Bloomberg — Un retraso de meses en el trámite de permisos de trabajo está complicando los esfuerzos del gobierno estadounidense para ayudar a ciudades como Nueva York a hacer frente a la afluencia de inmigrantes indocumentados y aliviar la escasez de trabajadores.
En un esfuerzo por aliviar algunas de esas presiones, el gobierno de Biden ha anunciado recientemente que casi 500.000 venezolanos cumplen ahora los requisitos para obtener permisos de trabajo temporales. Pero un atasco cada vez mayor en la agencia encargada de la inmigración, con problemas de liquidez, amenaza ahora esa solución.
Además, la ralentización también podría hacer descarrilar la recuperación del mercado laboral estadounidense. Los trabajadores nacidos en el extranjero, que tienen más probabilidades de ocupar puestos en sectores en los que las empresas han tenido más dificultades para contratar, ayudaron a suavizar el golpe de una escasez de mano de obra sin precedentes durante la recuperación de la pandemia, al tiempo que reducían la presión sobre los salarios.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha citado repetidamente la inmigración como factor clave del aumento general del número de trabajadores disponibles. Tanto la mayor participación en la población activa como el repunte de la inmigración están ayudando a la economía, dijo Powell en una conferencia de prensa el 1 de noviembre. “Parte de por qué el PIB es tan alto se debe a que estamos recibiendo esa oferta”, dijo, refiriéndose al producto interior bruto.
Pero la contribución de la inmigración al mercado de trabajo está disminuyendo rápidamente. Los trabajadores nacidos en el extranjero representaron poco más de una cuarta parte del aumento neto de la población activa del año pasado, frente a más del 95% en los dos años anteriores, según datos no ajustados de la Oficina de Estadísticas Laborales.
La encuesta utilizada por el BLS define como “nacidos en el extranjero” a todos los trabajadores nacidos fuera de EE.UU. de padres extranjeros, independientemente de su estatus de inmigración o nacionalidad. En teoría, los datos tienen en cuenta tanto a los trabajadores legales como a los indocumentados, aunque es posible que las cifras no reflejen en toda su magnitud el reciente aumento de los cruces fronterizos.
Para hacer frente a la creciente crisis migratoria, una iniciativa a la que ha recurrido el gobierno de Biden es el programa de Estatus de Protección Temporal. En virtud del TPS, los inmigrantes de 16 países considerados inseguros por el Departamento de Seguridad Nacional que ya están en Estados Unidos pueden solicitar un permiso que les conceda el derecho a buscar empleo durante un periodo determinado.
Hasta este verano, había cerca de 350.000 solicitudes de TPS pendientes de tramitación. La mayoría eran venezolanos que, en el último recuento, se enfrentan a tiempos de espera de unos 19 meses. En general, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., la agencia que supervisa la inmigración legal, tenía un retraso récord de casi 9 millones de solicitudes pendientes.
Esta situación empeorará con el plan publicado en septiembre por la Casa Blanca para conceder permisos de 18 meses a 472.000 venezolanos más. La ampliación del programa fue una respuesta a ciudades como Nueva York, que se han visto sometidas a la presión de los inmigrantes enviados desde la frontera sur por estados como Texas.
El Mirror Lake Inn Resort & Spa de Lake Placid, Nueva York, es una de las 379 empresas que han aceptado contratar a migrantes mediante un plan anunciado por la gobernadora Kathy Hochul para emparejar unas 18.000 vacantes de empleo en el estado con los solicitantes.
Escasez laboral
Cada año, durante sus temporadas altas de verano e invierno, el centro turístico trae a unos 30 estudiantes internacionales con un visado de cuatro meses. Realizan una serie de trabajos, como limpieza y recepción, por hasta US$20 la hora. Mirror Lake también les proporciona alojamiento in situ.
Cuando se marchan, el complejo se queda sin personal.
“No hay suficientes trabajadores locales para cubrir todos los puestos de todas las empresas que hay por aquí”, dijo Andrew Weibrecht, director de operaciones de Mirror Lake, que quiere contratar a 30 inmigrantes con permiso de trabajo. “Estamos intentando pensar en formas creativas de cubrir esos huecos y volver a tener toda la plantilla”.
Aunque Mirror Lake aún no ha contratado a nadie a través del TPS, sí ha contratado a un solicitante de asilo que ya reside en Lake Placid, dijo un representante de RRHH.
La nueva designación del TPS beneficiaría no sólo a los trabajadores, sino también a los empleadores, dijo Cecilia Menjivar, socióloga que estudia el impacto del TPS en la Universidad de California en Los Ángeles. “Extenderles un permiso de trabajo asegura al gobierno que van a ser formalmente activos, no informalmente, lo que significa que entrarán en las instituciones formales, en el sistema fiscal... todo lo que ello conlleva”.
Aunque el USCIS se financia en gran medida con las tasas de los solicitantes, en los últimos años ha dependido del apoyo financiero del Congreso para superar los atascos, tras evitar casi el colapso en 2020 debido a los recortes de gastos.
“El USCIS sigue aplicando todas las herramientas de personal, políticas y operativas a su disposición para reducir los retrasos y los tiempos de tramitación del TPS”, dijo un portavoz en una declaración enviada por correo electrónico. “Pero el apoyo continuado del Congreso es fundamental para eliminar los retrasos netos actuales”.
Los problemas de financiación ya contribuían a aumentar los tiempos de tramitación antes de la era del Covid-19, pero la reducción de servicios y de personal durante la crisis sanitaria los empeoró exponencialmente.
En el caso concreto del TPS, los retrasos del USCIS aumentaron a principios de 2022, después de que la Casa Blanca ofreciera por primera vez el estatuto de protección a unos 320.000 venezolanos el año anterior.
Eber Corona, de 25 años, vio en cruzar la frontera entre EE.UU. y México la única escapatoria de la represión política del gobierno de Nicolás Maduro. Tras pasar unos días en un centro de detención de inmigrantes de El Paso en octubre de 2021, presentó una solicitud de asilo político, que sigue pendiente de aprobación dos años después.
Permisos por expirar se aglutinan
Corona, que en su día fue estudiante de ingeniería informática, trabaja ahora turnos de 12 horas en unas instalaciones de fabricación de equipos de Stewart & Stevenson LLC en Katy, Texas, gracias a una tarjeta de autorización de empleo que pronto expirará. Sin noticias sobre su solicitud de asilo, el TPS es su única esperanza, dijo.
“Sigo luchando por mi caso”, dijo Corona. “Aunque tengo mi permiso de trabajo, mi número de la Seguridad Social y mi caso de asilo político pendiente, sigo esperando a que me llamen”.
La incertidumbre también ha afectado a Jorge Urdaneta, de 25 años. En 2020, obtuvo un MBA en la Universidad San Ignacio de Miami. Temía sufrir represalias por su activismo político fuera de Venezuela y quería quedarse en Estados Unidos.
Sabiendo que su visado internacional de estudiante estaba a punto de caducar, solicitó el TPS en la primera ventana del programa, en 2021. La aprobación llegó más de un año después. Durante ese tiempo, no se le permitió trabajar legalmente.
Cuando la Casa Blanca amplió el programa en septiembre, anunció también que prorrogaba el TPS para los actuales beneficiarios venezolanos hasta 2025. La decisión permitió a Urdaneta conservar su empleo como representante de ventas de Prince Distributors LLC, un proveedor de productos alimenticios kosher de Miami.
“Para quienes no tienen permiso de trabajo, los retrasos son horribles”, dijo Urdaneta. “Sin eso, no puedes avanzar”.
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