Bloomberg Línea — A pesar de que el debate frente a la muerte asistida y/o la eutanasia se ha abierto en varios países de Latinoamérica, pocos han dado pasos firmes para avanzar en esta materia y encuentran barreras de toda índole, mientras en la otra cara Colombia es considerado pionero e incluso el año pasado despenalizó el suicidio médicamente asistido a través de una sentencia de la Corte Constitucional.
El panorama en Latinoamérica “va más encaminado a la prohibición penal. Muchos países siguen teniendo como conducta punible el homicidio por piedad. Es una debilidad que tenemos en Latinoamérica, contrario a lo que ha pasado con el aborto, dado que muchos países han ido progresando”, dijo a Bloomberg Línea en Colombia la directora de la Maestría en Bioderecho y Bioética en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Diana Rocío Bernal.
La académica considera que este cambio en las regulaciones se dará progresivamente y que en este camino los Gobiernos deben comprender que “la muerte digna implica la garantía de una variedad de derechos”, como el acompañamiento psicológico o religioso, así como la posibilidad de acceder a los cuidados paliativos.
“Es decir, hay unos costos que implica para el sistema. Implica también garantizar el derecho a la información. Recordemos que no todos los profesionales están obligados porque hay muchos que son objetores”, agregó.
El largo camino de la eutanasia en Latinoamérica
En Brasil, la eutanasia no está tipificada y su práctica es equiparada a un crimen, al igual que en México, en donde una iniciativa apunta a crear un marco normativo para avalarla en mayores de edad en casos de enfermedad terminal, condición médica irreversible o estar en agonía.
La “voluntad anticipada”, que les permite a los pacientes decidir si acceden a tratamientos médicos para prolongar su vida, es legal en 14 de los 32 estados mexicanos.
De acuerdo a una encuesta de la asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), un 73 % de los mexicanos consultados apoya la legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en pacientes en fase terminal.
A pesar de los múltiples proyectos que buscan su aprobación, en Argentina tampoco es legal ni la eutanasia ni el suicidio asistido.
Más infografías en StatistaA mediados de octubre, la antropóloga y activista argentina Adriana Stagnaro murió a los 70 años sin haberse materializado su lucha por una muerte digna, tras haberle sido diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el 2021.
En Chile, la eutanasia está prohibida en cualquier caso y el proyecto para legalizarlo completa más de 10 años en proceso en el Congreso.
Hace un año, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la urgencia en la tramitación del proyecto de ley, que hasta el momento no ha prosperado y se encuentra estancado.
El debate se reactivó a principios de este año tras la muerte de la activista Cecilia Heyder, quien defendió el derecho a una “muerte digna” para enfermos terminales y falleció a los 56 años debido a complicaciones de un tipo de cáncer agresivo que padecía.
En Perú, la activista y psicóloga Ana Estrada, que padece una polimiositis progresiva, se convirtió en la primera persona en ese país en recibir la autorización para someterse a una eutanasia, aunque el procedimiento no se ha llevado a cabo ante el incumpliento de los plazos legales, según denuncia ella misma.
Su caso marcó un precedente en ese país, puesto que el denominado “homicidio piadoso” por la ley es castigado hasta con tres años de cárcel.
Por lo anterior, la Corte Superior de Justicia ordenó una excepción para que se pudiese inaplicar ese artículo y poder dar aval al procedimiento de Estrada.
El debate de la eutanasia toma fuerza en Ecuador con el caso de Paola Roldán
En Ecuador, el debate vuelve a cobrar fuerza por el caso de Paola Roldán, de 42 años, quien clama por la legalización de la eutanasia y morir con dignidad luego de que en 2020 le fuera diagnosticada Esclerosis Lateral Amiotrófica.
En entrevista con Bloomberg Línea, Farith Simon, abogado ecuatoriano de Paola Roldán, manifestó que este caso trasciende a nivel local e internacional en varios sentidos: “Creemos que en Latinoamérica los derechos a decidir sobre su propio cuerpo están muy mediados por visiones conservadoras. Esta imposibilidad de que la gente decida cómo morir, en circunstancias extraordinarias como las que está vivienda Paola”.
“Es un debate que va más allá de Paola, por su puesto, ella simboliza esa pelea en Ecuador”, manifestó el abogado, que hace parte del equipo jurídico junto a sus colegas Ramiro Ávila y Pablo Encalada, quienes han tomado como referencia varios de los lineamientos legales que hay en Colombia para ejercer esta defensa, en especial los que se refieren a la libertad personal, a la autonomía y a la integridad.
Los abogados están pidiendo la declaración de inconstitucionalidad condicionada del Artículo 144, que trata sobre el homicidio simple y establece que “la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”, según la Constitución de ese país andino.
