchar por los derechos de la mujer.
El colectivo lleva años trabajando para combatir la desinformación en torno a la menstruación y con ello eliminar el tabú que permea en la sociedad mexicana.
Un caso similar ocurrió recientemente en Costa Rica, luego que la Asamblea Legislativa aprobara en octubre el proyecto de ley “Menstruación y Justicia”, una iniciativa que rebaja el impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13% al 1% a los productos menstruales.
Además, la ley se enfoca en facilitar el acceso a productos higiénicos menstruales necesarios, proporcionándolos de forma gratuita a mujeres privadas de libertad, jóvenes y niñas en escuelas y colegios, además de promover la educación menstrual a nivel nacional.
“Es de suma importancia que, para el año 2024, ninguna niña o adolescente se vea forzada a ausentarse de la escuela debido a la falta de recursos durante su periodo menstrual”, dijo Marysela Zamora, presidenta de Nosotras Women Connecting y líder de la campaña “Cambiemos la Regla”.
También en Belice, el Primer Ministro, John Briceño, anunció la eliminación de todos los impuestos sobre los productos sanitarios femeninos, a partir del 1 de abril de 2023. Esto marcó un paso significativo en la lucha para poner fin a la pobreza menstrual en el país.
Para hacer eco del porqué más gobiernos necesitan avanzar en esa línea, la organización estadounidense The Healing Hands Project, enfocada en promover los derechos humanos mediante la mejora de la salud menstrual, señala que “los productos de higiene femenina son una necesidad básica al igual que la comida, el agua y el refugio”.