Bloomberg Línea — En las últimas décadas, el control de territorial de las pandillas ha hecho que las zonas con presencia de estos grupos sean cada vez más estigmatizadas, es decir, los habitantes de esas comunidades son, hasta cierto punto, sujetos de algún grado de involucramiento y colaboración.
Las maras no son un fenómeno nuevo y su manifestación actual tiene diferentes causas, que van desde la desintegración familiar, la deserción escolar, la marginación y la pobreza, planteó la catedrática Norma Molina, quien en una investigación expuso sobre las necesidades de reinserción para esta población vulnerable a una “sociedad marginadora, excluyente y violenta”.
En Chamelecón, un sector de San Pedro Sula (Honduras), históricamente golpeado por la violencia y la pobreza, los prejuicios llevan incluso a la discriminación durante el proceso de contratación, debido a que empleadores tienen expectativas negativas o estereotipadas sobre las personas.
La activista Odalma Henríquez contó que en ocasiones cuando los jóvenes del sector “van a buscar un empleo, por el simple hecho de ser de Chamelecón no les brindan esa oportunidad, y cuando se les contrata, es porque el joven ha mentido sobre su residencia en la hoja de vida”.
Cuando la Secretaría de Seguridad de Honduras aprobó en diciembre de 2022 el estado de excepción para suspender garantías constitucionales, como parte de su guerra contra las pandillas, señaló una serie de barrios y colonias de San Pedro Sula y Tegucigalpa con presencia de maras.
Sobre ello, la organización Warriors Zulu Nation, fundada por artistas para el empoderamiento y transformación social, denunció sobre cómo este accionar profundiza la estigmatización, criminalización y exclusión social y económica. “Las condiciones del estado de excepción representan un escenario propicio para el abuso de poder por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad donde los adolescentes y juventud son las principales víctimas”.
Los históricamente marginados
El estado de excepción de Honduras surgió nueve meses después del mismo régimen que declaró el gobierno salvadoreño, en marzo de 2022. En esa lucha, las autoridades salvadoreñas reportan una baja de la actividad de las pandillas y 208 días con cero homicidios en lo que va de 2023.
Bajo esta medida, prorrogada en 20 ocasiones, más de 72.000 personas han sido detenidas. A la par de críticas por violaciones de derechos humanos, la popularidad del presidente Nayib Bukele, que busca una controvertida reelección, sigue intacta, como mostró un sondeo de Cid Gallup, donde lo ubicó como el mandatario como mayor nivel de aprobación en América Latina (88%).
“En El Salvador, las capturas masivas en el régimen de excepción han sido de gente que por estar en esos sitios fue detenida y señalada de que tenía vínculos con pandillas sin mayores evidencias”, dijo el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, a Bloomberg Línea.
“Cuando revisamos los casos, el perfil de las personas detenidas básicamente tiene que ver con comunidades pobres, en su mayoría hombres de bajos ingresos, de baja educación. Es clara, por el nivel estadístico, esta estigmatización y este sesgo, que no es a partir del régimen, sino que ya venía desde antes pero se ha agravado con el régimen”, explicó Ábrego.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), entre marzo de 2022 y septiembre de 2023 atendieron 5.495 casos de detenciones arbitrarias, el 52,54 % de las víctimas tiene entre 19 y 30 años. Le siguen las personas entre 31 y 59 años con 33,49% y 3,32% tienen entre 13 y 18 años.
Además, el 94,77% de estas personas habrían sufrido detención ilegal arbitraria, mientras que 87,05% “falta del debido proceso” y 28,59 % un allanamiento de morada sin orden judicial.
“Históricamente, los marginados y excluidos de las políticas públicas y económicas gubernamentales han sido y siguen siendo víctimas de la implementación y sometimiento de la represión, los más pobres, los mal vestidos, a los que no gozan del desarrollo económico y social, y mucho menos de los derechos humanos”, dijo el economista salvadoreño José Francisco Guzmán.