Un grupo de congresistas colombianos es investigado por la Fiscalía del país, a partir de supuestas maniobras, llevadas a cabo en beneficio propio que habrían sido perjudiciales para el Estado.
La información se hizo pública a partir de un artículo periodístico publicado por el diario El Tiempo, que señala que existe un extenso expediente en manos de fiscales anticorrupción. El hecho salpicaría a congresistas, funcionarios públicos y particulares.
Los involucrados, señala la nota periodística, habrían copiado el modelo de corrupción por el que fue condenado a 15 años de cárcel el exsenador Mario Castaño Pérez, quien murió hace unos días. Pérez cumplía una condena en la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá.
Aquella práctica utilizada en la contratación no habría sido exclusiva del grupo de ‘las Marionetas’, como se conocía a quienes acompañaban a Castaño Pérez, sino que los congresistas que aparecen en la investigación habrían creado su propia red “con tentáculos en varias entidades públicas”, detalla el artículo de El Tiempo.
El propósito de los políticos, según la Fiscalía, sería aumentar su caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con plata de la paz; el de los contratistas, aumentar sus riquezas, y los funcionarios, conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.
¿Cuáles son los congresistas salpicados?
Según El Tiempo, en la investigación que lleva adelante la Fiscalía se menciona, además del fallecido exsenador Mario Castaño, a los congresistas:
- Samy Merheg
- Carlos Abraham Jiménez
- Ciro Ramírez Cortés
- Juan Felipe Lemos Uribe
- Miguel Ángel Barreto
- Carlos Fernando Motoa
- También al candidato a la Cámara de Representantes Julio César García
Asimismo, el expediente al que hace referencia la nota advierte que, así como Castaño tenía como ficha clave a Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien se encargaba de articular y transmitir las instrucciones a los demás integrantes de su red criminal, los otros congresistas tendrían sus propios enlaces. En el caso de Ciro Ramírez sería Katherine Rivera, quien fue imputada recientemente, mientras que el enlace del congresista Barreto sería Óscar Humberto Leyton; el del legislador Motoa sería Giancarlo Storino, y para el candidato García su principal conexión sería Jhon Jairo Tejada García.
Por otro lado, la Fiscalía consideró que cada senador tendría un grupo de operaciones para obtener beneficios ilícitos. Además, se relacionan los nombres de otros exfuncionarios que habrían sido claves en el organigrama para viabilizar la contratación irregular, como el subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y excandidato a la Cámara de Representantes, Pierre Eugenio García Jacquier; la funcionaria de esa entidad Tatiana vuelvas Ramos y el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, quien ahora es testigo de la Fiscalía.
Según detalla el expediente descripto por El Tiempo, el supuesto propósito de los políticos sería aumentar su caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con plata de la paz; el de los contratistas, aumentar sus riquezas, y los funcionarios, conseguir réditos en las organizaciones ilegales a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.
