El Gobierno de Chile envió al Congreso un paquete de medidas con los que busca aminorar el endeudamiento de las personas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que con este proyecto un número importante de hogares va a poder reducir de “manera significativa” la carga financiera, es decir, “los pagos que corresponde efectuar mes a mes para afrontar sus deudas de carácter financiero”.
En caso de aprobarse esta iniciativa, se establecerá una garantía estatal para que las personas puedan refinanciar sus deudas con instituciones financieras de manera que las condiciones sean más favorables a las de los créditos que sustituyan. Según los funcionarios, de estas formas se generaría así una reducción de la carga financiera mensual.
La comunicación oficial del Gobierno a la prensa detalla que, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a marzo de este año, la carga financiera de las personas llegaba a 31,7% en promedio; y a 38,2% en el caso de las personas con ingresos mensuales inferiores a $500.000. El escenario era aún más crítico si se remitía a las personas sobreendeudadas, quienes registraban una carga financiera promedio de 66,4%; número que subía a 76,7% en el caso de aquellos con menos de $500.000 de ingreso mensual.
“El Gobierno busca ayudar a que las familias de clase media puedan refinanciar su deuda a través de este nuevo programa”, destaca el comunicado del Gobierno.
A continuación, los cuatro aspectos que se destacan de la propuesta que llevó Marcel a los legisladores.
Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento
De aprobarse el proyecto del Gobierno, se crea el Programa de Garantías de Apoyo al Sobreendeudamiento, que busca que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación deuda a ingreso.
De esta forma, se espera que, dada la garantía estatal, las condiciones de pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera sean más favorables a las de los créditos que sustituyan, generando así una reducción de la carga financiera mensual para personas naturales.
El ministro Marcel destacó que este programa va a permitir que “un número importante de hogares” puedan reducir de “manera significativa” la carga financiera, es decir, los pagos que corresponde efectuar mes a mes para afrontar sus deudas de carácter financiero.
Este es un programa al que se podrá postular durante un año, cumpliendo los siguientes requisitos:
- Que el total de la deuda sea 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario; y setenta veces superior si se cuenta el hipotecario.
- Esta medida está dirigida a sectores de la población con ingresos mensuales brutos inferiores a $1′500.000, por lo que la estimación es que 75.957 personas podrían acceder a ella.
- Las personas deben mantener una deuda de consumo y/o comercial. Si alguien mantiene deudas de ambos tipos en distintas instituciones financieras, los requisitos aplicarían como un consolidado y podría refinanciar con cada una.
- La persona podría refinanciar hasta UF 160 de su deuda La mora debe ser inferior a 90 días.
- El Estado garantizará el 50% de la deuda refinanciada por un plazo de cuatro años.
- No podrán acceder a este programa aquellas personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
De acuerdo con antecedentes de la CMF, en el grupo de menor ingreso la deuda mediana asciende a $3 millones; mientras que en aquel con ingresos entre $1 millón y $1,5 millones, la deuda mediana alcanza los $10,5 millones. El costo fiscal de este beneficio se proyecta en torno a los US$23 millones anuales.
Mecanismos para fijar y regular el pago mínimo en tarjetas de crédito
Con esta iniciativa se busca que las personas conozcan cuál es el monto mínimo de pago, cómo está compuesto y a cuánto subiría su deuda si solo paga dicho monto, versus pagar el total facturado del mes. El proyecto otorgaría la facultad a la CMF para que defina una fijación del pago mínimo que genere efectos positivos en las finanzas personales de los consumidores, ya que, al disminuir el tiempo necesario para pagar la deuda, también disminuyen los costos totales del crédito y la posibilidad de morosidad.
Según la información del Gobierno, a marzo de 2023 el 14% de los montos facturados de las tarjetas de crédito en los bancos pagaban menos que el mínimo exigido. En el caso de los emisores de tarjeta no bancarios un 54% de los montos facturados pagaba solo el mínimo o menos, según datos de la CMF.
Aplicación de la Ley de Fraudes
El paquete de medidas que envió el Gobierno de Gabriel Boric al Congreso considera también cambios a la ley de fraudes, buscando reducir conductas negligentes o graves.
Según cifras de la CMF, antes de la entrada en vigencia de la ley de fraudes por cada millón de pesos transado, $93 se reportaban como transacción fraudulenta. Luego de la ley, esa proporción aumentó: por cada millón transado, $587 fueron reportados como fraudulentos. En promedio hay 60 mil eventos de no reconocimiento de transacciones al mes, siendo BancoEstado la institución más afectada tanto en cantidad de usuarios como en montos
Esta iniciativa propone que las instituciones ejerzan acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario que reportó como fraudulenta una transacción. También busca ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días, aumentándolos si la transacción es superior a 35 UF. Asimismo, otorga facultades a la CMF para dictar estándares mínimos que permitan excusarse del reembolso cuando acrediten contar con mecanismos de seguridad y haya elementos para presumir el dolo. En particular, no se permitirá desconocer transacciones realizadas entre cuentas propias ni tampoco si el usuario reconoció haber entregado sus claves.
Fogaes Construcción y Vivienda
El paquete considera también la ampliación de la cobertura del FOGAES Construcción, así como la flexibilización del monto de ventas anuales para que una empresa sea elegible (permitiendo empresas con ventas de menos UF 100.000 y más de UF un millón), particularmente para aquellas empresas constructoras que trabajen en proyectos públicos donde el mandante sea el Ministerio de Vivienda, el MOP o el Ministerio de Salud. También se incorpora un cambio al FOGAES Vivienda, modificando la regulación de compañías de seguro y otras (DFL N°251) incorporando a las mutuarias como posibles sujetos de garantías.