“Nosotros lo que le pedimos a la Corte Constitucional es que haga una lectura de ese artículo en función de otros derechos constitucionales, fundamentalmente el derecho a la autonomía personal, a la dignidad, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, para que de forma tal, quien decida acogerse al buen morir, pueda hacerlo cumpliendo unos requisitos legales que planteamos y unos protocolos. Y que quien asista a la persona, el personal médico, no sea expuesto a las consecuencias de este auxilio”, detalló Simon.
La lucha en Ecuador se da puntualmente para que se avale la eutanasia en casos de enfermedades o lesiones graves incurables que producen un profundo sufrimiento psicoemocional.
Hasta el momento, se ha sobrepasado un primer filtro que es la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, que está conformada por tres magistrados que hacen una revisión del contenido de la demanda y determinan si esta cumple requisitos formales.
Ahora, la Sala de Admisión ha pedido al pleno de la Corte que haga un adelanto de cronología por las circunstancias especiales del caso. Si se hace este adelanto, el juez ponente debería pedir una audiencia en la brevedad posible para que Paola pueda hablarle a la Corte.
“Paola ama profundamente la vida, es una persona que tiene un amor infinito a su familia, a su hijo, a su esposo, a sus padres, a sus hermanos, pero sus circunstancias personales dicen que muy pronto va a perder comunicación con el mundo y que muy pronto va a morir de una manera muy dolorosa si la Corte no le concede la oportunidad de practicarse la eutanasia y ella decidir cuándo y en qué circunstancias puede despedirse de su familia, de los suyos”, apuntó su abogado.
De la creación de leyes hasta los cuidados paliativos: los retos para la muerte digna en LatAm
A pesar de ser uno de los países más adelantados en la materia de muerte digna, Colombia aún tiene desafíos por delante para materializar todos estos esfuerzos y unificar todas estas sentencias de la Corte para seguir garantizando este derecho en el futuro.
“En Colombia, hemos logrado avanzar por vía de los casos jurídicos que han llegado a la Corte Constitucional. En el mundo, son bien conocidos sus fallos o la progresividad también de esta Corte”, señaló Bernal.
A pesar los avances, consideró que el marco legal colombiano presenta desafíos, dado que está sustentado principalmente en sentencias de la Corte y no en leyes.
No obstante, matizó que, al ser este el máximo órgano para interpretar derechos, ya crea un estándar que le permitiría al país “no retroceder” en este punto.
En Colombia, la eutanasia se despenalizó en 1997, pero solo hasta el 2015 se creó una ley específica para pacientes con enfermedades terminales.
En 2021, la Corte Constitucional falló a favor de aplicar la eutanasia a personas con enfermedades graves (para pacientes no terminales).
Ya en 2022, el país andino se convirtió en el primero de LatAm en despenalizar el suicidio médicamente asistido para ampliar los derechos de “morir dignamente”.
A diferencia de la eutanasia, en este caso es el mismo paciente y no un tercero quien administra la mezcla letal tras el aval médico.
El camino que ha seguido Colombia en pro de la muerte digna ha reflejado muchas de las luchas que atraviesan en este momento los demás países en la región.
Los principales retos para la regulación de la eutanasia en la región pasan por “entender la evolución del sistema de salud, en donde el paciente debería ser el tomador de decisiones y el mejor conocedor de cuáles son las decisiones más acordes a sus principios, valores y creencias”, dijo a Bloomberg Línea en Colombia la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Mónica Giraldo Castaño.
Giraldo Castaño considera que se debe seguir avanzando en la materia de cuidados paliativos en Latinoamérica, en donde los países enfrentan realidades muy distintas.
Por un lado está el caso de Colombia, que si bien en 2014 promulgó la Ley 1733 de cuidado paliativo, aún no logra una cobertura completa y más del 70% de las regiones aún no tienen una atención integral en ese campo, lo que implica el acceso a opioides, a los especialistas complementarios y al tratamiento del dolor, afirmó la ejecutiva.
En la otra cara, agregó Giraldo Castaño, Argentina es un país pionero en acompañamiento en cuidado paliativo y en formación para profesionales no médicos como los trabajadores sociales, pero al mismo tiempo “se queda atrás en el reconocimiento de voluntades anticipadas”, al igual que otras naciones como Ecuador.
“Hay que superar las barreras religiosas, entender que un derecho no es una obligación y que quienes por principios creemos que la muerte médicamente asistida es una opción para nuestra vida, pues debería ser respetado y garantizado. Pero también debería ser entendida esta como una opción válida y no como un fracaso dentro del sistema de salud, porque muchas veces se vende así”, dijo.
